Martínez solicitó un análisis pormenorizado de la problemática de seguridad interior
Un grupo de senadores han solicitado al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Seguridad Interior, convoque en forma urgente a la conformación del Consejo de Seguridad Interior, con la integración de sus miembros permanentes y no permanentes, entre ellos los representantes del Congreso de la Nación, para abocarse al análisis pormenorizado de la problemática de seguridad interior que vive el país en su conjunto, y la incidencia del mismo en el marco de los denominados "Operativos Centinela" y "Escudo Norte", del que forma parte, en el segundo caso el operativo "Fortín II", que incluye la acción de las fuerzas armadas en materias vinculadas con la seguridad interior.
Entre los legisladores nacionales se encuentra el senador santacruceño Alfredo Martínez, quien esta interesado que el gobierno nacional fundamente la legalidad de las acciones emprendidas en cuanto a las directrices trazadas en la política y normativa que rige la seguridad interior como expresamente diferencia el artículo 4 de la Ley 23.554, al disponer que "para dilucidar las cuestiones atinentes a la defensa nacional, se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior. En ese sentido, remarcan que si la situación de desplazamiento ordenada por las autoridades de Gendarmería y la compensación de las mismas por integrantes de las fuerzas armadas en diversas provincias para atender conflictos de narcotráfico, no conlleva "un retroceso en el proceso de desmilitarizar la seguridad interior consagrado tras grandes esfuerzos por la vigencia del sistema democrático en nuestro país, ya que el nuevo escenario prevé desde la perspectiva institucional y legalmente establecida la no intervención de las mismas excepto en ciertas circunstancias especiales y excepcionalmente que dispone la intervención al efecto del Comité de Crisis".
Para Martínez estas medidas deben ajustarse en todos los casos a lo estrictamente preceptuado en las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, previendo al respecto el control de la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional, así como las disposiciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos.
En el proyecto presentado en el Congreso Nacional, los senadores resaltan que con este tipo de medidas inconsultas, el gobierno desatendió las responsabilidades ordinarias que cumplen las fuerzas de seguridad especializadas y reconocidamente eficaces en el marco de la protección de las extensas fronteras de nuestro territorio nacional, en particular ante la grave situación del narcotráfico que vive el país -conforme informes internacionales y nacionales en la materia- o sobre otros delitos a través de los pasos fronterizos y del combate de la inseguridad en esas zonas del país también afectadas fuertemente por las grandes distancias.
En el caso de Santa Cruz, las municipalidades de El Calafate y Río Turbio han rubricado convenios con la Nación para contar con personal de las fuerzas armadas para patrullar las calles del municipio, sin haber acordado con la Provincia una labor conjunta en materia de seguridad.
Por otro parte, los legisladores han solicitado las citaciones de los ministros de Seguridad y de Defensa de la Nación, como así también de los titulares de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y del Estado Mayor
Conjunto a una reunión conjunta de las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Interior y Narcotráfico para que en uso de sus atribuciones y en particular, de acuerdo a las disposiciones de la ley de Seguridad Interior y de Defensa Nacional, requiera de los mismos toda información que dispongan en los organismos a su respectivo cargo, referida a las recientes anuncios sobre traslados de personal afectados a los operativos "Centinela" y "Escudo Norte" y operativo "Fortín II".