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Procesaron a tres hijos de D’Elía que trabajaban en la Anses

Ingresaron sin cumplir un requisito básico: tener el título secundario. Dos incluso se desempeñaron como gerentes.


Los tres hijos del ex piquetero kirchnerista Luis D'Elía fueron procesados por la Justicia federal por haber aceptado ocupar cargos en la Anses para los que no reunían los requisitos mínimos que prescribe la ley.


El fallo de procesamiento sin prisión preventiva fue decidido por la jueza federal María Servini de Cubría y recayó sobre Facundo Nahuel (de 30 años), Pablo Emanuel (32) y Luis Ignacio D'Elía (23). Los dos primeros ocuparon incluso altos cargos gerenciales en la Anses durante el gobierno de Cristina Kirchner, sin reunir el requisito de contar con el secundario completo.


La jueza además trabó embargo de 12.500 pesos sobre bienes y dinero de los procesados.


El fallo de 80 páginas ordena también el procesamiento de Julio César Casavelos y de Paula Sabrina Torres, quienes deberán responder por el delito de proposición o nombramiento para un cargo público de quienes no cumplían los requisitos legales, "al haber suscripto los contratos de trabajo a plazo fijo de los nombrados D'Elía en sus condiciones de gerente general de Recursos Humanos y gerente de la gerencia de Administración de Personal y Relaciones Laborales” de la Anses respectivamente.


La causa se inició en 2014 a partir de una investigación realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, en la que se detectaron posibles irregularidades en los ingresos de los hijos de D'Elía a la Anses, desde 2008 y en la que se aclaraba que no contaban con título secundario.


Pero el caso se dio a conocer el año pasado en el programa Periodismo para Todos, de Jorge Lanata, que reveló además que  Facundo cobraba 62.745 pesos mensuales en la Oficina Tolhuin, en Tierra del fuego. Por su parte, Pablo trabajaba en una oficina de Anses en Virrey del Pino y cobraba un sueldo de 44.365 pesos. En el mismo lugar se desempeñaba su hermana Aimé  (28 años), quien recibía 49.923 pesos por mes y no está incluida en la causa.


Por último, Luis, de 23 años, está de licencia sin goce de sueldo, también se desempeñaba en Virrey del Pino y cobraba 30.000 pesos.


D'Elía polemizó cuando sus hijos fueron despedidos tras conocerse su situación, ya con el macrismo en el poder. Aseguró que tenían título secundario y que los echaban "por el delito de ser mis hijos”. Servini había archivado la causa pero se reabrió por insistencia del fiscal Germán Moldes.


El piquetero, que fue criticado cuando se conoció que cobra una jubilación de 78 mil pesos, estaba aliado dentro del kirchnerismo al ex vicepresidente Amado Boudou, al ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y al ex líder de Quebracho Fernando Esteche, pero los tres decidieron armar un espacio nuevo sin incluirlo. 


 


Bonadio intervino una nueva firma de los hijos de Cristina


El juez Claudio Bonadio extendió la intervención dispuesta sobre la inmobiliaria Los Sauces SA y la Sucesión Néstor Kirchner al Condominio Máximo y Florencia Kirchner, bajo la sospechade  que allí se están derivando "fondos que ingresaban a la cuenta de la sucesión en concepto de alquileres”.


El magistrado nombró a la misma interventora que maneja la cuenta de la sucesión, Raquel Moyano, quien envió a la Justicia un detalle con los ingresos de la misma entre 2010 y 2016, suma que supera los 64 millones de pesos. 


"Condominio Máximo Kirchner y Florencia Kirchner” fue creado y dado de alta en la AFIP el 1° de enero de este año, 16 días después que el juez Claudio Bonadio ordenó la intervención de la inmobiliaria Los Sauces SA y de la cuenta "Sucesión Néstor Kirchner”. Creada por los hijos de Cristina Kirchner -en medio de la la intervención de la firma, la inhibición de bienes que se les aplicó y los embargos millonarios-, tiene como objeto realizar "servicios inmobiliarios por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados”, según la información oficial.


El juez Bonadio sospecha que la creación del condominio se trata de una "maniobra para burlar la intervención” que desplazó al diputado macional como administrador, señalaron fuentes judiciales. Y a su vez, que sea un vehículo para "cobrar alquileres”. Por ello, el magistrado pidió al Banco Central que informe de cualquier movimiento bancario que realicen los Kirchner.


Según el escrito de la interventora, todos los meses ingresaban a las cuentas embargadas varias sumas iguales o muy similares, "que hacen presumir que se trataba del pago de alquileres, importes que se fueron reduciendo con el correr de los meses desde julio de 2016”, señaló en uno de sus informes. El Grupo Báez emitió 93 cheques a favor de Los Sauces SA.


Gran parte de ellos, que superaron los 7 millones de pesos, fueron a la Sucesión NK. Clarín