Se reconocieron culpables de amenazar a la familia de Massa y fueron condenados
Son diez personas adultas que fueron condenadas a realizar tareas comunitarias, hacer donaciones a una entidad de bien público y a realizar cursos de derechos humanos.
Fueron condenados los 10 imputados que se reconocieron culpables en la causa por múltiples amenazas de muerte formuladas en 2020 contra el ministro de Economía, Sergio Massa, y su esposa, titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, tras difundirse sus números de teléfono en redes sociales.
Por esa razón, el Juzgado Federal N°2 de San Isidro suspendió el proceso a prueba y resolvió que realicen entre 130 y 150 horas de tareas comunitarias, en un fallo emitido en abril pero que recién fue informado este sábado.
También dispuso que los imputados deberán realizar donaciones a la Asociación Civil "Pequeños Pasos", por montos que varían entre $20.000 y $200.000.
La denuncia de Massa y la causa judicial
Se trata de una causa iniciada por la denuncia realizada por el actual ministro de Economía, por entonces presidente de la Cámara de Diputados, a raíz de múltiples amenazas de muerte que recibieron Massa, Galmarini y familia en septiembre de 2020, tanto en redes sociales como por WhatsApp, tras haberse difundido sus respectivos teléfonos.
A partir de la denuncia, se identificaron diez responsables: Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera, Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Marcela Alicia Villabrille y Luis Hernán Molina.
Luego de la investigación y tras considerarse que "se encontraba suficientemente demostrada las autorías y responsabilidades penales" de los acusados, la justicia resolvió imponerles obligaciones por el término de hasta dos años y seis meses.
De ese modo, teniendo en cuenta que según lo manifestado por la fiscalía sobre que "cada frase empleada es distinta y algunas tienen mayor entidad", los imputados deberán abonar entre $20.000 y $200.000 a la Asociación Civil "Pequeños Pasos".
Además, deberán entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes amenazantes, realizar tareas comunitarias y emprender cursos de derechos humanos, además de otras obligaciones formales.