"Si no se extiende el Decreto Presidencial por los alquileres, el 1° de abril se van a empezar a cursar desalojos"

A fin de marzo se vencerá el decreto nacional que suspendía los desalojos y suspendía los precios de los alquileres que se daría a fines de marzo , Radio Nuevo Día Dialogó con Matias Solano de Inquilinos  

“Estamos ante un panorama complicado porque a los problemas que ya arrastraba la gente antes de la pandemia se sumaron las dificultades económicas por la que todos hemos atravesado. La gente se encuentra con que el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat anuncia que no se va a extender el decreto nuevamente, sin haber solucionado ninguna de las cuestiones de fondo que deberían haber hecho ante de levantarlo”, manifestó.

Solano indicó que ahora la gente se encuentra con deudas “y precios carísimos porque hay un descontrol sobre ellos”. “Además hay una especie de venganza por parte de las inmobiliarias y dueños contra quienes han hecho uso del decreto”, añadió.

“Hay una suerte de venganza respecto a los inquilinos que están con precios congelados y contratos prorrogados y ahora si quieren renovar les cobran una barbaridad, con 100% de aumento o más o les dicen que no les van a renovar como si hubiese sido una avivada de los vecinos usar el decreto”, explicó.

Luego contó que “la situación es compleja porque el 1° de abril van a empezar a cursarse los desalojos que estaban suspendidos".

“Las inmobiliarias lo que quieren hacer es desocupar los inmuebles, quedar bien con los propietarios, y alquilar al mejor precio posible que hoy son exorbitantes. No sé hasta cuándo va a durar la intención de alquilar a previos tan caros porque la gente no lo puede pagar. Hoy una casa de dos dormitorios para una familia tipo está pasando los 30 mil pesos, estamos hablando de tener 100 mil pesos para entrar a un alquiler. Esto está apuntado a un sector social muy limitado”, expresó.

Señaló que el problema habitacional es demasiado fuerte en lugares como Río Gallegos por lo que el "acceso al alquiler tiene que estar regulado por el estado".

Además indicó que esto no ocurre solo en la capital de Santa Cruz, sino que también han solicitado ayuda inquilinos de El Calafate o Caleta Olivia donde hay escasez de viviendas accesibles y una reducción en la oferta.

Indicó que los alquileres deberían estar incluidos entre las medidas de la emergencia sanitaria y que “hay que solucionar la deuda que han contraído los inquilinos que en muchos casos no ha sido por voluntad de los inquilinos que han perdido el trabajo o parte de sus ingresos por la pandemia y esto es una problema del Estado también"

Solano dijo además que los contratos son por 3 años y que se han realizado algunos convenios ilegales por meses. Por otra parte, dijo que en cuanto a los posibles desalojos accionarán ante la justicia.

(El Diario Nuevo Día)