El FMI aún no trató la reducción de tasa de interés y Argentina sigue negociando

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no trató hasta hoy el caso argentino en general, y menos la posibilidad de reducir las tasas de interés que se le apliquen al país en un eventual Facilidades Extendidas. Un acuerdo de este tipo aún no tiene fecha de llegada al board del FMI, y se especula que esto recién podría suceder en diciembre o entre la segunda quincena de enero o febrero del 2022. No antes. No dan los tiempos. Mientras tanto, los negociadores presentes en Washington, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, junto con la plana mayor del actual equipo económico más el jefe de Gabinete, Juan Mazur; deben terminar de cerrar antes del próximo domingo los capítulos técnicos más importantes del posible Facilidades Extendidas.

Sorprendió ayer la agencia Bloomberg al anunciar que el FMI había declarado la imposibilidad de recudir las tasas de interés que se le puedan aplicar a un acuerdo con el país; bajándolos de un 4,05% que se le ejecutan a un país incumplidor, a un 1.05%. Sería un ahorro de hasta 9.000 millones de dólares en todo el trayecto del acuerdo, contabilizándolo a 10 años. Lo primero que debe mencionarse sobre la información, es que se trata de una comunicación absolutamente objetiva y sin "operaciones", como intentó describirlo parte del Gobierno.

Lo que en realidad informa Bloomberg, es que en algún momento de las últimas semanas, el board del FMI determinó que una posibilidad de reducción de la tasa de interés per sé, "excede el poder real" del organismo para tomar una decisión de ese tipo; con lo cual su aprobación debería ser un mandato de los países que detentan la mayoría del directorio del Fondo. La posición del staff siempre fue la misma: le excede la posibilidad de aprobar una reducción de este tipo; y una petición semejante debe ser discutida a nivel G-20. Y sólo con el apoyo de los Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea (UE) podría lograrse el aval de reducir las tasas de interés.

Argentina sabe que sólo puede pedir el tratamiento de un tema semejante descontando que sólo podría tener un final feliz con el voto positivo del Gobierno de Joe Biden, más el de Alemania, Gran Bretaña y Canadá; sabiendo que ya cuenta con el apoyo de Francia, España, Italia, Rusia, China y otros bloques más. Aún no están cerradas las negociaciones con Estados Unidos, que detenta el 17% de los votos en el board, sin los cuales no se lograría el 85% necesario para alterar la Carta Orgánica y conseguir que se le aplique la tasa mágica del 1,05%.

Por lo demás, y en líneas generales, del Facilidades Extendidas sólo restan discutir (algo nada fácil por cierto), las metas fiscales, cambiarias y monetarias que el país deberá desandar entre el 2022 y el 2026; año en el que deberá comenzar a cumplirse con los pagos al organismo que seguirá manejando Kristalina Georgieva. De más está decir que su permanencia en el tiempo es una buena noticia para el país. Pese a todo, desde el Ejecutivo se busca que los tiempos se aceleren. Hay 1.800 millones de razones para que eso ocurra. Ese es el dinero en dólares que el país le debe pagar al FMI el 30 de diciembre por el segundo pago del Stand By correspondientes al cronograma 2021 del acuerdo firmado por Mauricio Macri en 2018; y que Guzmán, el presidente del Banco Central y el resto del Gabinete Económico quieren mantener dentro de las reservas líquidas para ejecutar política fiscal y cambiaria en el próximo ejercicio.

Desde el "ala política electoral", más cercana al kirchnerismo puro y duro, aún no hay una decisión tomada sobre la velocidad de anuncio del acuerdo con el FMI; ante las especulaciones (lógicas) sobre la conveniencia electoral de presentar en sociedad un acuerdo con el organismo financiero de semejantes dimensiones económicas para el país. Los defensores de la firma rápida aseguran que una presentación del Facilidades Extendidas antes de noviembre, con una buena estrategia comunicacional, no le haría perder votos al oficialismo; ya que el núcleo duro de sus votantes lo haría cualquiera sea la situación general de la negociación de la deuda externa. Y que un acuerdo final no impactará en la voluntad de acompañamiento de los candidatos oficialistas, aunque se trate de una capítulo duro de aceptar para el paladar kirchnerista.

Otras fuentes del costado más político dudan del efecto neutro del anuncio, y creen que aún hay una línea delgada de aceptación popular ante las elecciones, que podría mostrarse reacia a aceptar el Facilidades Extendidas en los términos en que se negocia. La decisión final la tomarán Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, luego de escuchar las posiciones de Sergio Massa, Martín Guzmán, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y algún que otro autorizado a opinar que sea citado oportunamente.

Sobre los términos del acuerdo, no habrá mayores cambios a lo que se sabe. Será a 10 años, con una tasa preferencial de 1,05% y con una cláusula especial que si existieran en el futuro mejores condiciones de pago que las que impone un clásico Facilidades Extendidas, automáticamente Argentina podría acceder a esos beneficios. Las inspecciones vinculadas al artículo IV serán espaciadas (dos veces por año), no invasivas y discretas. El país comenzará a pagar 4,5 años después de firmado y el Gobierno se compromete a llegar a un equilibrio fiscal antes de comenzar a concretar esas liquidaciones.

La discusión sobre las tasas de interés es clave. Si se le aplicarán al país una tasa de 1,05%, es una reducción sustancial ante el 4,05% que hubieran correspondido. Esto implica una reducción de entre US$9.000 y US$10.000 millones en todo el tiempo del acuerdo en los 10 años de vigencia del Facilidades Extendidas. Será el principal beneficio que se le aplicará al país, y fue negociado, además de Guzmán, por el propio Alberto Fernández ante los principales líderes mundiales con los que se reunió desde febrero de este año. Pero fueron las últimas reuniones directas con enviados del Gobierno de Joe Biden las que destrabaron definitivamente la alternativa. Sin el voto positivo de EE.UU. y su 17% de acciones en el board, hubiera sido imposible cualquier modificación especial del Facilidades Extendidas clásico.

En el haber de los negociadores también se podrá anotar la posibilidad de extender el tiempo sin liquidaciones a los 4,5 años después de haberse aprobado el acuerdo en el board. Si se cerrara antes de diciembre un acuerdo del tipo hoy vigente, debería comenzar a liquidar capital a los 4,5 años de firmado; lo que implica que los primeros pagos serían en el segundo semestre del 2026. Pero además, si Argentina cumpliera con los compromisos firmados de metas y objetivos, ese dinero a liquidar podría ser renegociado con lo que en concreto no habría que realizar desembolsos si la currícula monetaria, financiera y fiscal se lograra.

Donde no hubo posibilidades de discusión, es en el cierre del acuerdo a 10 años. Si bien Guzmán y su equipo lo expuso en algunas de las múltiples reuniones mantenidas con los negociadores del FMI, las respuestas tanto desde el organismo como en los países miembros del board (no sólo EE.UU.), fueron terminantes: no hay posibilidades de más tiempos que una década. Si bien se reconoce tanto en Buenos Aires como en Washington que la alternativa de un cambio del estatuto del FMI para aplicar tiempos mayores fue estudiada y discutida; estos cambios demandarán más tiempo de debate; y serán imposibles de aplicar para la negociación argentina. Lo que sí se podrá incluir, tal como adelantó este diario, es que en el momento de aprobarse esos cambios, en el Facilidades Extendidas firmado por la Argentina se incluya automáticamente la extensión de los pagos.