Lula tuvo que entregar su pasaporte a la policía

El expresidente y ahora precandidato opositor Luiz Inácio Lula da Silva entregó ayer su pasaporte a la Policía Federal, por orden del juez que le impidió salir de Brasil hacia Etiopía a un encuentro con la Unión Africana, por temor a que se exilie en un país sin tratado de extradición con Brasil.

La decisión fue tomada por un magistrado ajeno al caso Lava Jato, pero dos días después de que una cámara de apelaciones de Porto Alegre ratificara la condena por corrupción del exmandatario y líder del opositor Partido de los Trabajadores (PT).

El PT denunció una persecución y calificó como una vergüenza internacional la medida.

Horas después de haber lanzado su precandidatura presidencial, una medida cautelar del polémico juez Ricardo Leite, conocido por sus decisiones de alto impacto mediático, le prohibió a Lula cumplir el viaje que tenía previsto ayer hacia Adis Abeba, con regreso el domingo.

El defensor de Lula, Cristiano Zanin Martins, entregó personalmente el documento de viaje en la Superintendencia de la Policía Federal en el barrio de Lapa de Baixo, en San Pablo.

“Lula está sereno pero indignado como ciudadano, porque tuvo una restricción indebida de sus derechos”, dijo el letrado.

El abogado dijo que el juez federal Leite no tiene competencia para determinar la confiscación del pasaporte de Lula.

Leite determinó que en virtud de su condena a prisión por parte del Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre del miércoles último, Lula puede querer escapar del país para exiliarse en una nación sin convenio de extradición con Brasil.

Lula había recibido autorización del tribunal para viajar ayer a Etiopía y participar hasta mañana de un encuentro sobre lucha contra el hambre patrocinado por la FAO, en el marco de la cumbre de la Unión Africana.

“Era un evento relevante, Lula había estado ahí cinco años atrás”, explicó el abogado.

El juez Leite investiga a Lula en una causa por tráfico de influencia vinculada a la compra de 36 aviones caza para la Fuerza Aérea por parte del Ministerio de Defensa durante la gestión de su sucesora, Dilma Rousseff.

El Partido de los Trabajadores (PT) calificó en un comunicado que existe una “odiosa persecución judicial” contra el expresidente, que ahora debe buscar en los tribunales superiores una medida extraordinaria o un hábeas corpus para evitar que en pocas semanas pueda ser preso.

El juez Leite basó su decisión en el riesgo de que se fugue y pida exilio en algún país que no tenga tratados de extradición con Brasil, como lo es Etiopía, donde se iba a realizar un evento con el Instituto Lula, la FAO y la Unión Africana sobre las políticas brasileñas para erradicar el hambre.

“Entiendo que la propia declaración del acusado, que acusa al Poder Judicial de un golpe en su contra, milita en el sentido de que no se esquivará de un intento de fijar domicilio en otro país. Su permanencia en otro Estado sería un ‘supuesto’ derecho de defensa ante el autoritarismo de los poderes constituidos”, dijo el juez Leite.

Lula es el favorito en las encuestas para las elecciones del 7 de octubre, pero la condena en segunda instancia puede inhabiltiarlo para presentarse al pleito.

El juez atendió en su fallo el pedido de dos fiscales, Anselmo Lopes y Heber Mesquita.

El propio Lula en San Pablo, al lanzarse el jueves como precandidato del PT, había citado el prejuicio del Poder Judicial con África, al afirmar que el tribunal que lo condenó no le había hecho problema para viajar a Adis Abeba.

“Ellos tienen tanto prejuicio que no creen que uno pueda exiliarse en África. Si viajara a París el viaje ya estaría en discusión. Ellos no creen que alguien pueda ir a África”, dijo Lula, en una declaración más contra el sistema de justicia, al que considera politizado para inhabilitarlo electoralmente.

El juez Leite también argumentó sobre “el real e inminente riesgo de detención” de Lula.

El magistrado ya había tenido discusiones extrajudiciales con el expresidente, cuando llegó a decretar la clausura del Instituto Lula en San Pablo, una decisión que fue revertida a las pocas horas por una cámara de apelaciones.

La prensa apuntó que, en su cuenta de Instagram, la abogada Rosángela Wolff, esposa del juez de Lava Jato, Sérgio Moro, aplaudió la decisión del magistrado de Brasilia de impedir la salida de Lula del país.

Apenas conocida la noticia, publicó una frase del escritor francés Jules Renard: “La libertad tiene el límite que la justicia impone”.

La defensa de Lula prepara recursos ante el Superior Tribunal de Justicia (STF), máxima instancia penal, y ante el Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema, para evitar la detención, según las encuestas.

Lula fue condenado en primera y segunda instancia tras ser encontrado culpable de recibir un departamento por parte de la empresa constructora OAS en la playa de Guaruja.

Los propios magistrados indicaron que no hubo posibilidad de conectar este hecho a los desvíos de Petrobras, pero lo pusieron dentro de una serie de donaciones electorales que la OAS le había hecho al Partido de los Trabajadores, supuestamente producto de contratos irregulares en la petrolera.

Desde el gobierno de Michel Temer, el ministro de Justicia, Torquato Jardim, lanzó una revelación polémica justamente cuando desde la oposición le atribuyen un condimento político a las causas contra Lula.

Jardim contó al diario O Estado de Sao Paulo que llamó por teléfono al tribunal de apelaciones que condenó al expresidente para felicitar la “brillante” actuación de los tres camaristas de Porto Alegre.

“Independientemente de estar de acuerdo o no con la decisión, tenemos que reconocer que ellos dominaron completamente el proceso, sabían exactamente de lo que estaban hablando”, dijo Jardim al diario O Estado de Sao Paulo.