El costo de "pacificar": con un saldo de 29 muertos, Bolivia vuelve a juzgar a militares según su código penal

Este jueves Áñez abrogó el decreto que eximía a las FFAA de responsabilidades penales. “Gracias a Dios”, dijo la mandataria, “hemos logrado la pacificación". Ese mismo día la Fiscalía reportó los números de la crisis social: 29 muertos, 33 heridos y 368 casos entre detenidos e investigados.
viernes, 29 de noviembre de 2019 · 21:11

Este jueves la presidente interina de BoliviaJeanine Áñez sorprendió al mundo al abrogar el decreto que eximía a militares de responsabilidades penales durante los operativos para el “restablecimiento del orden interno”. Desde el Palacio de Gobierno, la mandataria explicó que la “determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país hemos logrado la pacificación”.

Casi en simultaneo, durante la tarde del mismo jueves, el fiscal General Juan Lanchipa -quien es acusado por dirigentes de la Unión Demócrata (UD) de responder a los partidarios del ex presidente Evo Morales-, dio a conocer los números de las personas afectadas por la grave crisis política y social que aún aqueja al país. En total, el funcionario habló de 29 muertos, 33 heridos, 87 personas con prisión preventiva, 192 con medidas sustitutivas y 89 investigados que ahora están en libertad.

Lanchipa además informó que de las 29 víctimas fatales, 10 fallecieron como consecuencia de los enfrentamientos ocurridos el 19 de noviembre en Senkata, El Alto, donde un operativo policial militar evacuó un convoy de cisternas y camiones con gas licuado para paliar el desabastecimiento que por entonces sufría la ciudad de La Paz. Otros 8 murieron tras los conflictos de Sacaba, Cochabamba, del 15 de noviembre, cuando cocaleros que se movilizaban en apoyo a Morales fueron interceptados por policías y militares.

A pesar de las sospechas que cargan ciertos políticos bolivianos sobre el trabajo de Lanchipa, lo cierto es que los números de la Fiscalía son inferiores a los comunicados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que esta semana informó que hasta el sábado 23 se registraba al menos una treintena de muertos tras los conflictos desatados a partir del 20 de octubre. Incluso Francisco José Eguiguren Praeli, el relator del organismo internacional para Bolivia – además de Colombia y Venezuela -, se refirió a los hechos sucedidos en Senkata y Sacaba como “masacres” perpetradas por el Estado, negó las versiones oficiales que calificaban los enfrentamientos como “conflictos entre civiles” y sugirió la formación de un “panel internacional” para investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad.

 

El polémico decreto, ahora abrogado por la presidente Áñez, había sido cuestionado por organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la misma CIDH -que calificó su implementación como “grave”-. El punto que más críticas recibió fue el artículo en donde se otorgaba de manera implícita impunidad a todo el personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

En rigor, el artículo 3 del Decreto Supremo 4078 establecía: “El personal de las FF.AA., que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal".

 

Áñez había promulgado la norma apenas dos días después de autoproclamarse presidente y tomar el mando de Bolivia de manera interina, el 12 de noviembre. Con la abrogación de este jueves, se cumplieron dos semanas completas de acciones militares exentas de responsabilidades penales, durante las cuales se produjeron la mayor cantidad de víctimas fatales en los 40 días que lleva el conflicto, si se toma como punto de partida el 20 de octubre.

La mandataria no paso por alto tales hechos y los mencionó durante su conferencia de este jueves. Sobre el decreto en sí, declaró que el mismo se trataba de "un recurso constitucional que los gobiernos tienen a su disposición cuando la seguridad del Estado o de la ciudadanía se siente amenazada por acciones de violencia que ponen en peligro la estabilidad del país y la vida de los ciudadanos". "Nuestro Gobierno tuvo que recurrir a una medida de estas características porque enfrentó acciones violentas que nunca antes habíamos visto en nuestra historia y que nunca más quisiéramos verlas", justificó la presidenta.

 

Sobre la tragedia de Senkata, la más reciente y mortal, Áñez dijo que allí se han "vivido días de terror cuando se puso en riesgo no solamente la planta de combustibles sino la vida de más de 250 mil alteños". La presidente interina además sostuvo que "la tragedia habría alcanzado dimensiones devastadoras" si no se procedía del modo en que se hizo.