La justicia frena el plan de Trump para construir el muro en la frontera

Un juez federal de Estados Unidos emitió una orden que bloquea de forma temporal la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desviar miles de millones de dólares del presupuesto del Pentágono y del Tesoro para la construcción de un muro en la frontera con México, pero el mandatario ya anunció que su administración apelará la medida.

“Otro juez activista designado por (Barack) Obama ha fallado contra nosotros sobre una sección del Muro del Sur que ya está en construcción. Este es un fallo contra la Seguridad Fronteriza y a favor del crimen, las drogas y el tráfico de humanos. Estamos pidiendo una apelación rápida”, adelantó Trump en su cuenta de Twitter.

La referencia fue para el magistrado Haywood Gilliam de los juzgados de Oakland, California, que le dio la razón a una coalición formada por 20 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, una organización ecologista y otra de defensa de los derechos civiles, que habían demandado al gobierno federal.

“La posición de que cuando el Congreso rechaza la solicitud del Ejecutivo de asignar fondos, el Ejecutivo puede sencillamente hallar una fórmula para gastar esos fondos ‘sin el Congreso’ no encaja con los principios fundamentales de la separación de poderes que se remiten al origen de la República”, escribió el juez, según consignó la agencia de noticias EFE.

El Congreso aprobó en febrero una partida de 1.375 millones de dólares para la construcción del muro, una cifra que quedaba muy lejos de los 5.700 que Trump había pedido, lo que llevó al mandatario a declarar una emergencia nacional en la frontera sur con el objetivo de conseguir esos fondos sin necesidad de que fuesen autorizados por el Legislativo, cuya Cámara Baja controlan los demócratas.

Con la emergencia nacional, el gobierno reasignó al muro unos 6.600 millones de dólares previamente aprobados para el Pentágono y el Departamento del Tesoro y que sumados a los 1.375 que el Congreso sí destinó al muro debían servir para la construcción de unos 376 kilómetros de muro y permitir al presidente empezar a cumplir su principal promesa de campaña.

“El control absoluto del Congreso sobre los gastos federales -incluso cuando ese control pueda frustrar los deseos de la rama Ejecutiva en relación a iniciativas que considere importantes- no es un fallo de nuestro sistema constitucional. Al contrario, es una característica esencial del mismo”, apuntó el magistrado.

La decisión, que tiene carácter temporal y de urgencia a la espera de que el juez se tome más tiempo para estudiar el caso antes de emitir una sentencia definitiva, se produjo justo una semana después de que tanto el Ejecutivo como las partes demandantes defendiesen sus posiciones en los juzgados.

“Si parece una asignación de fondos, se mueve como una asignación de fondos y ladra como una asignación de fondos, es que es una asignación de fondos. No hay vuelta de tuerca”, afirmó en esa ocasión el director jurídico de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Douglas Letter.

Letter se encontraba ese día presente en la audiencia para hacer entrega al juez de una carta que la Cámara Baja había firmado en apoyo de los grupos demandantes.

La construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México fue una de las principales promesas de campaña de Trump en las elecciones de 2016.

Miembros de los dos partidos dicen que una serie de leyes contra el aborto en estados gobernados por los republicanos serán un arma para los demócratas en las próximas elecciones, ya que le permitirán presentar al Partido Republicano como extremistas y ganar a los centristas cuyos votos podrían ser decisivos en las contiendas indecisas.

La ley de Alabama que prohíbe el aborto en prácticamente todos los casos, incluso los de violación o incesto, es la más estricta hasta el momento. Esta ley no solo alienta a los demócratas: el presidente Donald Trump y otros dirigentes y legisladores republicanos que aspiran a la reelección han tomado distancia de ella.

Su reacción pone de relieve el hecho de que los republicanos se han excedido en sus apuestas a favor de leyes severas que esperan impulsen a la Corte Suprema, con su mayoría conservadora, a anular Roe v. Wade, el fallo de 1973 que legalizó el aborto. También ilustra el dilema de los republicanos al complacer a su base antiabortista sin malquistarse con la amplia mayoría de los votantes, que se oponen a prohibir totalmente el aborto.

La ley de Alabama es “un factor adverso para los candidatos republicanos (...) en muchas partes indecisas del país porque es extrema”, dijo David Flaherty, un consultor republicano que ha colaborado en elecciones legislativas.