Casi 9 años de cárcel para expresidente del banco del Vaticano por lavado de dinero

Angelo Caloia, expresidente del Instituto para Obras de Religión (IOR), fue condenado hoy a ocho años y once meses de prisión por el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano tras encontrarlo culpable de lavado de dinero y apropiación indebida de fondos.

Angelo Caloia, expresidente del Instituto para Obras de Religión (IOR), generalmente conocido como el "Banco Vaticano", fue condenado hoy a ocho años y once meses de prisión por el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano tras encontrarlo culpable de lavado de dinero y apropiación indebida de fondos.



Caloia, de 81 años, y el abogado ligado a la entidad, Gabriele Liuzzo, de 97 años, deberán además pagar un resarcimiento a la entidad de cerca de 23 millones de euros, según la sentencia que leyó el presidente del Tribunal, Giuseppe Pignatone, y se mantendrá la confiscación de 32 millones de euros de sus cuentas bancarias, según publicó la agencia de noticias Télam.



Ambos fueron juzgados por haber obtenido en forma ilícita alrededor de 50 millones de euros producto de operaciones inmobiliarias realizadas entre 2001 y 2008, a través de la venta de 29 edificios, por los cuales ganaron hasta 70 millones de dólares.



A instancias de la política de transparencia impulsada por el papa Francisco, la investigación contra los exfuncionarios fue abierta en 2018 por el fiscal del Vaticano, Giampiero Milano, quien sostuvo que Caloia, que ejerció como jefe de IOR entre 1989 y 2009, y Liuzzo desviaron más de 50 millones de euros entre 2001 y 2008 en una operación ilícita a través de la venta de parte de los activos de bienes raíces del IOR.



Un tercer imputado, Lamberto Liuzzo, fue condenado a cinco años y dos meses y a pagar una multa de ocho mil euros.



En 2014, el propio IOR había pedido que se investigara a sus exfuncionarios tras presentarse como parte civil ante las sospechas de las operaciones fraudulentas. Como fiscal de parte del Vaticano, Alessandro Diddi, el mismo que está investigando el caso de supuestas malversaciones en la compra de inmuebles en Londres, había pedido 8 años de prisión.


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