Sentencia histórica en Barcelona: la Justicia equipara efectos de AstraZeneca a accidente laboral

Barcelona se convirtió en escenario de una sentencia sin precedentes en la justicia española. El Juzgado de lo Social número 31 dictaminó que los efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, aplicados en el marco laboral de la campaña de inmunización, deben ser considerados como accidente laboral.

El fallo favoreció a Pedro García, profesor de Física y Química de 45 años, quien en 2021 recibió la vacuna como trabajador esencial. Semanas después, sufrió una trombocitopenia trombótica inmune que lo mantuvo hospitalizado más de tres semanas, incluyendo una en terapia intensiva.

La demanda y el reconocimiento judicial

El tribunal entendió que la vacunación no fue una decisión voluntaria sino una obligación derivada de su rol profesional, lo que vincula directamente el daño con la actividad laboral. Por esa razón, resolvió que las secuelas médicas debían encuadrarse como accidente de trabajo y no como enfermedad común, garantizando mayores coberturas sociales y económicas.

El abogado Francesc Feliu, especialista en Derecho Sanitario, representó al docente y celebró la decisión: "Se reconoce un derecho fundamental de los trabajadores esenciales que asumieron riesgos durante la pandemia".

Un precedente para otros casos

La Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna de AstraZeneca (ATEAVA) destacó el fallo como "el primer gesto de justicia" tras años de reclamos. Desde la organización remarcaron: "Es un reconocimiento público al recorrido de cuatro años de silenciamiento".

Actualmente, García continúa bajo seguimiento médico por una obstrucción en la vena que conecta con el hígado. Si bien su estado es estable, los especialistas advierten que podría enfrentar complicaciones futuras.

La sentencia, dictada el pasado 17 de marzo, abre la puerta a que otros trabajadores esenciales que hayan sufrido efectos adversos puedan reclamar el mismo reconocimiento judicial en España, marcando un precedente clave en materia de salud laboral y responsabilidad del Estado.