Elevaron a juicio la causa de UOCRA por la golpiza a docentes y estatales

El Juzgado Provincial Nº 11 y de Instrucción de Menores de Río Turbio a cargo de la Dra. Betina Bustos, resolvió el pasado 7 de noviembre  la elevación a juicio de la causa iniciada a seis integrantes de la UOCRA identificados como parte del grupo de choque que avanzó contra docentes y estatales el pasado  12 de abril de 2011.

La información fue proporcionada por  uno de los abogados del gremio docente de Santa cruz, Dr. Enrique Papa a Voces y Apuntes. Además mencionó que el mes pasado  ATE y ADOSAC habían pedido la elevación a juicio del caso.

PROCESADOS

"La Jueza resolvió que la investigación está cerrada y que hay suficiente argumentos para elevar la causa a juicio", indico Papa. Asimismo recordó que la jueza resolvió  el procesamiento de los implicados en la golpiza, que incluyen a Carlos García, actual secretario general de la UCORA, (quien en ese momento era normalizador) e incluso al actual secretario gremial, Juan Domingo Martínez.

Aunque apelaron este dictamen tanto el Juez de Recurso como la Cámara de Casación confirmaron el procesamiento. "Esto significa que a hora se sorteará un juez en la Cámara penal de Río Gallegos por lo que habrá un Tribunal Oral y un juicio en donde se sentarán en el banquillo de los acusados los seis integrantes de la UOCRA", afirmó el abogado.

La elevación  a juicio fue considerada por el abogado de los gremios como “un logro”  ya que "será la primera vez en la provincia y en el país, en el sentido de enjuiciar a una patota acusada de una golpiza a trabajadores". Advirtió que el caso más parecido es la muerte de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero asesinado hace tres años en un reclamo contra la tercerización laboral.

Finalmente sostuvo "es una patota ligada al poder que va a estar en el banquillo de los acusados. Esta gente va a tener que dar explicaciones", dijo. En este marco, el Dr. Papa brego para que  el llamado a juicio "sea lo antes posible", y sostuvo que primero la causa deberá enviarse a Río Gallegos, notificarse al Fiscal, a los defensores y con un plazo de 15 días para que se aporten las pruebas. (TiempoSur)