Advierten que podrían despedir docentes y quitar personería al gremio ADOSAC

Anoche, el mandatario provincial, Daniel Peralta, en cadena provincial, hizo dos anuncios respecto al sector docente y las medidas de fuerza que hace cincuenta días están afectando el dictado de clases en la provincia de Santa Cruz, el primero, la decisión de instrumentar un aumento del 25 % en dos cuotas: 12 % retroactivo al mes de marzo y el 13 % restante en el mes de julio, y el segundo, la presentación judicial por parte de la Fiscalía de Estado solicitando se declare la ilegalidad de la huelga.
Respecto a este último punto, y sus alcances, hoy fue consultado el jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, quien declaró a prensa de Gobierno explicando que «la diferencia entre la legalidad y la ilegalidad de una medida de fuerza es que una huelga legal le impide al empleador el despido con causa y lo obliga a mantener el puesto de trabajo y las prestaciones sociales que de ello derivan. En el caso de la huelga legal el empleador tiene la facultad de no abonar el sueldo por no ir a trabajar, porque el sueldo se paga por poner la capacidad de trabajo a disposición del empleado como dice la ley».
«El derecho de huelga –continuó- da la posibilidad de abstraer la facultad de trabajo y que no se despida por ello. En este contexto quiero dar un ejemplo, en la época de la Resistencia, después del ’55 y luego, con las idas y vueltas de la historia política de nuestro país, los sindicatos se negaban a que los paguen los llamados «días caídos», porque decían que era entregar una bandera de lucha».
En este marco aclaró que «si hay una sentencia que determine la ilegalidad del paro tiene dos efectos. El primero, le permite al empleador el despido con justa causa del empleado que está en «uso abusivo del derecho a huelga», que es lo que dice la doctrina en el país, y el segundo, que a raíz de esa declaración de ilegal el Ministerio de Trabajo de la Nación pueda suspender o quitar la personería al sindicato que esté haciendo el paro».
Tras subrayar que «esos son los dos efectos fundamentales», indicó que «si se dicta la huelga ilegal corresponderá intimar a trabajar a aquel que en esa fecha no lo haya hecho y el Ministerio de Trabajo de la Nación tendrá que intervenir en el asunto en relación a todas las cosas que han acontecido en la provincia de Santa Cruz que está, absolutamente, fuera de la ley».
A modo de ejemplo de conductas fuera de la norma, el funcionario comentó que «acabo de ver un hecho que la verdad me espanta. En la Escuela Nº 33, ubicada en Los Inmigrantes y Colón de nuestra ciudad, había una señora poniéndole cadenas a las rejas de la escuela, es decir, que me tocó presenciar esta mañana uno de los hechos más reaccionarios que puede observar un ciudadano, una persona que está impidiendo que entren los chicos a la escuela y accedan al conocimiento y que los trabajadores que tienen ganas de trabajar lo hagan».
González calificó a esta situación de «lamentable», en tanto, puntualizó que «es otro hecho deleznable como señaló el gobernador ayer refiriéndose a la agresión contra el presidente del Consejo Provincial de Educación (C.P.E.), Roberto Borselli».
Volviendo al tema de la Escuela Nº 33 señaló que «hay una suerte de choza de madera donde hay personas grandes no chicos que están con cadenas y candados impidiendo que la gente entre al colegio», y en este contexto aseguró que «si nada más que dos segundos esa persona se pondría a pensar que la educación es la llave del progreso de los pueblos, es lo mejor que le podemos dar a las generaciones que vienen, que es la herramienta que tiene un joven para poder crecer en la vida y que iguala las oportunidades, estoy convencido que no haría esto».
González dedujo que «hay una falta total de conciencia, mala fe o ignorancia», y añadió que «digo esto además por todas las tomas de escuela que hay, no se puede bloquear la puerta de un colegio. Gracias a Dios los chicos de la Escuela Nº 1 ayer entendieron  que ninguna provincia se desarrolla sin respetar las leyes y las esenciales normas de convivencia».
Más adelante se preguntó «por qué no están los políticos de la oposición, que fueron la otra vez a pedir que desalojen A.Do.Sa.C. en los colegios que están tomados por los alumnos y le explican también ellos, como hacemos nosotros, que eso está mal, porque la libertad implica que el derecho de huelga se ejerza por el docente pero que el que quiera entrar a trabajar pueda hacerlo».
Por último, en su calidad de abogado, fue consultado sobre el tiempo que podría demorar que la justicia se expida sobre el pedido de la Fiscalía de Estado, y en ese marco aclaró que «los plazos dependen del trámite que le haya dado ayer el Tribunal cuando ingresó el pedido, el Fiscal de Estado lo planteó como una acción declarativa de certeza que tiene un procedimiento más breve o como un proceso sumario que implica otros plazos. En síntesis, hay que respetar las normas del debido proceso y que la justicia se expida».