Costa: "Grasso busca afectar a mi familia y saquear terrenos que son privados”

En solo cuatro días el Concejo Deliberante aprobó-con las abstención de los radicales- el proyecto de ordenanza del edil Pablo Grasso que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación, el inmueble identificado como manzana 253, 254, 254 C, 259 A, perteneciente a la ex empresa Swift. Este inmueble será vendido en subasta pública con base y al contado. El destino del predio, será de uso comercial para la instalación de supermercado, hipermercado, shopping o centro comercial similar. Costa  dijo que evidentemente se trata de una movida política que persigue intereses espurios.

lunes, 1 de abril de 2013 · 00:00

Los argumentos utilizados por el edil capitalino para la ejecución de expropiación, son varios, entre ellos, figura dar respuestas a los vecinos, puesto que los mismos, desde hace años vienen realizando reclamos respecto a la limpieza, desmantelamiento y desratización, situación o requerimiento que nunca se cumplió.

Los propietarios “perjudicados” por esta medida acudirán a la justicia puesto que la expropiación de inmuebles o terrenos no está dentro  de las facultades de la comuna o cuerpo de ediles, y primero debe ser aprobado por la Cámara de Diputados.

Consultado respecto a la posible confiscación de las tierras del ex frigorífico SwifT en Rio Gallegos, Eduardo Costa respondió que se trata de una maniobra oscura impulsada por Pablo Grasso que busca afectarlo.

“Compramos esos terrenos en 2007 para construir un shopping; cuestión que ya anunciamos y presentamos en público. Los vendedores impusieron una restricción que vence en noviembre de este año, para que el desarrollo de nuestro proyecto no afectaran sus intereses comerciales. Tenemos todo listo para comenzar, como ya habíamos anunciado públicamente. Así mismo en otras tierras comprendidas en lo que fuera la Swiff ya hemos realizado loteos, previa inversión en infraestructura, de acuerdo a los requerimientos del municipio conforme a las ordenanzas vigentes. Eso fue aprobado por el mismo Consejo Deliberante y la Municipalidad.”

Consultado respecto a las motivaciones que persigue Grasso, Costa reiteró que está claro que existen intereses que llevaron al concejal Grasso a impulsar la expropiación de tierras privadas.

“Nosotros tenemos terrenos en la zona, son varios los propietarios afectados pero mi familia es uno de ellos. Esto es claramente una maniobra que persigue intereses inexplicables, Grasso no están pensando ni en el desarrollo de la ciudad ni en mejorar la vida de los vecinos cuando impulsa medidas ilegales y confiscatorias, sólo esta buscando afectar a mi familia y saquear terrenos que son privados.”

Sobre la supuesta deuda de impuestos que Grasso mencionó como fundamento para la expropiación, Costa sostuvo que eso es una absoluta mentira: no existe tal deuda porque la misma municipalidad es quien debe realizar la compensación de impuestos ya que, como es de público conocimiento, la familia es la propietaria de las oficinas al Consejo Deliberante, y con quien el estado municipal tiene una deuda de más de 150 mil pesos.

“La Municipalidad tiene una deuda con nosotros, y debía realizar una compensación por los 26 mil pesos de impuestos de nuestras tierras, como se hace cada año, pero aun no lo ha hecho.”

Costa destacó que su familia es una familia santacruceña que siempre ha trabajado por la provincia y ha generado inversiones y trabajo en Santa Cruz: “Tenemos fabricas, hoteles, producción agropecuaria y comercios en toda la provincia, y pensamos seguir adelante porque creemos en la provincia y queremos crecer en ella. Nosotros vivimos acá, toda mi familia vive acá, mis hijos viven acá y vamos a seguir apostando por esta provincia como lo hicieron mis padres, con esfuerzo, trabajando todos los días, porque creemos que se pueden hacer grandes cosas en Santa Cruz. Estas maniobras, y estas cuestiones ilegales no nos van a frenar, ni en lo personal ni en lo político.”

“Obviamente se trata de una maniobra política, pero no en mi contra exclusivamente, sino en contra de las leyes y de toda la sociedad. Lamentablemente Grasso ha querido involucrar a un órgano del Estado, como el Consejo Deliberante, en esta maniobra y esto le da el carácter político. Es inadmisible que se utilice la fuerza y el poder el Estado para afectar de forma indebida y arbitraria los intereses legítimos de las personas. Además el concejal Grasso persigue impedir el desarrollo de este proyecto, tan necesario para la comunidad,  y beneficiar otros intereses económicos sobre los cuales tendrá que dar cuenta. ¿Cuáles de los amigos Grasso no quieren que desarrollemos un shopping en Rio Gallegos? ¿A quien busca beneficiar Grasso con este atropello?”