Mumala realizó el primer Debate Público sobre violencia de Género

En el marco de las actividades por el mes de lucha contra la violencia hacia las mujeres el pasado 9 de noviembre el Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MUMALA) realizó el primer Debate Público sobre violencia de Género. Del aquel intercambio surgieron una serie de elementos necesarios para un correcto diagnóstico de la situación en la materia a mas de tres años de la puesta en vigencia de la ley nacional 26.485, dos años de la Ley provincial 3.201 y a la luz de los lamentables seis femicidios contabilizados en nuestra provincia durante el 2012.

lunes, 1 de abril de 2013 · 00:00

Este 25 de noviembre día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres volvemos a reclamar la declaración de emergencia en materia de violencia de género a la que se sumó el Consejo Superior de la UNPA por resolución, con la intención de interpelar al gobierno a legislar y ejecutar políticas públicas acordes a la compleja realidad social que atravesamos ya que la situación real dista enormemente del espíritu de las legislaciones promovidas a nivel nacional y provincial.

La ley nacional 26.485 para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia hacia las Mujeres en todos los Ámbitos donde se desarrollan sus relaciones interpersonales fue aprobada en 2009, tardó prácticamente un año en reglamentarse y aún hoy esperamos la puesta en marcha del Plan Nacional Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el Observatorio de violencia.

El retraso en la puesta en funcionamiento de estas herramientas no es casual. Mientras crece el número de femicidios en Argentina el Consejo Nacional de la Mujer –ente de aplicación de la Ley 26.485- año a año ve reducida su pauta presupuestaria. En la actualidad sólo el 0,0027% del presupuesto se destina al Consejo Nacional de la Mujer, en el 2011 fue el 0,0029 %. De este presupuesto casi el 90% es para el pago de salarios y escaso resto para el diseño y aplicación de planes, programas y proyectos.

En Santa Cruz no estamos mejor. La ley provincial 3.201 -aún sin órgano ejecutor- de adhesión a la Ley nacional 26.485 estipula la creación del Observatorio Provincial de la Violencia. A esta herramienta de relevancia en papeles, la provincia apenas le asigna la insignificante suma 3 mil pesos mensuales desde su puesta en vigencia el 28 de Abril del 2011. A la fecha no existe este observatorio ni relevamiento sistemático de los casos en la provincia ya que los datos publicados en el sitio oficial http://genero.observatorio.unpa.edu.ar/descarga/estadisticas-comparativas-2011-2012 son muestras informales según los propios dichos de las autoridades de Subsecretaria de la

Mujer. En esta, como en muchas otras áreas sensibles no hay datos confiables y menos acceso público a la información, rasgo característico de la administración estatal vigente en Santa Cruz desde hace más de 23 años.

A los fines de ilustrar la desidia debemos agregar que en nuestra provincia solo dos localidades cuentan con “casas refugio” (Caleta Olivia y Puerto Deseado) como instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia de género. El Concejo Deliberante de Río Gallegos aprobó su creación hace más de un año y aún estamos esperando.

Ninguna localidad cuenta con comisarías de la mujer ni unidades especializadas que brinden los servicios indispensables para proporcionar a las víctimas de violencia de género, atención gratuita en las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica y Río Gallegos ni si quiera tiene un área específica de mujer o género ni articuladora de servicios de asistencia.

Un dato gravísimo: la gran cantidad de situaciones donde los funcionarios públicos –especialmente miembros de la fuerza policial y agentes de la justicia- actúan con negligencia o impericia. En estas situaciones el Estado no solo resulta ineficaz sino que se vuelve un corresponsable de las tragedias que se dan a conocer cotidianamente. Es urgente que se apliquen las sanciones correspondientes a este tipo de faltas además de sistematizar espacios de formación permanente en materia de género a los agentes estatales.

Finalmente, negar el acceso a los abortos no punibles en Santa Cruz es una violencia institucional que denunciamos y por la que responsabilizamos directamente a las autoridades del Ejecutivo provincial. Es insoslayable el pésimo antecedente en materia de Derechos Humanos que dejó el caso de la menor violada en la cuidad de El Calafate en mayo de este año a quien se le obstruyó el acceso a su derecho evidenciando que no existía entonces protocolo de aborto no punible y tampoco existe ahora.

En la argentina muere una mujer por día víctima de violencia de género.

Al menos seis femicidios ocurrieron en Santa Cruz en el último año.

No Hay Excusas. Declaración Inmediata De La Emergencia Nacional, Provincial Y Municipal Por Violencia De Género.

Ni Una Menos!!