Procesaron a empleado de Gobierno por fraude de 2 millones

Se desempeña en la Secretaría General de la Gobernación de Santa Cruz. A esta persona se suman otras cuatro personas que fueron procesados por un fraude de casi 2 millones de pesos mediante el desvío de fondos previsionales a cuentas particulares entre 2004 y 2009.

El procesamiento lo dictó la jueza María Valeria López Lestón, titular del Juzgado de Instrucción Criminal 2, contra Enzo Marzola -que ya estaba detenido- y otros involucrados que facilitaron sus cuentas personales para los depósitos, aunque aún no se determinó si sabían que se trataba de fondos públicos.
En el lapso investigado la justicia detectó 72 desvíos de dinero que el principal imputado debía depositar en el Banco de Santa Cruz para la Caja de Previsión Social (CPS) de la provincia
hacia cuentas particulares, alguna de las cuales serían de familiares de Marzola.
López Lestón procesó a cinco de los seis imputados por los hechos detectados entre junio de 2004 y septiembre de 2009, como "autor penalmente responsable de los delitos de fraude en 72 hechos en concurso real", por un total de 1.922.146,12 pesos, precisó a Télam una fuente del juzgado interviniente.
"Detectamos las irreguladades e hicimos la denuncia ante la justicia, dimos intervención al Tribunal de Cuentas e iniciamos un sumario administrativo al empleado, que está suspendido y con retención de haberes hasta tanto culmine el juicio", dijo a esta agencia el ministro de la Secretaría General, Gustavo Martínez.
El funcionario se refirió a lo que atañe esa cartera porque el caso involucra "controles del Banco, de la CPS que no notó o no denunció el faltante y a particulares", y atribuyó lo ocurrido a "un bache administrativo y error en el procedimiento, ya que las boletas se llenaban a mano".
"Tenemos todas los formularios de depósito emitidos y recibidos por el mismo monto, con el sello del banco", indicó Martínez y explicó que el caso comenzó al detectarse "inconsistencias" en el movimiento de cuentas.
Los hechos investigados, que se dirimirán en un juicio oral, atravesaron la gestión de varios gobernadores, ministros y otros funcionarios.
La denuncia la radicó el director provincial de
Administración, Nicolás Segura, luego de que el Banco y la AFIP notaran un movimiento "inapropiado" en la cuenta del imputado.
Al parecer Marzola le pedía a su hermano, cuñada y conocidos depositar dinero en sus cuentas aduciendo que por alguna razón no podía hacerlo en la propia y esas personas luego lo extraían y se lo entregaban, salvo los últimos desvíos que fueron a su cuenta sueldo y retiró por cajeros, ventanilla y por compras por débito.

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