La UNPA-UARG se manifest贸 en contra de la Ley Antiterrorismo

El Consejo de la Unidad Acad茅mica R铆o Gallegos de la UNPA en una sesi贸n extraordinaria, se manifest贸 a trav茅s de una Declaraci贸n por la derogaci贸n de la Ley 26734 sancionada por el Congreso Nacional m谩s conocida como Ley Antiterrorista.  

lunes, 1 de abril de 2013 · 00:00

La sesi贸n presidida por el Decano Dr Alejandro S煤nico, comenz贸 con la lectura del instrumento legal por el que se convoc贸 a una comisi贸n redactora de un documento con antecedentes y lineamiento para analizar y discutir. El escrito fue le铆do por la consejera docente Lic. Marcela Arpes y finalmente aprobado por unanimidad.
Cabe destacar que este documento ser谩 presentado en la pr贸xima sesi贸n del Consejo Superior de la Universidad que tendr谩 lugar en R铆o Turbio para su tratamiento 鈥渆sperando que la Universidad en su conjunto acompa帽e la iniciativa鈥, explic贸 S煤nico.
Durante la sesi贸n acompa帽aron con su presencia representantes de la Comisi贸n de Derechos Humanos, Secretar铆a de Derechos Humanos-CTA; del Centro de Estudiantes de la UNPA-UARG,  ADIUNPA, Partido Obrero, docentes de la Asignatura Problem谩tica de los Derechos Humanos del Profesorado en Historia, entre otros.  
Declaraci贸n
El documento que acompa帽a el Acuerdo N潞 120/12 del Consejo de Unidad expresa lo siguiente:
鈥淟a Unidad Acad茅mica R铆o Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral a trav茅s de su Consejo de Unidad, quiere expresar su posici贸n respecto a la Ley 26.734, Ley Antiterrorista cuyo texto modifica extractos del C贸digo Penal, y solicitar la derogaci贸n de la misma.
Nuestro C贸digo Penal prev茅 la sanci贸n severa de los delitos tanto comunes como los vinculados al ejercicio y financiamiento del terrorismo. La Ley sancionada y puesta en vigencia en diciembre del 2011, incrementa las penas en el doble del m铆nimo y el m谩ximo cuando delitos previstos en el C贸digo Penal se cometieran para "aterrorizar a la poblaci贸n".
La generalidad e imprecisi贸n de dicha expresi贸n puesta de manifiesto en la norma jur铆dica, habilita un marco arbitrario y discrecional de control y persecuci贸n de sujetos y organizaciones sociales a trav茅s del procesamiento penal y reclusi贸n con prisi贸n, bajo sospechas o suposiciones de estar vinculadas a asociaciones il铆citas. Es decir, tan confusas como arbitrarias resultan las dos razones fundamentales que dan origen a la Ley: 鈥渁terrorizar a la poblaci贸n鈥 y 鈥渁sociaci贸n il铆cita terrorista鈥; ya que su puesta en vigencia arbitra los medios para que el Estado persiga y procese a cualquier organizaci贸n pol铆tica  o social que se manifieste en contra de las acciones de gobierno. Consideramos que la Ley 26.734 se convierte en un instrumento estrat茅gico para el control de la protesta social. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo han tomado casi textualmente las definiciones que, pasando por las Naciones Unidas, Estados Unidos estableci贸 sobre qui茅nes son terroristas, cu谩les son actos terroristas y qu茅 es una organizaci贸n terrorista. Al GAFI (Grupo de Acci贸n Financiera Internacional) organismo que reclam贸 la inmediata sanci贸n de la Ley en nuestro pa铆s, menos que importarle la seguridad y bienestar de la poblaci贸n y la prevenci贸n del delito, lo que le interesa es el control de todo el movimiento financiero a partir de lo que se reconoce como delitos econ贸micos contemplados en el Art铆culo 60. El propio juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni  observ贸 que el GAFI ha extorsionado a los pa铆ses con amenaza de duras sanciones econ贸micas si no se aprobaba la Ley Antiterrorista.  Asimismo advirti贸 que, la Argentina no necesita una ley antiterrorista y que "en alg煤n momento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o los sindicatos". Esa postura es sostenida, tambi茅n, por ejemplo, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La Ley Antiterrorista no s贸lo posibilita accionar contra personas individuales y sociales de nuestro pa铆s, sino que adem谩s, arbitra los medios para que organizaciones externas como el GAFI manejen la informaci贸n respecto del movimiento financiero a trav茅s de la UIF (Unidad de Informaci贸n Financiera) quien es la encargada del an谩lisis, el tratamiento y la transmisi贸n de informaci贸n, seg煤n lo expresa el Art铆culo 60.
Un Estado que se precie de democr谩tico, republicano y defensor de los derechos humanos, no puede permitirse habilitar una norma cuya ejecuci贸n pueda ir en contra de los valores que defiende. No puede permitirse que testigos sin rostro, largos per铆odos de prisi贸n preventiva sin derecho a beneficios y condenas el doble de duras que las de la justicia ordinaria, sean las restricciones que consagra la Ley Antiterrorista, aplicada por ejemplo, en la mayor铆a de las causas mapuches en Chile y en las causas por la explotaci贸n minera a cielo abierto en La Rioja, Catamarca y Tucum谩n. Consideramos que en el presente contexto, en el que r谩pidamente se criminaliza la protesta social, una Ley como la vigente, posibilita acciones represivas contra los propios ciudadanos.
Por lo tanto, como ciudadanos y miembros de una Universidad nacional y p煤blica, los representantes del Claustro Docente, Claustro de Estudiantes, Cuerpo de Administraci贸n y Apoyo, solicitamos la reconsideraci贸n de los argumentos vertidos aqu铆, para que, con el conjunto de voces que se han pronunciado en consonancia con nuestros planteos, adquieran la fuerza necesaria para que la Ley Antiterrorista sea derogada.鈥