Concejales dejaron sin efecto el aumento en el boleto de colectivo

Asimismo, por un proyecto de la concejal María Laura Santamariña, se congeló el valor del boleto estudiantil a los valores previos al último aumento y se aprobó una resolución del concejal Pablo Fadul que solicita se deje sin efecto dicho aumento para el boleto general.

Con la realización de la 7° sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Río Gallegos retomó hoy el período ordinario de sesiones. La presidencia estuvo a cargo de la concejal Santamariña, por encontrarse el Presidente del Cuerpo legislativo, concejal Pablo Grasso, a cargo del Departamento Ejecutivo.

El Cuerpo sesionó con cuatro ediles, en ausencia de los concejales Grasso, Juan Fernández, por encontrarse con carpeta médica, y el concejal José Zavaley, por razones personales.

El transporte público constituyó hoy un aspecto central abordado en el debate legislativo. El concejal Pablo Grasso presentó un proyecto de ordenanza por el cual se autoriza al D.E.M. a realizar el llamado a dos procesos licitatorios tendientes a la concreción del Servicio de Transporte Colectivo de Pasajeros, a fin de asegurar eficiencia y competencia en la prestación del servicio. La ordenanza fue aprobada por unanimidad.

Los llamados a Licitación previstos en la norma deberán hacerse mediante Licitación Pública Nacional para la explotación de las líneas A,B,C y F, debiendo dichos ramales ser adjudicados al menos a dos empresas. En cuanto a las líneas a crearse, el proyecto dispone que participen de igual modo las empresas oferentes garantizando siempre la plena competitividad de éstas, para lo cual el Departamento Ejecutivo Municipal constituirá una comisión de preadjudicación con ese fin. Asimismo, en el artículo 6º, se determina que las empresas adjudicatarias deberán priorizar la contratación del personal que actualmente se encuentra en relación de dependencia y contratado de la empresa Taisur, actual concesionaria del transporte urbano.

El proyecto fue tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad dada la proximidad del vencimiento del actual contrato de concesión y del llamado a licitación para una nueva concesión del servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad de Río Gallegos.

En los fundamentos del proyecto se indica que a nueve años y ocho meses de adjudicada la empresa Taisur para la prestación del servicio, el mismo ha sumado centenares de quejas por parte de los usuarios, “toda vez que no se logra una eficiente y eficaz ejecución de los recorridos, horarios y prestación a los usuarios (…) y sin encontrar mejoras por parte de los concesionarios”.

El proyecto de resolución del concejal Fadul por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal deje sin efecto el incremento en el valor del boleto de colectivo, autorizado a la Empresa Taisur S.R.L. en el mes de julio del corriente año, fue aprobado por unanimidad.

El autor del proyecto enfatizó que “el espíritu final de esta resolución es dejar en claro cuál es la posición del Concejo Deliberante, no de la totalidad de los concejales pero sí de la gran mayoría, 6 de 7. En el anterior aumento, nuestro representante en la Comisión consultiva fue con mandato, participamos todos los concejales y sostuvimos nuestra posición, pero igualmente se accedió desde el Ejecutivo al aumento. El concejal Zavaley tiene que entender que si bien es integrante de esa Comisión, va en representación del Concejo Deliberante, no de sí mismo”. A continuación, el edil solicitó a sus pares de la Comisión de Transporte que pidan la renuncia del concejal Zavaley a dicha Comisión consultiva sobre el transporte en Río Gallegos: “voy a pedir a los integrantes de la Comisión de Transporte que le soliciten al concejal Zavaley que dé un paso al costado y deje de integrar la Comisión porque no tiene objetividad para hacerlo, y lo reemplace cualquiera de los otros dos integrantes para que nos representen y respeten las decisiones que toman los siete concejales en conjunto, siendo consultados previamente”. Por su parte, el concejal Gareca avaló a su par indicando que el concejal Zavaley “tomó una decisión inconsulta. El próximo martes le voy a pedir la renuncia a la comisión consultiva” de transporte.

La concejal Santamariña opinó que “todos conocen la postura del Bloque Justicialista, que evidentemente integramos tres (ediles) y no cuatro, por la decisión que tomó el concejal y que no nos representa. Quiero expresar mi mayor rechazo, añadió, a la superposición de poderes que tenemos. Somos legisladores, representamos a todos los vecinos y velamos por los intereses de todos. Las decisiones (de cada poder) deben ser independientes y no vamos a tolerar una superposición del Departamento Ejecutivo sobre el Legislativo, porque no se condice con el sistema republicano. Veo una intervención directa por parte del Ejecutivo municipal sobre la decisión del Legislativo, representado en este caso por el concejal ausente”.

Siguiendo con el tratamiento de iniciativas vinculadas al transporte público local, fue sancionado un proyecto de ordenanza de la concejal Santamariña, ingresado hoy fuera del orden del día y aprobado por unanimidad. En su artículo primero la ordenanza sancionada establece el congelamiento del precio del boleto estudiantil en la ciudad, retrotrayendo el valor al 1 de abril de 2013. La ordenanza deberá ser reglamentada por el Departamento Ejecutivo.

Posteriormente al tratamiento de estos proyectos, se hizo presente en el recinto la Coordinadora Estudiantil de Río Gallegos que presentó un petitorio donde pide se deje sin efecto el aumento del boleto en general y el estudiantil en particular, además de otras demandas. Los estudiantes se mostraron conformes con el proyecto sancionado y expresaron que demandarán al Municipio la promulgación de la ordenanza.

Convenio colectivo y asignaciones familiares

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales se movilizó al Concejo Deliberante en el día de hoy. Durante la sesión, se concedió la palabra a Pedro Mansilla, Secretario General, y a otros empleados municipales. La petición concreta se refería a dos proyectos que tienen estado parlamentario en el Concejo Deliberante. El primero de ellos, iniciado por el Bloque Justicialista a propuesta del concejal Juan Carlos Figueroa, establecía la adhesión del Municipio de Río Gallegos a la Ley provincial Nº 2986 que regula las convenciones colectivas de trabajo en la administración provincial y permite en su artículo 29° la adhesión de las Municipalidades.

Al respecto, el concejal Pablo Fadul propuso la moción de envío al archivo del mismo, lo cual implica que dicho proyecto no podrá volver a presentarse durante un año. El concejal Figueroa señaló su adhesión a la moción y solicitó el ingreso del expediente para su tratamiento en la sesión y consideró que fue “mal interpretado” ya que no fue su intención perjudicar a los empleados municipales, como lo expresara oportunamente a los representantes gremiales. “Nunca voy a jugar en contra de la gente que es la que me puso aquí, dijo. El Bloque Justicialista está dispuesto a enviar al archivo el proyecto, lamento que un concejal oficialista que hasta ayer estaba, hoy ya no esté”.

El segundo pedido gremial se refería al proyecto del concejal Jorge Gareca que promueve la actualización automática de las asignaciones familiares que cobran los empleados municipales, de acuerdo a los valores que paga ANSES o el Gobierno Provincial, eligiendo siempre aquella escala que pague los montos más altos. El Concejo Deliberante sancionó dicha ordenanza pero el Departamento Ejecutivo la vetó parcialmente proponiendo un texto alternativo con escalas intermedias, que es rechazado por la representación gremial. El autor del proyecto explicó que no era posible rechazar el veto del Ejecutivo e insistir con el proyecto original sancionado por el cuerpo debido a que se necesitan cinco votos y la sesión se realizó con cuatro ediles presentes, es decir, el número mínimo requerido para sesionar. No obstante, Gareca aclaró que todos los ediles presentes estaban de acuerdo en rechazar el veto.

El concejal Figueroa propuso que el expediente, actualmente en comisiones, pase a estudio de la Comisión Paritaria Municipal y que allí se decida qué hacer al respecto, ya que –argumentó- “los concejales no podemos fijar la pauta salarial ni manejamos la Secretaría de Hacienda. Como justicialista me duele que no tengamos la mano (que falta) para rechazar (el veto). No queremos que se dilaten más las cosas porque este Cuerpo está dispuesto a firmar lo que se decida en la Paritaria”. Por unanimidad, el expediente con el veto del Ejecutivo Municipal pasó a la Comisión Paritaria.