CTA continúa pidiendo la excarcelación de los presos políticos de ATE 

El Tribunal Oral de Río Gallegos volvió  a negar la libertad de los cuatro  afiliados de ATE  imputados por la quema del edificio de la función publica. También trascendió que en la tercera semana del mes de Noviembre se llevaría a cabo el juicio por el cual los Compañeros se encuentran presos arbitraria e injustamente desde hace un año.


Por tal razón, hoy se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia un escrito sosteniendo la apelación. En tal sentido, cabe mencionar que el T.S.J. de Santa Cruz, tiene tomada una posición en relación a la judicialización y criminalización de la protesta ya que en oportunidad de resolver la situación de los desocupados acusados de tomar la Planta Termap de Caleta Olivia en el año 2005, dictó un fallo que luego fué tomado como jurisprudencia por otros tribunales del país, para resolver favorablemente casos similares. En el conocido como Caso Perancho, el T.S.J. expresamente recomendó a los jueces “…la no aplicación del Código Penal para resolver los conflictos sociales …” y reafirmó el principio de inocencia de las personas sometidas a procesos penales, advirtiendo que sólo puede restringirse la libertad en el caso de suponer que los acusados puedan fugarse., circunstancia ésta no aplicable al caso ya que, todos los Compañeros tienen residencia, familia y trabajo en ésta ciudad, a la vez que existen otras formas de asegurar su permanencia en la localidad y a disposición de la justicia.


De esta manera el sistema judicial de Santa Cruz, profundiza la política de persecución, procesamiento, enjuiciamiento y condena en contra de los trabajadores Apendino, Vera, Benítez, Arteaga y Reyes.


A estos trabajadores se los ha privado de su libertad por un delito aun no juzgado, se ha prejuzgado sus conductas, se ha dado como cierto que han cometido un delito y se los ha condenado anticipadamente dando por tierra y negando el principio constitucional de inocencia, arrancándoles un año de sus vidas, un año privados de sus familias, de sus hijos, de su trabajo, todo lo cual persigue un único objetivo que es el de criminalizar las protestas, generando temor en los trabajadores para que no reclamen por sus derechos. 


 


 

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