Faltan insumos y hay escuelas sin calefacción, pero el gobierno provincial subsidió a un colegio privado con 8 millones de pesos

 De acuerdo a una nota enviada por el Vocal por las Escuelas Públicas, Profesor Pedro Muñoz a la titular de l CPE,  Silvia  Sánchez, se advierte que el gobierno provincial  no cumplimentó la infraestructura escolar  en El Calafate, como la construcción del Edificio del Secundario 46 y las aulas nuevas sin calefacción donde conviven tres instituciones (Escuela Primaria, el Colegio Industrial y la E.P.J.A.). 

Pero contradictoriamente, marca que de acuerdo a una resolución, se  subvencionó con más 8 millones de pesos -al  100 %- al Colegio Privado UPSALA,  el cual cobra una matrícula a sus alumnos de 2.600 pesos mensuales. Es decir, se marca la prioridad del gobierno – que no es la escuela pública-   en un contexto en el cual por ese mismo monto se podrían construir otra escuela, más precisamente el Colegio 46 el cual su obra está en “veremos”.

LA NOTA 

En razón de la realidad Educativa que se vive en la Localidad de El Calafate, en referencia a la falta de Infraestructura escolar dada la tardía construcción de edificios escolares para albergar la matrícula existente, cuando no la falta de respuesta a los compromisos asumidos por el gobierno provincial, me dirijo a Ud. a los efectos de realizar una serie de consideraciones referidas a la distribución del Presupuesto Educativo y fundamentalmente a las prioridades que establece este gobierno con respecto al Sistema Educativo. 

Mientras que por un lado la Construcción del Edificio del Secundario 46 de la localidad todavía está en veremos, puesto que sólo tiene realizada la platea, y las aulas nuevas donde conviven una Escuela Primaria, el Colegio Industrial y la E.P.J.A. todavía no tienen la calefacción, mientras faltan los  insumos mínimos por la supuesta  falta de presupuesto   y los fondos fijos cubren apenas algunos gastos, y muchos papás no saben dónde van a asistir sus hijos por falta de aulas , el gobierno provincial decide mediante Resolución 022/14, subvencionar al 100 % al Colegio Privado UPSALA, en un monto de  $ 8.330.263,08 anuales, cifra que por cierto alcanzaría a cubrir el costo de construcción de un edificio escolar nuevo, teniendo en cuenta que se licitó el Colegio 46 por un total aproximado de 9 millones de pesos. 

Se argumenta en la resolución que esta subvención se otorga por aplicación del artículo 65 y concordantes de la Ley de Educación Nacional. Quiero citar el Artículo de referencia para ubicar el contexto en que se otorga la misma: “La asignación de aportes financieros por parte del Estado destinados a los salarios docentes de los establecimientos de gestión privada reconocidos y autorizados por las autoridades jurisdiccionales competentes, estará basada en criterios objetivos de justicia social, teniendo en cuenta la función social que cumple en su zona de influencia, el tipo de establecimiento, el proyecto educativo o propuesta experimental y el arancel que se establezca.” 

Es sabido que el arancel que cobra la escuela determina el porcentaje de aporte estatal, por ello existen escuelas subvencionadas y otras solamente subsidiadas, categoría en la que entra el colegio Uspalla puesto que el cobro de matrícula y cuota por alumno ronda los 2600 pesos mensuales.

Es indudable que el tema de la subvención o de subsidios  es permanente no sólo por los fondos que se destinan sino por la falta de control e intervención que debería realizar el estado, pero aún haciendo el análisis desde la normativa que está en vigencia, este caso en particular es paradigmático porque muestra a las claras el criterio discrecional, político y particular con que se manejan las subvenciones, en detrimento del desarrollo de  la escuela pública.

Si efectivamente hay una enorme crisis presupuestaria ¿Por qué se destinan tamaña cantidad fondos sin justificativo social alguno  a una escuela que cobra 2600 pesos de cuota? Se dice en los corrillos que sería porque esta institución prestaría sus instalaciones para que se derive matricula de escuelas estatales ante la falta de aulas. ¿No sería más fácil haber realizado las obras y construir las escuelas necesarias con esos mismos fondos?

En definitiva Sra. Presidente, y haciendo eje en la normativa, sin que ello implique compartirla, no se puede como estado garantizar, priorizar y  privilegiar un negocio por sobre cubrir las necesidades del sistema educativo, con más razón en la localidad de El Calafate, donde las falencias son absolutamente notorias.