CTA-A Santa Cruz convocó a un paro provincial este 7 de julio por “crisis en la educación, salud y justicia”

Mediante un comunicado, la CTA-A de Santa Cruz convocó aun
paro y movilización para el 7 de julio. En cuanto a los pedios estos se centran
en : urgente solución al conflicto de los compañeros municipales,  fin de la crisis de salud,  una educación Pública de calidad,  una Justicia que investigue y condene a la
Jueza Bustos de Rio Turbio y todos aquellos perpetradores de violencia
laboral,  incorporación a Vialidad Provincial
de los compañeros y compañeras que hace casi un año acampan afuera de Casa de
Gobierno, y recuperación de la Caja de Servicios Sociales.

  "Las políticas públicas y la precariedad
laboral que el mismo Estado como patrón genera y reproduce, generaron las
condiciones concretas de emergencia de la crisis que se acelera día a día. Los
trabajadores como parte inherente del pueblo santacruceño no estamos ajenos a
esa cruda realidad, de hecho podemos afirmar que somos los más perjudicados por
las políticas de ajuste salvaje que condenan a miles de familias a una vida de
subsistencia. Mientras otra porción importante de la población como la juventud
y la tercera edad está destinada a emigrar a otras provincias y en el mejor de los
casos, cobrar un subsidio;  o instalar
una carpa reclamando trabajo y casi sin ninguna posibilidad de construir un
proyecto de vida, en tanto que la suerte de nuestros ancianos no es mucho mejor”,
señaló el comunicado.

En el caso de la salud, señaló que "los hospitales públicos
administrados por ministros amigos que no tienen empacho en continuar con la
política de pauperización del gobierno provincial tiene su reverso en el
montaje de una suerte de "estado paralelo” alrededor de trailers, camiones y
supuestos centros articuladores creados por el gobierno nacional que consumen
más de lo que supuestamente debieran brindar”.

En cuanto a la  educación advirtió que "las cosas no cambian”. "El ajuste salarial obliga a sus
trabajadores a una lucha constante por obtener ingresos justos y acordes a los
costos de vida; escuelas sin gas, sin agua, con roedores son una clara
demostración que la inversión que tanto pregona el gobierno no va precisamente
a atender la educación pública; otro tanto ocurre con los trabajadores de la
administración pública, quienes están cansados de ser reconocidos como el
sector más postergado, y cuya precariedad laboral los convierte en un número”,
apuntó la central sindical.

En tanto, denunciaron "que tanto el FPV y el PJ son
responsables de la crisis en las instituciones. Y es producto de años de
enriquecimiento ilícito de los presupuestos provinciales por parte de este
sector”,

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