Vocales pidieron al CPE que “desista” de pedir información a directivos sobre medias de fuerza de ATE

Norma a Moralejo,   Vocal Escuelas Privadas  y Pedro Muñoz, Vocal Escuelas Públicas le advirtieron mediante nota a Roberto Borselli,
titular del CPE, y también  a Celina
Mnasilla, Vice del CPE, su repudio al desalojo por parte de la policía a  los trabajadores de limpieza que ocupaban escuelas.

LA NOTA :

  Ante las decisiones
políticas adoptadas y que no hacen más que profundizar la situación de
conflicto con personal dependiente de este organismo que llevan adelante
medidas de fuerza resueltas por el gremio ATE, nos dirigimos a Uds. a los fines
de insistir en que se desista de intimar a los equipos directivos, como si fueran
ellos en  quienes debe recaer la
responsabilidad de llevar adelante acciones que son ajenas a las vías
jerárquicas del sistema educativo.

La repercusión de esta nefasta política ha llegado al
extremo de generar la intervención de las fuerzas especiales en la escuela N 73
de El Calafate y en horario escolar los niños han sido testigos de la
militarización de la institución, con agentes armados transitando a la vista de
todos. Repudiable hecho, con posibilidad de consecuencias que tengamos que
lamentar.

Si estas situaciones son el reflejo de la paz que pretende
la Sra. Gobernadora, creemos que tendría que investigar sobre el significado de
las palabras que utiliza en sus mensajes a la comunidad.

Surge claramente que la intención es socavar el paro de ATE
y nuevamente pretenden involucrar a los equipos directivos en este camino de
confrontación y nos preguntamos: ¿Cuándo será el día en que el poder político y
sus funcionarios se hagan cargo de la responsabilidad que asumen cuando toman
estas decisiones y dejan de trasladarle el problema a las instituciones escolares?
Porque finalmente, Sr. Presidente, Sra. Vicepresidente, los docentes de carrera
siguen su tarea y son pasibles de sanciones, mientras que los funcionarios
políticos  por más irregularidades que
cometan, por no utilizar un término soez, cesan o renuncian a sus cargos sin
que rindan cuentas  absolutamente de
nada.

En virtud de la determinación política manifiesta, que solo
persigue el ajuste y la represión contra trabajadores que reclaman por una
mejor calidad de vida, manifestamos nuestro absoluto rechazo a lo decidido por
el Poder Ejecutivo y será éste el responsable de lo que pudiera acontecer.

Si no revierten esta osadía pues que sean los cargos
políticos los que asuman las exigencias improcedentes y no pongan en el medio a
los Directivos y Supervisores, que bastante van a tener que lidiar y
armonizar  luego que el conflicto se solucione,
ello en razón de las erradas medidas que tomó este gobierno, que no ha hecho
otra cosa que destruir internamente las interrelaciones entre los distintos
integrantes de las comunidades educativas. Que se hagan cargo de las medidas
políticas los Directores de Nivel y Modalidad. A saber: M.Cristina Miranda,
Marcela Guerrini, Mónica Biott, Reyna Salomón,Fabiana Alfonso, Rodrigo Gojan;
los vocales representantes del Ejecutivo Ismael Enrique, Horacio Pérez Osuna;
los Secretarios de Coordinación Administrativa y Pedagógica Mónica Ochoa y Damián
Zagdansky ;los Directores Regionales y deslinden de una carga que no es de
incumbencia, en este contexto, de los directivos de las instituciones
escolares.

Cabe acotar que la Resolución 1572/16,  ratificando el comunicado de fecha 23 de
junio ppdo., no se ajusta a ninguna legislación vigente, toda vez que el
presidente de este organismo adolece de facultades para emitir una norma de
estas características y  pretende
legalizar bajo un instrumento, una medida que colisiona con la legislación
laboral, y atenta contra los alcances y resguardos  que determinan la responsabilidad civil y
penal dentro de las instituciones escolares, entre ellas las referidas a riesgo
de trabajo al autorizar el ingreso de personas que no se encuentran
convencionadas  y que no tienen ningún
tipo de contrato laboral para desempeñar esa tarea, ello en cuanto a la
cobertura de seguros. La medida es ilegal y es extremadamente riesgosa, ya que
ni siquiera el ISPRO está en condiciones de garantizar ninguna cobertura ni
para los padres ni para los directivos en cuanto a su responsabilidad civil, en
razón que esta decisión política excede el marco regulatorio del seguro ,
porque no existe ningún tipo de póliza o cobertura  con un persona común que pretende desarrolla
una actividad laboral, tal sería el caso de los padres, cuya única vinculación
con el Estado  es solamente que su hijo
va a la escuela.

Por todo lo expuesto, volvemos a reiterar nuestro pedido que
el Consejo desista de la aplicación de este instrumento ilegal y deslindamos a
los cuerpos directivos y Supervisores de la provincia, de toda responsabilidad
civil y penal, ante cualquier circunstancia que pudiera ocurrir, de persistir
el C.P.E. con este tipo de acciones políticas.