Legislatura Provincial

El Diputado Lozano presento el Proyecto de Ley “Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Mujer Embarazada"

En la sesión ordinaria de este jueves 15 de junio que se llevó a cabo en la Legislatura Provincial, el Diputado Alberto Lozano efectuó la presentación de distintas iniciativas entre las cuales se destaca el sistema de proteccion integral de las mujeres embarazadas.
viernes, 16 de junio de 2017 · 14:32

Mediante la presente iniciativa se propone implementar en toda la provincia de Santa cruz, un Sistema de Asistencia Integral a la Mujer Embarazada, con la finalidad de garantizar la protección integral de los derechos de las mujeres embarazadas así como el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos que se les reconocen en el ordenamiento jurídico nacional y de conformidad con lo establecido en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución de la Republica Argentina.

"Considerando que es esencial que el Estado Provincial intervenga activamente y garantice los derechos de toda mujer que se encuentre atravesando alguna etapa de embarazo, es que presentamos esta iniciativa con la intención de ofrecer y mejorar la accesibilidad a la atención profesional, fundamentalmente a aquellas mujeres que se encuentres bajo algún tipo o nivel de vulnerabilidad, tanto social como económica, afectiva u otra”, manifestó el Diputado Lozano.-

Agrego que "la mujer embarazada tiene derecho a recibir asistencia médica, tratamiento y el cuidado especial que requiera su situación particular. Cuando se presentaren situaciones de embarazos de riesgo o que requieran atención médica o tecnológica especiales, el Estado Provincial deberá brindar todos los medios que posibiliten proteger el derecho a la vida tanto del niño por nacer como de la madre, haciéndose cargo de todos los costos que ello demande”.

El proyecto propone la creación del Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Mujer Embarazada y de los Niños por Nacer, el cual deberá ser implementado mediante la correspondiente reglamentación emanada por la autoridad de aplicación. Este sistema estará conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas de gestión estatal o privadas, en el ámbito provincial destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de la mujer embarazada y de las niñas y niños por nacer, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce y resguardo de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, así como por otros tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Congreso de la Nación Argentina y que forman parte del ordenamiento jurídico nacional.

Seguidamente propone que en cada Hospital Público Provincial se disponga de un Centro de Asistencia a la Mujer Embarazada, cuya finalidad será la de brindar asesoramiento, contención y apoyo a toda mujer que se encuentre cursando cualquier etapa del embarazo, como así también captar tempranamente a aquellas mujeres que presenten algún tipo de inquietud o dudas de encontrarse atravesando un embarazo, estando orientado, principalmente hacia mujeres que estén en situaciones de vulnerabilidad tanto psicofísica, como social o económica u otra. Estos Centros estarán conformados por profesionales médicos, en las especialidades de ginecología y obstetricia, neonatología y psiquiatría; por psicólogos y por trabajadores sociales dependientes del Estado Provincial.

 

 

 

 

El legislador agregó: "En numerosas situaciones se registran casos de mujeres que concurren a los centros de atención a realizarse un primer control ginecológico, con un estado gestacional más avanzado que el recomendable lo que puede llevar a poner en riesgo tanto a la salud de la madre como la del bebé. Esas circunstancias pueden tener motivos muy variados; en muchos casos tienen que ver con situaciones de conflictividad familiar, en otros por existir una modalidad deficiente para la gestión de los turnos para control, también pueden encontrarse situaciones desconocimiento general de cómo actuar ante la situación que se atraviesa”.

Entre los fundamentos de esta iniciativa se destacada que toda mujer embarazada tiene el derecho de recibir asistencia temprana por parte de un médico especialista. Esta situación permite por un lado monitorear y observar la evolución fetal durante el transcurso del embarazo, pero por otro lado brinda la posibilidad de realizar diferentes recomendaciones a la madre en lo referente por ejemplo a aspectos como su comportamiento alimenticio, necesidad de suplementación, contraindicaciones, precauciones, pautas de alarma así como todo aquello que el profesional considere adecuado informar. También mediante esta práctica, pueden alertarse y detectarse situaciones adversas de diferente índole que se pudieran estar atravesando y por lo tanto poniendo en riesgo la integridad tanto de la madre como del niño por nacer.

Seguidamente Lozano indico que "la presente norma si bien será de aplicación para la población general de mujeres embarazadas de Santa Cruz, apunta fundamentalmente a aquellos casos en los que se presenta algún tipo de situación de vulnerabilidad ya sea del tipo social, económica, educativa, u otra, y que ésta representen un obstáculo que impida de alguna forma asistir a los controles rutinarios los que están establecidos en los protocolos existentes para tal fin. Mediante el control prenatal, el especialista podrá vigilar la evolución del embarazo y preparar a la madre para el parto y la posterior crianza.

 

 

Otros proyectos presentados

"REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO”

El presente proyecto busca prohibir la personalización de los actos de gobierno, para evitar que quien cumpla una función pública identifique su persona, partido político o alianza electoral con la gestión a su cargo.

 

Se establece que todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los funcionarios y empleados del Estado Provincial, se encuentran obligadas a cumplir con la presente ley.

 

Además, ningún funcionario público podrá utilizar su nombre, imagen y audios; y/o símbolos y colores de partido político o alianza electoral u otra forma de identificación en los actos, programas, obras, servicios y campañas en medios impresos, audiovisuales y/o digitales de los organismos públicos a su cargo, así como la exhibición en los bienes muebles o inmuebles que sean propiedad del Estado Provincial.

 

 

 

 

Sobre esta iniciativa el legislador provincial indico que "cada día es más común ver y oír avisos en medios masivos de comunicación, páginas web o carteles en las calles, en los cuales se publicitan obras o gestiones realizadas con fondos públicos (caminos, rutas, puentes, pavimentos, etc.) y/o identificación de muebles o inmuebles del Estado en las cuales se utiliza el color, los logotipos y la tipografía del partido político o alianza electoral que gobierna una determinada división política del país, sea la nación, una provincia, o un municipio. En algunas oportunidades, incluso, se agrega una leyenda con el nombre y/o imagen del funcionario que ejerce la administración de esa unidad territorial, por ejemplo: "presidencia NN”, o "gobernación XX”, o "intendencia JJ”.

 

Agregó, "esa forma de publicidad carece de todo sentido ético por cuanto confunde, y busca confundir, al Estado con el partido de gobierno o con el gobernante. Además, con ello se utilizan los fondos públicos para costear la campaña política o electoral de un funcionario en ejercicio”.

Es necesario distinguir claramente la publicidad de los actos de gobierno (que es una obligación del Estado), de la propaganda política (que es propia de los partidos políticos).

 

Además, se establece que cualquier persona, física o jurídica, podrá denunciar la violación a lo establecido en la presente ley a través de una presentación escrita ante organismos como la Oficina Anticorrupción, Centros de Acceso a la Justicia o el Vocal por la minoría ante el Tribunal de Cuentas. La denuncia deberá identificar la infracción y contener imágenes, videos y/u otra documentación que respalde o acredite los hechos denunciados. Una vez admitida la denuncia el organismo deberá solicitar ante el juez competente la suspensión inmediata de la publicidad o exhibición en infracción. El juez competente podrá actuar de oficio.

Los funcionarios públicos que incumplan con la presente ley serán sancionados con tareas comunitarias no remunerativas, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberles de acuerdo a lo previsto en las normas penales, civiles y administrativas vigentes.

La sanción con tareas comunitarias no remunerativas tendrá una duración de entre 10 (diez) a 90 (noventa) jornadas diarias y obliga al condenado a prestar trabajo físico e intelectual. La duración diaria de estas no excederá de 5 (cinco) horas y se desarrollarán en los lugares, días y horarios que determine el juez competente.

El Tribunal Electoral Permanente llevará un registro de las sanciones aplicadas por las decisiones judiciales que será de acceso público. Los jueces intervinientes comunicarán las decisiones adoptadas y podrán requerir antecedentes de funcionarios en el mismo. En caso que el funcionario público hubiera incurrido en incumplimiento a los dispuesto, el juez aplicará una multa personal, que se graduará entre 1 (uno) a 3 (tres) sueldos brutos de la última liquidación del funcionario, de acuerdo a la gravedad y a la reiteración.

 

En este sentido, Lozano manifestó que "con esta iniciativa se tiende a limitar la posibilidad de que ello continúe ocurriendo y está en línea con la filosofía que inspiró la sanción de las leyes de reforma electoral, de modificaciones al régimen de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas y de creación de las PASO (Ley Nº 26.571), en la cual también se limitó la publicidad preelectoral.

 

"Los funcionarios públicos se encuentran obligados a cumplir con esta norma; el mecanismo de denuncia; la sanción por incumplimiento y la multa por reincidencia a aplicar; la creación de un registro de sanciones; la competencia jurisdiccional; y la publicación de la condena” concluyó el legislador.3. Proyecto de Resolución Nº 245: Mediante la presente iniciativa se SOLICITA al Consejo Provincial de Educación que de cumplimiento en forma URGENTE el Acta Acuerdo firmada el pasado 26 de octubre de 2016, garantizando así la continuidad de actividades para los docentes y alumnos en el Conservatorio Provincial "Rvdo. Padre Eugenio Rosso”, institución emblemática en Santa Cruz en la formación musical.

 

Sobre esta iniciativa, el diputado provincial explicó que "El 25 de octubre de 2016 a través del Proyecto de Resolución Nº 589 desde este Bloque se planteo una solicitud al Consejo Provincial de Educación a fin que resuelva en forma urgente, la problemática planteada con el Conservatorio Provincial de Música "Rvdo. Padre Eugenio Rosso”. Dicha iniciativa, girada a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, permanece allí desde el mes de noviembre sin mayores novedades. Los argumentos del Proyecto exponían la situación que estaba atravesando dicho establecimiento ante la incertidumbre de la continuidad de sus actividades por serias falencias edilicias, a lo cual se sumó la falta de designación de un responsable al frente de la rectoría del mismo”.

 

Paralelamente, la intención desde el Consejo de Educación de implementar el diseño curricular medio en carácter vocacional convirtiendo al Conservatorio en un taller general, sin planificación ni articulación entre materias con fundamento didáctico – pedagógico en el aprendizaje, con la grave consecuencia que los egresados no tendrán aceptación en ningún lugar del país, luego de cursar.

Seguidamente indicó, "en su oportunidad, las autoridades asumieron bajo Acta Acuerdo el compromiso de convocar a una reunión con docentes de nivel superior para llevar a cabo en forma urgente, las revisiones del Profesorado de Música con orientación en Piano y Guitarra, para su adecuación a la normativa vigente a nivel nacional. Sobre esto no se ha avanzado, como así tampoco en la creación de horas cátedras del nuevo Plan de Formación Básica con el que se dictarán las clases de todos los instrumentos de orquesta”.

"Este incumplimiento impide la apertura de ambos Profesorados y posterior inscripción de alumnos, procesos estipulados anualmente en el mes de noviembre, y a la altura del año en que nos encontramos los plazos se acortan sin haberse resuelto absolutamente nada. En este marco de crisis prolongada, el personal docente se reunió con el Obispo Monseñor Miguel D`Annibale a fin de solicitarle su intercesión para un encuentro con la nueva Presidenta del Consejo Provincial de Educación y lograr de una vez, la resolución de dificultades”.

Finalizando, manifestó: "es evidente que las razones y circunstancias que motivaron este Proyecto se han profundizado en estos meses de 2017 y más grave aún, el establecimiento permaneció cerrado sin dictado de clases por la falta de garantías de las condiciones de higiene, lo cual se agrega a las falencias edilicias preexistentes. En este marco de grave crisis sin precedentes para esta institución -la única en su carácter en Santa Cruz- y ante la pasividad, desinterés e inacción de las autoridades provinciales, nos encontramos ante el serio peligro de la desaparición del Conservatorio de Música "Rvdo. Padre Eugenio Rosso”.

 

 

 

 

4. Proyecto de Declaración Nº 247: A través de esta iniciativa se SOLICITA a Vialidad Nacional que se refuercen las señalizaciones, vertical y horizontal de la Ruta Nacional Nº 3 en el tramo de los 87 Kilómetros desde Fitz Roy hasta Caleta Olivia, puntualmente en la curva Caleta Paula.

El legislador provincial, expreso que "en el recorrido de estos 87 Kilómetros, podemos ver la deficiente demarcación y la ondulación de la carpeta asfáltica, esto más precisamente en la curva Caleta Paula, sector denominado así por las personas de esa localidad”.

"En nuestra provincia, el transporte terrestre ha sido históricamente el medio más utilizado en distintos ámbitos, por lo que es necesaria una ruta acorde y en condiciones óptimas con mantenimiento que minimice el deterioro causado por el clima patagónico”.

Agregó que "por otro lado y si bien el factor humano constituye la principal causa de accidentes de tránsito, no puede ni debe resumirse únicamente al conductor de un vehículo, dado que también el estado de las rutas y caminos influye como factor determinante en los siniestros viales, muchos de ellos con resultados luctuosos.

Alberto Lozano, concluyó: "en este caso la Ruta Nacional Nº 3 une la mayoría de las localidades del interior provincial y cumple una función fundamental para los habitantes de la provincia, ya que las distancias entre las mismas exceden en muchos casos los 200 kilómetros. Es imperativo entonces que el Estado cumpla sus obligaciones rápidamente, en una decidida política en pos del mejoramiento y mantenimiento definitivo de los camino, para la seguridad de quienes lo transitan”.

 

 

 

5.- Proyecto de Resolución N° 246: Esta iniciativa tiene como finalidad "EXPRESAR nuestro Beneplácito por el 20° Aniversario de la creación y formalización de la Asociación gremial ADIUNPA (Asociación de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral)”.

 

En referencia a esta iniciativa, el diputado Lozano expresó: "en el transcurso de estos 20 años ADIUNPA ha tenido un rol protagónico en el ámbito de la Federación Nacional de docentes Universitarios, como fundadora de la CONADU Histórica, ocupando desde su creación lugares destacados en la Mesa Ejecutiva Nacional, como participe fundamental de la Ley de Jubilación 26508 y en la obtención del CCT de docentes e investigadores universitarios del país. Además, han sido mucho los esfuerzos del conjunto de sus afiliados en cada una de la Unidades Académicas quienes no solo han realizado su aporte económico sino su apoyo en cada uno de las instancias de lucha gremial y han puesto su confianza para conformar cada una de las comisiones directivas que han tenido como secretarios a docentes como a Patricia Zapata, a Armando Lehman, a Andrea Pac, a Rita Villegas y a Karina Dodman en la actualidad”.

Entre los fundamentos de este proyecto se destaca que, la Asociación inicia su proceso de formación en la Escuela Provincial N° 55 donde funcionaba la UARG, allí un grupo de profesores se planteó la inquietud y la necesidad de comenzar la transición del Centro de Profesores a una organización gremial. En un periodo político y económico cuya amenaza inminente era el arancelamiento a la universidad pública, se sumo al conjunto de la docencia universitaria por el reclamo y mejora de las condiciones de trabajo. En ese escenario, se realiza el vínculo con la Confederación Nacional de Docentes

Universitarios con la gestión y apoyo de referentes tales como Lic. Claudia Baigorria (UNL) y Gustavo Di Marzio (UNLP).

A partir de la primera Comisión normalizadora cuyo Secretario General fue el Profesor José Luis Ruiz, en el año 1996 la asociación recorrió la elaboración y aprobación de su estatuto. En la fijación del domicilio legal se colocó Avellaneda 129, depto. A de la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz residencia de una de sus socias fundadoras que merece ser recordada Profesora Ana María Azcuaga. Con posterioridad a este recorrido, en el año 2006 se obtuvo la Inscripción Gremial, la Personería Gremial por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y en estos avances se logro la aprobación del primer Convenio Colectivo de trabajo en el año 2015, aprobado mediante Decreto 1246/15, como resultado de los desafíos para garantizar la representación legal de sus afiliados, la defensa de sus derechos y mejores condiciones de trabajo en la docencia.

"Entre los desafíos para este año, la Asociación propone el fortalecimiento de su herramienta gremial, el trabajo permanente por la efectiva aplicación del CCT, la demanda salarial, la defensa de la universidad pública y gratuita, mayor presupuesto universitario, una nueva ley de educación superior al aproximarse los 100 años de la reforma de 1918, entre otras”.