Asociación de Abogados pide a las autoridades judiciales garantizar la vigencia del Estado Derecho y el funcionamiento del Poder Judicial

En la jornada de hoy, emitieron un comunicado respecto de la situación en medio de la crisis sanitaria.

A continuación, el comunicado de la Asociación de Abogado:



Es responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia garantizar el acceso a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva de los

justiciables en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz.



Desde el día 17 de marzo de 2020, el Poder Judicial ha tenido un funcionamiento intermitente, con ferias extraordinarias, recesos, y limitación de funciones, que ha implicado la imposibilidad de continuar los juicios en trámite, limitando su actuación

a aquellos juicios que fueron considerados urgentes –con criterios sumamente restrictivo.



Desde el 1 de agosto, la Primera Circunscripción Judicial ha limitado aún más su funcionamiento, hoy reducido a guardias

mínimas, y con muy pocos trámites en curso.



La crisis sanitaria, y las consecuentes medidas de restricción a la circulación y comparecencia de los trabajadores a las

dependencias judiciales, no puede –luego de casi 5 meses- excusar por el cierre de los juzgados.



Así como en otras jurisdicciones se ha instalado el expediente judicial digital, entendemos que en Santa Cruz debe avanzarse

de modo inmediato en su implementación; pues ello permitiría sostener el funcionamiento de uno de los 3 poderes del Estado

respetando la protección a la salud de justiciables, trabajadores, magistrados y abogados del foro.



Hoy, sin embargo, el anunciado expediente digital sólo se ve limitado a una casilla de notificaciones electrónicas, pero es

imposible el acceso remoto a los expedientes por el sistema, debiendo el letrado necesariamente concurrir a los juzgados

para tomar vista de las causas. Este retraso inexcusable en la digitalización es lo que paraliza el servicio de justicia, no la

pandemia.



Es por ello que exhortamos a que se garantice el servicio de justicia y acceso a la jurisdicción, en la inteligencia que un

Estado Republicano no admite tan prolongado cierre y funcionamiento disminuido de uno de los tres poderes del Estado; ni

admite una indeterminación hacia la ciudadanía respecto al tiempo de ejercicio de sus derechos; colocándonos de facto en un

sistema de ejercicio del poder sin control judicial.



Requerimos, nuevamente y de modo público, que se implemente de forma urgente el Expediente Digital en todo el ámbito del

Poder Judicial Provincial.



Requerimos asimismo, para el ámbito de la Primera Circunscripción Judicial, se prevean de forma inmediata las condiciones

para, al menos:




  • *Garantizar el inicio y sustanciación de procesos de familia, en especial alimentos, ejecuciones alimentarias, régimen de comunicación y cuidados personales

  • *sustanciación de toda causa penal con personas privadas de su libertad y/o en donde se encuentre en riesgo la prescripción de la acción

  • *el inicio y sustanciación de acciones relativas a denuncias de violencia doméstica y de género

  • *el inicio y sustanciación de amparos, habeas corpus y medidas cautelares

  • *inicio y tramitación de juicios laborales y de procesos de ejecución de cobros laborales

  • * tramitación de cobros en todo trámite donde se encuentren depositados los importes respectivos

  • *habilitación de los trámites de cobro e inicio y sustanciación de trámites de ejecución de honorarios, por tratarse de una cuestión alimentaria.



Entendemos que en las situaciones de crisis institucional se requieren acciones comprometidas y medidas pro-activas de

quienes tienen responsabilidades públicas, y que en esos momentos es cuando es aún más necesario el adecuado

funcionamiento del sistema judicial de determinación de derechos y libertades; resultando incompatible con la vigencia del

Estado de Derecho el mantener el servicio de justicia cerrado o limitado seriamente en sus funciones a causas “urgentes” o

como “excepción”, pues es ínsto al sistema republicano de gobierno la existencia de un poder judicial activo y presente como

normalidad y no como excepcionalidad.



ASOCIACION DE ABOGADOS DE RIO GALLEGOS

 


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