Promoción Acompañada = mayor fracaso escolar

En Santa Cruz sobran discursos locuaces acerca de los beneficios que conlleva la aplicación de la: progresista, amplia e inclusiva Ley de Educación Nacional, superadora de la nefasta Ley Federal de Educación que marcó el deterioro más atroz de la historia de la Educación Argentina.

domingo, 8 de diciembre de 2013 · 00:00

 

No obstante, este discurso esperanzador continúa sustentándose en políticas superficiales que le otorgan continuidad a los principios restrictivos, privatizadores y de precarización que caracterizaron a la infame década menemista.

Han cambiado los gobiernos, algunos rostros, los modos pero continúan intactas las políticas de ajuste que repercuten con dureza en los sectores más sensibles de la sociedad: Educación y Salud.

Todo esto se manifiesta, entre otras cosas, en la falta de transparencia de un presupuesto educativo que debería nacer de las necesidades reales de las escuelas, en la falta de previsibilidad de las políticas educativas, en la falta absoluta de coherencia entre la teoría y  la aplicación real, en el desconocimiento intencional de los graves datos que arrojan las estadísticas educativas y sus causales reales –cuando decimos intencional afirmamos que desde los espacios de decisión niegan lo insoslayable, la grave crisis educativa y lo trasladan a las Instituciones o bien tergiversan la información-. De este modo, se le puede dar continuidad a la irresponsable política educativa sin modificar un ápice sus modos y metodologías de conducción.

El CPE, durante estos años, ha invertido en recursos humanos y materiales con el fin de aggiornar lo caduco, lo fracasado, es decir, en pocas palabras, darle continuidad solapadamente a la  Ley Federal de Educación.

En este sentido, la Resolución 2822/13 emitida el 26 de noviembre por la Presidencia del CPE constituye un nuevo parche en el sistema educativo santacruceño. Esta  acción política  enquistada en el seno del Consejo,  modifica arbitrariamente las pautas de Evaluación, Acreditación y Promoción del Nivel Primario, aprobando el documento  de Promoción Acompañada, constituyéndose en el cimiento para el nuevo marco normativo que regulará las prácticas educativas en la provincia. La misma se emite a fin de año cuando está próximo el cierre del ciclo lectivo,  cuando las notas de los alumnos ya fueron entregadas por los docentes,  cuando todavía no se han derogado reglamentaciones vigentes,  como por ejemplo la Resolución 027/13 regula que los alumnos de 7mo año  pueden pasar con 2 espacios curriculares al primer año del Nivel  Secundario, entrando en contradicción con la nueva norma que manifiesta que deben aprobar todos los espacios.

Este nuevo instrumento legal  surge por la supuesta contradicción que marcaba el Acuerdo 258/00 – fundamentado en la  Ley Federal de Educación- donde promovía la necesidad de la  transformación educativa,  aprobando el marco normativo de acreditación, promoción, certificación y evaluación.

Desde el discurso se dice que es un nuevo marco de evaluación, pero las definiciones de la Resolución 2822/13 son un corte y pegue del acuerdo 258/00.  Es decir se cambia el nombre, pero el contenido es el mismo, las reformas educativas aparecen sin ser verdaderas reformas, aplicándose sin ningún tipo de diagnóstico que permitan identificar la auténtica problemática educativa. 

Esta metodología de improvisación en los instrumentos legales puede observarse desde hace tiempo cuando se comenzaba a hablar de Promoción Asistida o acompañada,  con la Resolución 1338/10, donde a través del  Programa de Fortalecimiento de las Prácticas Pedagógicas se responsabilizaba a los docentes de la repitencia de los alumnos, posteriormente en el Acuerdo 079/11 “Aprender es Prioridad” que aprobaba los lineamientos de acción institucional, por el cual, se  incluía los programas nacionales del CAI, CABI, PIIE, etc, Acuerdo 142 que  también realizaba modificaciones parciales en los Marcos Normativos de Evaluación, Acreditación, Certificación y Promoción de carácter transitorio para los ciclos lectivos 2011 y 2012, Acuerdo 218/12  donde se aprobaba  el programa de Trayectorias Escolares. 

Todos estas Reglamentaciones omiten la responsabilidad del Estado en materia de política educativa,  y del  fracaso escolar que conlleva la implementación de las mismas. Argumentan  la responsabilidad del docente, sin diagnóstico previo, sin articulación  de los espacios sociales-culturales con el espacio escolar, sin generación de los tiempos institucionales para llevar a cabo reflexiones de las propias prácticas pedagógicas.

Permanentemente mencionan los tiempos de compensación pero sin reformular contenidos, tiempos institucionales, formatos pedagógicos con  lógica verticalista de la solución a los  problemas. 

Por ende, las estructuras  institucionales no sólo que no han sido modificadas sino que se ha agravado el verticalismo y la “costumbre” de hacer oído sordo a las demandas de directivos y docentes, que son los  poseedores innatos de los insumos que permitirían  acercarse a las causales de la crisis educativa 

Todo esto pone en evidencia la pretensión de estos Instrumentos Legales en  ocultar lo inocultable y buscar un responsable directo que despoje al Poder Ejecutivo y sus funcionarios de turno en el Consejo Provincial de Educación.

La repitencia está llegando a niveles acuciantes y se la intenta revertir a partir de la implementación de programas nacionales y provinciales que traen consigo la flexibilización laboral de los docentes con la creación de horas pagadas en negro, teniendo altas provisorias, sin derecho al régimen de licencias,   sin pago en vacaciones, rompiendo el orden de mérito para el ofrecimiento de las mismas. 

Se presenta a la Promoción Acompañada como la panacea para miles y miles de niños que transitan su educación obligatoria pero en realidad está impregnada de desinversión en la creación de escuelas, de achicamiento en las partidas de  recursos económicos, de anulación de espacios y procesos participativos, de miopía para abordar la dificultad y diversidad de aprendizajes. 

Todo esto está en sintonía con la nula intención de llevar adelante una  política clara sobre perfeccionamiento y capacitación en servicio para los docentes. Los mismos claman por un mayor acompañamiento, por posibles alternativas para dar respuestas a las situaciones conflictivas que viven día a día en el espacio más importante que es el aula. Las Instituciones se constituyen en auténticas cajas de resonancia de una sociedad desconcertada, atomizada, lastimada y para poder dar algunas respuesta o contención es imprescindible que los docentes se actualicen en los nuevos paradigmas educativos, pero sin la copia de modelos teóricos que fracasaron en otros países y de contextos culturales distintos, priorizando a los proyectos de las propias instituciones, para que propongan, transformen y mejoren los saberes de sus alumnos.

Como lo hemos dicho en otros escritos la repitencia no se soluciona corriendo la escala de valoración de “desaprobado” por “transitó  el año con el compromiso de concurrir al espacio de fortalecimiento de trayectorias escolares”.

La búsqueda de alternativas superadoras sólo se puede lograr creando las condiciones para una discusión sincera, con la participación de todas las miradas y concepciones, para poder llegar a los consensos necesarios y realizar así una verdadera Reforma Educativa. 

Si no se realiza una mirada introspectiva y crítica, si las políticas educativas continúan rigiéndose como variables de ajuste, la Educación en Santa Cruz está condenada al fracaso y sus lamentables consecuencias: a una nueva forma de analfabetismo y exclusión.

A.DO.SA.C