ADOSAC rechaza tercerización de servicios de salud

La nota enviada por la ADOSAC, a la que tuvo acceso Nuevo Día indica que: Con profunda preocupación en referencia a la situación actual de tratamiento  que se les da a compañeros con accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales por parte de la Administración luego de la tercerización del servicio determinada por Decreto Provincial 646/2011 a favor de Rio Varadero S.A., nos dirigimos a Ud. a efectos de reiterarle en primer lugar el malestar que provoca la falta de claridad y certezas en cuanto a los procedimientos que los afectados deben realizar para que sus afecciones sean reconocidas y/o atendidas, máxime cuando se encuentran atravesando dolencias provocadas o generadas en el lugar de trabajo o por la actividad que desarrollan.
No es para nada gratificante que en situaciones como las descriptas, el paciente no sepa a quien dirigirse o dónde elevar la documentación, puesto que se les dan indicaciones distintas ya sea en Reconocimientos Médicos, en el I.S.PRO., en la Secretaría de Trabajo para el  caso de secuelas, indemnizaciones o determinación de incapacidad  y en ese Consejo Provincial.

Sin procedimientos

A tal punto ha llegado la situación que a la fecha ni la propia administración sabe a ciencia cierta como proceder, según se deduce de la información generalizada y recabada por esta organización de parte de todos los compañeros afectados. La situación se agrava con los docentes del interior provincial, que deben estar a la expectativa sobre el reconocimiento o no de su enfermedad por vía mail, o llamando al 0800 222 0918. 
Asimismo y ante la denuncia realizada por una docente ante la falta de respuestas, presenta su caso a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO, informándole la misma que el C.P.E. no está cubierto por una A.R.T. por lo cual no pueden intervenir. Igual respuesta recibió de la empresa que terciariza el servicio, al señalarles que ellos no son una A.R.T. sino una ASEGURADORA y que no tienen la obligación de cubrir todo lo que cubre una A.R.T.
Es este el  segundo punto que queremos plantear. Nuevamente el gobierno, al igual que lo ocurrido  con el Servicio de Reconocimientos médicos oportunamente, repite una medida de privatización  de un servicio que a nuestro entender puede ser sostenido por la provincia. Por supuesto que no compartimos en lo más mínimo el criterio economicista que le ha dado el gobierno a este contrato  por sobre el criterio de atención, resguardo, cobertura y garantías de salud de quienes dependemos del Estado Provincial, que es el que debiera primar. Manifestar en los considerandos del Decreto Nº 646/2011 que “se ha considerado como muy conveniente terciarizar dichas funciones de gestión y gerenciamiento en razón de la economía que ello puede significar a las arcas provinciales”,  hablan a las claras de cual es el objetivo de la firma de este convenio con Río Varadero S.A., adoptándose una línea mercantilista, de negocios por sobre el carácter de cobertura, de resguardo que debiera tener principalmente el Estado con sus empleados.

Incumplimiento

No solo preocupa el incumplimiento del Artículo 20 de la Ley 24.557, que ya de por sí es restrictiva en cuanto a la cobertura de los accidentes, sino también que la lógica empresarial será la impronta que se le dará a cualquiera de los casos que presenten nuestros compañeros, buscando por todos los medios artilugios legales que impidan el reconocimiento total de los daños ocasionados por accidentes laborales. Este modelo ya lo padecen trabajadores que se desempeñan en sectores privados. Hoy ni los directivos de los establecimientos saben a ciencia cierta si deben seguir utilizando los formularios y actas de accidentes de trabajo. No vaya a ocurrir  que luego se desconozca el siniestro por no haber cumplimentado una información que a la fecha se desconoce.
Por último, Sr. Presidente, nos quedamos con el beneficio de la duda con respecto a las condiciones  y garantías de la Gerenciadora Río Varadero S.A., tal como lo hiciéramos oportunamente con la empresa LAVORO.  Mucho más con una Sociedad Anónima, de la que algunos de sus integrantes han sido cuestionados en  investigaciones judiciales referidas a casos vinculados a medicamentos y obras sociales.
Reiterando nuestro rechazo a la terciarización del servicio, solicitando respuestas efectivas y concretas para todos los docentes, y requiriendo se convoque a paritarias para debatir la situación por cuanto entendemos que la situación afecta las condiciones laborales.