“Ante la carencia de una conducción vertical, hacen salir las ambiciones de los «kirchneritos»"

El Consejero comenzó su relato manifestando que “soy integrante del Consejo de la Magistratura representando a los letrados de la Provincia de Santa Cruz matriculados que ejercen la profesión” llegando al organismo “por elección democrática y directa de todos los asociados” siendo su función “defender el interés profesional en esta institución que, siempre lo digo, tiene muy mala prensa, no en el sentido de una prensa tendenciosa sino que existe una gran omisión por parte de la cobertura de las actividades de esta institución que es parte de la Constitución de Santa Cruz y por la cual está reglada en su última reforma” dijo.

Así “nuestra institución tiene una misión muy importante que es la de calificar y seleccionar a quienes pretendan integrar los juzgados como autoridad máxima, en el caso de los jueces en la primera instancia en todos los fueros, Penal, Civil, Laboral, Familia y en las Cámaras de Apelaciones” en definitiva “uno de los poderes del Estado” aclarando que la manera de selección es “calificando sus aptitudes, antecedentes, dando un puntaje y como decía anteriormente, esa mala prensa hace que a veces se mida a todos con la misma vara” sostuvo Amaya.

Más adelante, el profesional indicó que  “el Poder Judicial de Santa Cruz y de esto damos fe, al menos en el desempeño de estos últimos años en el Consejo, se integra con una gran cantidad de funcionarios, de los cuales, hay independientes con posturas personales, críticas e ideológicas autónomas, hay funcionarios o personal judicial vinculado o quizá con el interés político o del gobierno de turno, llámese kirchnerismo o peronismo, y hay funcionarios que de golpe no tienen una posición política definida. Pero sí debo reconocer que hay muchos funcionarios del Poder Judicial que no son influenciados por el Poder del Estado, no tienen influencias del Poder Ejecutivo y dictan las sentencias, dicen la Ley conforme a sus principios y formación, y acatando las normas vigentes” ejemplificando que “soy abogado laboralista y ayer recibí un fallo donde se ratifica una condena de mucho dinero contra SPSE por un trabajador muerto en Pico Truncado por un accidente muy desagradable en una cámara cloacal, y el Poder Judicial, que es el Máximo Tribunal, no dudó en rechazar una apelación del Estado” por lo que “si tuviéramos realmente un Poder Judicial condicionado por los interese del partido gobernante, obviamente entiendo que ese tipo de fallos no se darían” manifestó.

Agregó que no descarta “que haya algunos jueces, casos aislados de la Provincia, que miden sus decisiones en función del favor o la visión que pueda tener el gobernante de turno, no son todos” pero ante los hechos “en el caso de la Magistratura, yo sentí al igual que otros consejeros,(porque) lo discutimos en el cuerpo, un agravio, una ofensa al escuchar las palabras del periodista en ese informe cuando se dice que un Concejo de la Magistratura está controlado o influenciado por el poder político de turno, en el caso del Gobernador. Eso es falso” enfatizó.

“Yo en mi vida política y militante integro un partido político provincial que se llama Encuentro Ciudadano, donde soy vicepresidente de la organización a nivel provincial y puedo dar fe que en la gestión de estos últimos cuatro años no ha habido una sola influencia del poder político, no ha habido un solo candidato o postulante que haya hecho valer influencias del poder político de donde fuera para lograr un puesto de mérito en la escala de puntajes, y todos los que han salido han sido calificados conforme a su conocimiento, antecedentes en la justicia y su idoneidad, moral y espiritual. En ese sentido creo ha habido un error una demasía. Entiendo que ha habido o mala información o una generalización errónea, que yo en este caso descalifico” apuntó el doctor Amaya.

Institucionalidad

Además de ser integrante del Consejo de la Magistratura, Cesar Amaya, es miembro destacado de la fuerza política Encuentro Ciudadano. En ese contexto, fue consultado sobre la situación política en Santa Cruz, a lo que respondió que «yo conozco a Daniel Peralta a nivel personal pero además me corresponde apoyarlo en su institucionalidad y mi partido apoya la institucionalidad de Santa Cruz y exige que el gobierno provincial termine su mandato».

En este marco sostuvo que su agrupación «repudia estos intentos de debilitamiento al poder del Ejecutivo» porque «está convalidado por los votos de los santacruceños», y en ese sentido aclaró que «acá no ganó (Eduardo) Costa, ganó Daniel Peralta, por los votos. Entonces, como hombres de la democracia hay que respaldar la institucionalidad, más allá de que también creemos que hace falta ampliar el debate».

De esta manera comentó que «nuestro espacio político se manifestó, últimamente, en un documento público durante un congreso partidario que se hizo en Caleta Olivia, donde expresamos nuestra preocupación. Daniel Peralta es un compañero y amigo de muchos años, de cuando en Santa Cruz existía solamente el peronismo con sus líneas internas, y circunstancias de la política nos hicieron tomar distintos rumbos, pero uno no pierde la lealtad hacia quien fue un amigo personal».

Dicho esto, Amaya analizó que «la gestión del Gobernador es heredera de todo un proceso económico que se inicia en determinado tiempo» y consideró que «nosotros entendemos que estamos hablando de un modelo económico y político que privilegió el empleo público como salida laboral».

A modo de ejemplo recordó que «en Caleta Olivia, de donde vengo, la falta de industrias y de actividades productivas alternativas, hace que un ciudadano común dependa del Estado para poder sobrevivir. El último año, el actual intendente, José Córdoba, como un paliativo a la situación de los desocupados, que cada día son más, pergeño el tema de los famosos 1840, y ahora, en algunas localidades son más y en otras menos».

Aseguró que «el tema minero también es preocupante, acá hay gigantescos conglomerados económicos que se la llevan en carretilla».

Luego enumeró señalando que «ni que hablar del agua potable, que a nivel mundial es un recurso estratégico que sale caro, las mineras lo utilizan y lo depredan en millones de metros cúbicos. En la pesca ya se sabe lo qué está pasando, se termina el recurso» y desde su punto de vista evaluó que «el carbón, que no tiene que ser quemado ni para energía ni para calefacción, el carbón en un país soberano sirve para la industria siderúrgica, el es proyecto que en 1944 promovió a Y.P.F., era proveer carbón para Altos Hornos Zapla para San Nicolás, no para quemarlo en una usina ni en Buenos Aires ni acá».

«Las represas del río Santa Cruz –continuó- tienen que ser para la promoción industrial y no, como sospechamos algunos, para probar energía barata a los grupos de la megaminería, que no estarían en Santa Cruz si no tuvieran exhimiciones brutales de impuestos, agua regalada y energía a precio vil».

En ese sentido argumentó que «Yo confío en que el Gobernador, que está viendo esta situación, pueda avanzar en proyecto que yo como hombre de partido político y nacionalista apoyo, el gravar con impuesto a las transacciones mineras fraudulentas, como paso en Cerro Negro con YAMANA GOLD, donde se van a llevar una torta de 200 millones de dólares de los recursos de todos los santacruceños».

Por ese motivo subrayó que «hay que rediscutir la renta minera y apoyar proyectos como el que apuestan a que ser refine en nuestra provincia el mineral, y avanzar en aquellos viejos emprendimientos como aquel que señala que el petróleo que sale por Caleta Paula no salga de la tierra y se vaya en un buque no se sabe a donde, sin dejar ningún valor agregado o fuente de trabajo nueva».

Amaya opinó que «si no cambiamos el destino exportador de materias primas de Santa Cruz, esta implosión del modelo del empleo público, va a continuar en el desastre con la falta de pago de sueldos o de insumos en los hospitales», en tanto, destacó que «después, hay una realidad, a un modelo económico lo tiene que sostener un proyecto político firme, la salida de ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, como gran mediador y acomodador de los sectores, hace que se note su ausencia porque era el único que disciplinaba las huestes del F.V.S.»

«Hoy –sostuvo- ante la carencia de una conducción vertical y unificada, hacen salir las ambiciones de los «kirchneritos», que pretenden arrebatar el poder al Estado sin acudir a los mecanismos democráticos que esta dado por el voto. Un diputado por pueblo no tiene  la legitimidad de un diputado por distrito, un legislador de un pueblo del interior, por decir, Comandante Luis Piedra Buena o Puerto Santa Cruz, sale por los votos del sublema que ganó en su localidad, y tiene la misma legitimidad para pelear que un diputado votado por todos los santacruceños en su conjunto».

Por ello, puntualizó que «esas anomalías están dadas por la Ley de Lemas, que habría que discutirla. Yo entiendo que hoy el poder está debilitado desde la propia crisis interna y porque no se discute lo que hay que discutir: el modelo económico; mientras no discutamos eso vamos a estar tirando la basura bajo la alfombra».

En este marco dijo que «la actitud de algunos diputados es preocupante. Por ejemplo, yo escuché la oposición sostenida por el diputado por el Pueblo de Puerto San Julián, Leonardo Alvarez, al proyecto de gravar con un impuesto a la megaminería y escuché también a la senadora nacional, María Esther Labado, y, personalmente opino que parecen más empleados de los grupos megamineros antes que tutores del destino de Santa Cruz».

«Es cierto –reflexionó- a lo mejor el impuesto puede haber tenido alguna desproligidad legislativa, pero eso que lo reclamen los gringos, lo que yo quiero decir es que mi provincia necesita insumos para nuestros hospitales y no voy a tolerar, si soy gobernante, que hagan un negociado de 300 millones de dólares, cuando no tengo agujas en una sala de primeros auxilios de un C.I.C. (Centro Integrador Comunitario) de alguna localidad».

Por ese motivo manifestó que «el gobernante tiene que enfrentarse en estos momentos a esos grupos económicos. Mas de una vez yo dije que en Santa Cruz había un supragobierno, está conformado por los grupos mineros, petroleros, pesqueros y los grandes tenedores de la tierra que no tributan lo que tienen».

Al respecto expresó que «gigantescas extensiones territoriales en Santa Cruz, improductivas y despobladas, abiertas a la voracidad del capital extranjero que donde descubren el oro se las apropian, mientras nosotros miramos de afuera. Esa Santa Cruz no la queremos y entiendo que el Gobernador se está dando cuenta de eso frente a la realidad de que la cosa tiene que cambiar».

«Ese es nuestro destino, sino somos inviables como provincia» enfatizó finalmente. (El Diario Nuevo Día).