Dictadura: ATE en la búsqueda de estatales perseguidos

Apoyados por ATE, los trabajadores del Estado que fueron cesanteados durante la última dictadura cívico-militar, comenzarán a realizar el trabajo de búsqueda y censo de todas las personas que, como ellos, perdieron su puesto de trabajo en los estados municipales, provinciales y nacionales por persecuciones políticas sucedidas desde 1976 hasta 1983.

lunes, 1 de abril de 2013 · 00:00

 

El censo será parte del trabajo que vienen realizando para lograr que se apruebe un proyecto de ley que actualmente se encuentra en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación.
Hugo Roberto Fontán, era Secretario Adjunto del gremio de los judiciales en La Pampa, y trabajaba en un juzgado civil con la categoría de Oficial hasta que perdió su puesto de trabajo durante la dictadura. El compañero relató por qué se decidieron a armar el proyecto: “Nosotros fuimos cesanteados por la dictadura militar entre el ’76 y el ‘83, pero también tenemos la certeza de que también existieron cesantías arbitrarias como las nuestras a partir del año ’74. Estamos solicitando una reparación histórica a todo el padecimiento que sufrimos en ese período. Si bien en algunos casos fuimos reincorporados a nuestro trabajo, la reparación ante la sociedad no nos llegó nunca tampoco. En ese entonces éramos parias en nuestra propia tierra: éramos perseguidos políticamente y teníamos una libertad vigilada, plagada de terror”.
Fontán continúa: “A partir del año ’95 en La Pampa nos constituimos como una organización no gubernamental con el objeto de conseguir el resarcimiento que necesitábamos y anhelábamos. Es así que a partir de diferentes proyectos a nivel nacional, presentados en cámara de diputados, se ha intentado lograr la compensación económica y la reparación histórica. Se fueron cayendo un par de proyectos, pero hoy está vigente, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, un proyecto de ley con los diputados Patricia Fadel, por Mendoza, y Roberto Robledo, por La Pampa, donde se cubren, en su mayoría, nuestras expectativas. Es por esto que ahora recurrimos a ATE, que es una organización nacional que tiene a muchos de los compañeros cesanteados durante la dictadura entre sus afiliados y dirigentes, para lograr un empadronamiento, o un censo de todos los compañeros y así saber, a ciencia cierta, quiénes son y cuántos son los cesanteados en todas las provincias. Esto es imprescindible para tener una dimensión de lo que se necesita para obtener el visto bueno de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados”.

Garzón

Alejandro Garzón, Secretario Gremial electo por el Consejo Directivo Nacional de ATE, resumió el plan de los compañeros de La Pampa, y detalló la ayuda que el gremio brindará a esos trabajadores: “La idea, más allá de plantear el resarcimiento económico, es la de cómo vamos encontrándonos con esos cientos de compañeros que fueron cesanteados, para poder dar una fuerza nacional. Este sindicato, que tiene 86 años de vida y que tiene cientos de trabajadores cesanteados, por actividad gremial o política, va a ayudar a los compañeros a unirse para juntar fuerza y así empujar al proyecto. Hace poco encontramos un Libro de Actas en Vías Navegables que muestra la persecución que tuvieron que soportar los compañeros militantes durante esos años oscuros en nuestro país. Esto es tomado como una iniciativa propia del Consejo Directivo Nacional de ATE, porque creemos que es una bandera muy importante para recuperar parte de nuestra historia y para que cientos de jóvenes hoy incorporados al sindicalismo, sepan que hubo compañeros que pelearon, que se jugaron, y que amaban el sindicalismo y que militaban por una idea. Es importante que se reparen los destrozos que se hicieron durante la dictadura para que se reivindique la lucha gremial. Desde el Consejo Directivo Nacional entonces vamos a ayudar a los compañeros a lograr la unión y la fuerza necesaria para que el proyecto logre pasar por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, y que la presidenta no vete la ley, como lo ha hecho, por ejemplo, con la ley del 82% móvil para los jubilados”.
Daniel Pineda, por su parte, era Secretario de Actas de la Seccional 25 de Mayo de ATE en La Pampa, y trabajaba en el Ente del Río Colorado, un ente autárquico. El compañero explicó cuáles son los puntos centrales de la búsqueda de los compañeros: “La idea central, a través de ATE, es lograr el padrón nacional y que en cada provincia se pueda elegir a un compañero como cabeza para organizar y buscar la cantidad de compañeros que somos en cada provincia. Nosotros hoy tenemos un padrón acotado. En La Pampa estamos bastante organizados, y hay compañeros trabajando también en Mendoza, Misiones, y en menor medida en Neuquén, Tierra del Fuego y Río Negro. A través de ATE se va a poder cuantificar la cantidad de compañeros que somos en el país, que es lo que necesitamos, porque esa va a ser una de las exigencias principales de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados”. Pineda además agregó: “Muchos de los compañeros cesanteados fueron falleciendo, pero por suerte pudimos agregar en el proyecto de ley un artículo de derechohabiente, que es muy importante, y por el que los viudos, viudas o hijos de los compañeros que ya no están podrán cobrar el resarcimiento”.

Reivindicación

Luego, Fontán explicó: “Más allá de lo que se nos ofrece en este proyecto de ley en cuanto a lo monetario, la reivindicación social es imprescindible para poder decirle a la sociedad que la lucha social, gremial y política de esos años no fue en vano y que puede tener recompensa. No queremos pasar a la indiferencia por haber luchado ni seguir siendo la mala palabra de los trabajadores. Así nos sentíamos, y así nos seguimos sintiendo, porque hasta ahora no ha habido un reconocimiento verdadero de la sociedad que dijera que nosotros no nos merecíamos lo que nos pasó. El proyecto ya pasó por la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, donde se aprobó de manera unánime, y luego por la Comisión de Justicia, donde se aprobó con algunas modificaciones de forma, no de fondo. Ahora se encuentra en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde nos van a pedir la cantidad de personas que estarían incluidas en el resarcimiento, para cuantificar los montos que serán necesarios para la compensación. No nos cabe duda de que cuando tengamos la certeza de quiénes somos y cuántos somos, lograremos la unidad necesaria para hacer pasar este proyecto a la Cámara de Senadores”.
Un caso de renuncia forzada que podría ser tomado como ejemplo es el de la compañera Noelia Guzmán, que en años de la dictadura trabajaba en la Municipalidad de Santa Rosa, La Pampa. Allí cumplía funciones jerárquicas en el sector de recursos humanos. En su momento, y después de varias acciones cotidianas en contra de su persona, de su trabajo y de su dignidad, fue trasladada a otra sección, con una rebaja de varios escalafones en su categoría. Fue entonces, y ante la necesidad de un compañero municipal que tenía a una hija enferma, que Noelia, con su sentido de la solidaridad y su militancia gremial, decide encabezar una colecta entre los trabajadores de la Municipalidad para entregarle el dinero al compañero que se encontraba en una situación complicada. A raíz de eso, el interventor instalado en la Municipalidad por el gobierno de facto, ordena la sustanciación de un sumario para abrevar la conducta de la compañera, con la intención de realizar una investigación sobre el destino de los fondos recaudados. Esta acción sobre Noelia, sumada a todas las presiones, persecuciones y maltratos que debió sufrir en la Municipalidad durante la dictadura, resultaron en la renuncia de la compañera, que viviendo en una ciudad pequeña como Santa Rosa, quedó estigmatizada para los ojos de una sociedad que vivía sumida en el miedo a las represalias violentas de un gobierno autoritario.