El gobierno impide la correcta jubilación a docentes que hicieron huelga en el 2011

ADOSAC denunció que el Estado exige  a los maestros que tramitan su jubilación, los recibos de sueldo  de marzo a julio del 2011,  como condición para ser pasivos. El organismo jubilatorio entiende que los maestros que realizaron paro en dicho lapso, no deberían computarle estos días como aportantes. La medida es ilegal.  El sindicato acudirá a la justicia.
lunes, 1 de abril de 2013 · 00:00
Un requisito por demás llamativo y  fuera de las normas solicita el Estado a los docentes  que están tramitando su jubilación. 
Según denunció ADOSAC, el área de cómputos de la Caja de Previsión Social le remitió una nota a maestros que están accediendo al beneficio jubilatorio, en donde se les exige  adjuntar “los recibos de sueldo de los meses de marzo a julio de 2011 inclusive, como personal activo.                                  Asimismo se deja constancia que lo requerido es imprescindible para la continuidad del trámite gestionado”. Casualmente  durante este lapso se desarrollaron las medias de fuerza del sindicato.
El organismo a cargo de Marcial Cané, entiende que los maestros que se adhirieron a la medida de fuerza el año pasado, interrumpieron el servicio, por el cual no se le deberían computar su trabajo. Esto es ilegal, dado que cada  trabajador, ya sea docente, enfermero o empleado de la administración pública provincial,  se le descuenta como corresponde mensualmente en sus haberes  las retenciones provisionales. 
La nota provocó que el secretario gremial y el secretario general de la filial de Río Gallegos de ADOSAC, acudieran hoy al mediodía con escribano al edificio de la Caja de Previsión.  
“La medida de fuerza estaba siendo considerada como interrupción de servicio toda vez que cualquier convenio colectivo de trabajo se encuentra bajo la órbita de la Constitución Nacional donde se encuentra garantizado  el derecho a huelga”, indicó la Comisión Directiva  del gremio en  una gacetilla enviada Nuevo Día.  
El sindicato también advierte que según la ley, se deben tomar los últimos 60 meses consecutivos anteriores al cese laboral o los 120 mejores meses en toda la carrera. 
Los educadores iniciarán acciones legales  dado que entienden que esto se trata de “decisiones persecutorias hacia nuestro sector y sobre todo hacia quienes realizamos las medidas de fuerza”. (El Diario Nuevo Día).