La Justicia ordenó pagar medio aguinaldo

Es debido a la presentación que realizó el ex fiscal Andrés Vivanco. El juez Antonio Andrade falló a favor de la medida cautelar presentada por el ex funcionario judicial. Se oOrdenó a la Caja de Previsión(CPS) completar el pago del dinero restante en un plazo de cinco días a partir de que quede firme la sentencia. Argumenta que el Decreto 82/11 no ha sido publicado en el Boletín Oficial y por lo tanto, no puede causar efecto legal alguno y su aplicación se torna ilegítima. 
lunes, 1 de abril de 2013 · 00:00
Se conoció ayer la sentencia, que tiene fecha 12 de marzo, del titular del Juzgado de Primera Instancia de Familia Nº 2, Antonio Andrade, quien falló a favor de la medida cautelar presentada en su momento por el ex fiscal Andrés Vivanco, en su calidad de jubilado, contra la Caja de Previsión Social, por el pago parcial de la segunda cuota del aguinaldo del año 2011.
Vivanco, en su extensa presentación, calificó de “ilegal y arbitrario” el tope establecido por el Gobierno provincial, tornándose, en su caso, “confiscatorio”, toda vez que “le fue abonado por tal concepto sólo la suma de $ 3.500, cuando en realidad correspondía pagarle aproximadamente $ 20.000”, impidiéndole, así, hacer frente a obligaciones previamente contraídas.
El juez Andrade realizó una consideración del argumento esgrimido por el demandante, al tiempo que también hizo lo propio con la defensa sostenida por la Fiscalía de Estado, desechando la mayoría de los argumentos establecidos en dicha presentación.
Fundamentalmente, el magistrado hace hincapié en que el Decreto 082/11 por el cual se determinó el tope para el pago de los aguinaldos, a raíz de la emergencia económica existente, “no se encuentra publicado en el Boletín Oficial” y recuerda que “por imperativo de la forma de gobierno republicana -de conformidad a lo preceptuado en el artículo 1º de la CN (Constitución Nacional)-, todos los actos del gobierno deben ser públicos”. Algo que también está previsto en el artículo 11 de la Ley 1.260 para actos administrativos de alcance general, “en cuanto exige la publicidad para su eficacia”.
Para el juez Andrade, es requisito sine qua non dicha publicidad y recalca que el Código Civil establece que “las leyes no son obligatorias sino después de su obligación y desde el día que determinen”, en tanto que la Ley 1.260 plantea que “para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general de publicación”.
Al no existir publicación alguna en el Boletín Oficial, el magistrado sostiene que “la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 82/11 no causa efecto legal respecto del amparista, por no haberse publicado, convirtiéndose por consecuencia lógica en una vía de hecho”.
Se suma a esto, y así lo destaca el letrado, que la Caja de Previsión Social no presentó ante el juzgado “ningún instrumento jurídico en el que se disponga en forma individual la decisión de no abonar en forma completa la segunda cuota del SAC al Sr. Vivanco” y recalca que, de esa forma, “la falta de pago se funda en la decisión esgrimida por el Poder Ejecutivo en el Decreto 082/11, o sea, se funda en una norma que no tiene validez y/o eficacia”.
Considera que al transformarse en una acción de hecho, esto es una vía que “está prohibida por el sistema jurídico y por tanto, ilegítima”.
Trae a colación la autarquía administrativa y financiera que por creación tiene el organismo previsional, resaltando el artículo 19 de la norma que expresa que “ninguna autoridad podrá disponer de los fondos de la Caja, ingresados o a ingresar, para otra aplicación que la que expresamente asigna esta ley”.
Sostiene finalmente que el fundamento de la emergencia económica esgrimido por la Fiscalía de Estado no cumple con los requisitos planteados por la Corte Suprema a la hora de afectar derechos, al tiempo que recuerda el derecho a una prestación integral del haber jubilatorio consagrado por el artículo 7 de la Ley 1.782, y la nulidad que la misma norma establece a otras deducciones que se formulen por fuera de las reconocidas en la ley.
Por lo que finalmente, en la parte resolutiva, intima al Estado provincial y a la Caja de Previsión Social a que, dentro de los cinco días hábiles de quedar firme la sentencia, se abone íntegramente lo adeudado en concepto de segunda cuota del Sueldo Anual Complementario 2011.
Cabe aclarar que la sentencia quedará firme una vez que las instancias de apelación se concreten y sólo si sus resoluciones son a favor del demandante.Fuente LOA