El SOEM apoya la nacionalización del petróleo

Hoy la realidad indica que se ha instalado en los hechos y los dichos de la primera línea del gobierno nacional la discusión sobre las fallas estructurales que tiene el modelo de producción de hidrocarburos en nuestro país. La Señora Presidente de la Nación recogió en su discurso del 25 de enero los reclamos de la OFePHi denunciando la desidia que el consorcio REPSOL-YPF manifiesta en las provincias productoras de petróleo. 
lunes, 1 de abril de 2013 · 00:00
La desinversión sumado a la posición oligopólica del mercado con respecto a los productos de destilería, las bajas contundentes en el volumen de producción sumado a la saña posición expoliadora que  manifiestan a la hora de renegociar los contratos de áreas productoras demuestran dos cosas: La falta de responsabilidad social empresaria de los privados (que solo buscan la ganancia en su patrimonio) y la ausencia de poder político en el estado para definir la puesta en valor de las riquezas que nos son propias y deberían redundar en beneficio de todos los ciudadanos.
Soberanía política 
A grandes rasgos, las finanzas provinciales en todo el país se dividen en dos finas arquitecturas económicas: los FONDOS POR COPARTICIPACIÓN NACIONAL Y LOS INGRESOS IMPOSITIVOS en la estructura primaria con cuentas nacionales y los fondos por regalías, ligadas directamente a la producción de cada provincia (estimados estos valores por variables cuali-cuantitativas y ubicación geográfica regional) y determinados por la negociación directa de los Estados Provinciales, regidas cánones porcentuales que dan un piso de negociación federalizando el sistema. El caso específico de Santa Cruz radica en el sistema de cuenta de fondos unificados en donde ingresan los fondos de la nación para una redistribución definida por la política financiera del estado provincial y los fondos por regalías pertenecen a cuentas provinciales coparticipables. Teniendo en cuenta esta organización es que debemos ponernos de pie y sentirnos dueños de nuestro suelo a la hora de hablar de su producido sabiendo que de ello depende el bienestar y el bien de nuestros pueblos y su clase dirigente.
Justicia social 
Los principios doctrinarios enunciados en la Constitución Nacional de 1949 se fortalecen en un mundo de posguerra no menos convulsionado que el de hoy. La necesidad de afianzar el Estado administrador frente al embate del liberalismo privatista es la gran lucha que la clase dirigente afronta en este proceso de decadencia neoliberal del siglo XXI en un país que nunca logró consolidar burguesía o empresariado nacional y entregó (en una mezcla explosiva de corrupción y conformismo) sus intereses y beneficios a la oligarquía transnacional que halló cultivo en dirigentes que actuaron a espaldas de los intereses populares, exceptuando honrosos casos como las conquistas del justicialismo.
Hoy no podemos ni debemos claudicar en esta doctrina que solo busca el beneficio de los más y si es por ello, estamos dispuestos a acompañar todas las decisiones que recurran en recuperar la dignidad del estado, la fortaleza de la política como herramienta de cambio y la democracia como único elemento valedero para discutir en condiciones de igualdad los intereses de las partes que componen la nación.      

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