Ministro Blassiotto le mete presión a diputados

Al respecto, el ministro de Economía y Obras Públicas, José Blassiotto, en declaraciones a LU 14  sostuvo que hay que pensar primero en las necesidades de la gente y no en los intereses de las empresas.

«La Provincia está llevando adelante enormes esfuerzos para obtener ingresos de parte de sectores que hoy tienen excedente de renta» comentó el Ministro, en tanto, aclaró que «las mineras, no solamente en Santa Cruz sino en toda Argentina, ya han pasado una etapa de inversión, y hoy, están en pleno proceso de producción con excedentes de renta, salvo algunas empresas que se están estableciendo en los últimos tiempos».

Por ese motivo puntualizó que «los impuestos que impulsa el Poder Ejecutivo Provincial (P.E.P.), en este caso, a la propiedad minera y a los Ingresos Brutos con respecto a la exportación de los recursos no renovables, se hace para obtener 205 millones de pesos anuales, y si nosotros hacemos hoy la división de esa suma nos da alrededor de 17 millones de pesos por mes».

“Eso es como el cincuenta y cinco o sesenta por ciento de lo que tenemos hoy en la administración provincial para una recomposición salarial» subrayó, en tanto señaló que «nosotros contamos hoy con 30 millones de pesos por mes para poder afrontar un aumento de sueldo y esto es gracias al esfuerzo de todos los santacruceños que en los últimos tiempos están viendo una mejoría en la economía a partir de la optimización del gasto público y del hecho concreto que los trabajadores públicos no tienen un incremento salarial desde hace veinte meses conforme a los parámetros inflacionarios».

Respecto a la posición del diputado por el Pueblo de Caleta Olivia, Alexis Quintana, quien afirmó en algunos medios que de aprobarse la ley del impuesto minero no se podría cobrar y que si se pudiera hacer la suma no llegaría más que a unos 105 millones de pesos, el titular de la cartera económica explicó que el diputado «está hablando de un sólo impuesto y yo estoy hablando de los dos, el Inmobiliario Minero que serían 155 millones de pesos y el de Ingresos Brutos sobre las exportaciones de los recursos no renovables que se traduciría en 55 millones de pesos».

En ese sentido expuso que «me parece desafortunado señalar que una ley sancionada por la Cámara de Diputados no se va a poder aplicar porque la minería no va a cumplir con ella, eso me hace pensar que no se está queriendo tratar esta norma que beneficiaría a todos los santacruceños porque iría en detrimento de empresas mineras».

Blassiotto indicó que «este tema no tendría que circunscribirse a una discusión sobre la constitucionalidad o no de la norma, porque cuando hay una ley que se sanciona y se la recurre por inconstitucional para no ser cumplida se hace a pedido de parte, y por eso, yo creo que debería ser aprobada, porque si las mineras creen que la norma es inconstitucional se pueden presentar ante la justicia para hacer el reclamo».

Consultado sobre el reclamo de algunos municipios respecto a que se cumpla con la Ley 3267, conocida también como Ley Arabel, el funcionario recalcó que «no es operativa» porque «cuando se crea una norma a través de la cual se van transferir fondos a las comunas se tiene que dejar establecido claramente de donde se van a sacar esos recursos, o sea que para su aplicación hay que modificar la Ley de Presupuesto Provincial, y esto no ocurrió».

«La Ley de Presupuesto Provincial del 2012 –continuó- no se modificó para hacer viable la norma Arabel y que se puedan transferirse los fondos que esa misma norma está planteando, y por otro lado, cuando se lee la Ley 3267 en todo su conjunto entendemos que estamos hablando de un fondo para todos los municipios, pero no se establece cuánto iría a cada comuna».

«Además –agregó- lo que es más preocupante es el Artículo Tercero de la Ley Arabel, donde se habla de las compensaciones de los adelantos de coparticipación, porque cuando dice que los adelantos de coparticipación de la provincia van a ser acreencias estamos hablando de un requisito para la operatividad de la norma. Para que la normativa sea viable necesita de un estudio previo entre la Secretaria de Hacienda de Santa Cruz y las secretarías de Hacienda de cada municipio para determinar cuántos adelantos de coparticipación se remitieron a la comuna, y entonces, recién estaríamos en condiciones de analizar cuál es el saldo. Si el saldo es positivo para la Provincia se hace una compensación».

A modo de ejemplo recordó que ayer, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz, presentó una carta documento, a través de la cual intima al municipio de Caleta Olivia por 752 millones de pesos girados entre el 2007 y el 2012 en concepto de adelanto de coparticipación. En ese contexto reflexionó diciendo que «estamos en un mando donde la comuna mencionada está solicitando entre 60 y 70 millones de pesos por la Ley Arabel y como el Artículo Tercero de esa norma es un requisito para el cumplimiento de la misma, o sea, para que se le giren los fondos a esa localidad primero se tiene que ver cuánto se le adelantó en concepto de coparticipación, yo no se si el saldo sería positivo para Caleta Olivia».

En relación al proyecto de algunos legisladores provinciales en cuanto a proponer que el P.E.P. gire los fondos del presupuesto de la Legislatura y del Poder Judicial en su totalidad, el funcionario dijo que «se trata de una propuesta aplicable en el caso de que el presupuesto de la Provincia sea equilibrado, pero la realidad de hoy es que ninguna provincia argentina tiene su presupuesto equilibrado, muy por el contrario, presentan déficit, y eso hace, en nuestro caso, que girar los fondos a los dos poderes en forma automática sea imposible porque va en detrimento de la atención a los servicios esenciales que presta el Poder Ejecutivo».

«Lo que es peor –añadió- además afectaría el pago de los sueldos, porque si debemos priorizar el cumplimiento del presupuesto del Poder Legislativo y del Poder Judicial tenemos que desatender el tema de los salarios. El presupuesto provincial es deficitario y al no tener de donde sacar los recursos para recomponerlo tenemos que administrar los fondos para atender las necesidades esenciales de todos los poderes, pero sobre todo para atender los servicios que son esenciales para la población».

De esta forma, concluyó explicando que «desde el Poder Ejecutivo, lo que estamos haciendo es optimizar los recursos para que se puedan pagar los salarios en tiempo y forma, pagar los códigos, pagar los aportes patronales, hacer frente a las obligaciones esenciales que tiene el Estado y pensar en una recomposición salarial que no sólo creemos que es necesaria sino que también sostenemos que es nuestra obligación».