Diputados consensuaron proyecto sobre la erradicación de la trata de personas

Además de la prohibición de establecimientos que propician la trata de personas, se crean las Oficinas de Rescate y Asistencia de las víctimas, y una Mesa Interministerial para la elaboración de políticas públicas, como ámbito permanente de acción y coordinación institucional.

jueves, 10 de abril de 2014 · 00:00

Los diputados del Frente para la Victoria – Partido Justicialista, analizaron los dos proyectos que fueron presentados por los legisladores Oscar Sandoval y Claudia Martínez respecto de la erradicación en Santa Cruz de la trata de personas, partiendo del análisis de la legislación nacional vigente - que incorporó este delito a los Códigos Penal y Procesal Penal, siendo éstas de orden público, por lo que no requieren de la adhesión de las provincias – y teniendo en cuenta las Directrices y Puntos Focales que establece el Protocolo Nacional para la aplicación de la norma nacional, compromiso de implementación asumido por el Poder Ejecutivo provincial en los años 2008 y 2012.

En ese sentido, luego de la contraposición de ambos proyectos, y evaluar en cada punto cuál de las dos alternativas era la mejor de las opciones en lo que respecta no sólo a la existencia de establecimientos que propician la trata de personas, sino también la diagramación de protocolos de rescate y asistencia a las víctimas, se acordó la creación de estructuras gubernamentales que lleven adelante esta tarea y una instancia en la que se definan, se delineen y se coordinen políticas públicas para la erradicación de este flagelo.

Es así que dentro del articulado de la normativa que se consensuó, quedó establecida “la prohibición de la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración, explotación y/o habilitación comercial bajo cualquier forma, modalidad o denominación de manera ostensible o encubierta de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, de establecimientos o inmuebles públicos o privados y/o locales comerciales bajo cualquier forma, cuando sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución ajena, donde se facilite el proxenetismo o cualquier modo de explotación de personas”.

Se crea a su vez la Mesa Interministerial para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia de las víctimas – bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros – con el fin de constituir un ámbito permanente de acción y coordinación institucional, la que estará integrada por los ministerios de Gobierno, Desarrollo Social, Salud y Economía y Obras Públicas, las secretarías de Estado de Derechos Humanos, de Trabajo y Seguridad Social, subsecretarías de Niñez, Adolescencia y Familia y de la Mujer, como así también el Consejo Provincial de Educación.

Con relación a los equipos de intervención, se crea la Oficina de Rescate de Personas Victimas de Trata y de Explotación, en el ámbito del Ministerio de Gobierno, que implementará en todo el territorio provincial el Protocolo de Actuación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las personas damnificadas por el delito de trata, conforme a lo establecido en el

Anexo Primero de la Resolución 1932/12 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Entre sus objetivos, se destacan el diseño de “estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que contribuyan a prevenir, combatir y rescatar victimas de trata de personas en concordancia con los Protocolos Nacionales”; “prever e impedir cualquier forma de re-victimización de las víctimas de trata y explotación al momento del rescate”; “capacitar y especializar a los funcionarios públicos de todas las instituciones vinculadas a la protección y asistencia a las víctimas, así como a las fuerzas policiales, instituciones de seguridad y funcionarios encargados de la persecución penal y el juzgamiento de los casos de trata de personas con el fin de lograr una mayor profesionalización” y “asegurar en la primera etapa de la intervención la asistencia médica inmediata; psicológica, jurídica y la cobertura de las necesidades prioritarias de albergue, alimentación y vestimenta velando por la protección integral de sus derechos, su seguridad e integridad física”, entre otros.

Así mismo, la Ley prevé la creación de la Oficina de Asistencia a Personas Víctimas del Delito de Trata y Explotación, que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, teniendo como misión implementar en todo el ámbito de la provincia un Protocolo de intervención que asegure el cumplimiento de los principios básicos establecidos por el Protocolo Nacional de Asistencia a las víctimas de trata y explotación y las Directrices de los Puntos Focales que fueron suscriptos oportunamente por el Gobierno Provincial.

Esta Oficina, velará por “el restablecimiento y ejercicio de los derechos de las víctimas, por medio de la implementación de estrategias integrales con enfoque territorial que involucren las áreas médicas, psicológicas, social, jurídica, educativa y de generación de ingresos, buscando brindar una asistencia integral de las víctimas”, con una actuación en dos etapas: la primera, brindado alojamiento, asistencia médica, atención psicológica individualizada, asistencia social, espacios de recreación, asesoramiento jurídico, provisión de documentación, condiciones de seguridad, retorno voluntario asistido; y una segunda etapa, en la que se implementaran “acciones tendientes al auto-valimiento y empoderamiento de las víctimas para la reconstrucción de su proyecto de vida”.

Finalmente, se informó que además de los autores de los proyectos, participaron del análisis realizado en el bloque del Frente para la Victoria, los diputados Leonardo Álvarez, Stella García, Rubén Contreras, Darío Galbán, Carlos Albrieu, Silvio Suárez, Martín Paiva, Roberto Fernández, Miguel Guanes y Jorge Arabel.