"La multa se la tendrían que cobrar al intendente Cantín"

Mediante un comunicado, el Partido Obrero señaló: "Lo que realmente está en juego en
este conflicto es el tope salarial que quiere imponer el gobierno nacional de
un 27 % en cuotas. En este sentido, la lucha municipal es la expresión local de un proceso nacional de huelgas que involucra a los
bancarios y, especialmente, a la huelga general de los aceiteros en los puertos
del gran Rosario. En todos los casos, el tema es impedir que los trabajadores
conquisten el 36-40 % que es el cálculo de la inflación real. Por eso, el
gobierno está empeñado en apaciguar la crisis económica sobre la base de hacer
caer el salario real y, así, pretende que la crisis la paguemos los
trabajadores".

Además  sostuvo: "Es más grave aún en Río Gallegos
donde la gestión de Cantín ha sido tan pobre, tan escasa de iniciativas y,
sobre todo, tan plagada de irregularidades y sospechada de corrupción por lo
que el Intendente carece de autoridad moral para enfrentar o disciplinar a los
trabajadores. De hecho, las lamentables condiciones en que se encuentra hoy
nuestra ciudad no son responsabilidad del SOEM, sino del gobierno municipal".

Indicaron que "las irregularidades financieras del
municipio siguen impunes y la "justicia”, por este lado, no aparece. No
obstante, sí aparece para tratar de ahogar reclamos vitales ya que si los
municipales triunfan, habilitarán objetivamente la exigencia de reabrir las
paritarias que cerraron por salarios de miseria como la de la administración
central".

Ante esto, el partido reclamó "a las
autoridades nacionales, provinciales y municipales (¿No era nación, provincia y
municipio?) la satisfacción del reclamo salarial de los trabajadores", y rechazó "la multa de
Marinkovic contra los municipales por ser un fallo político y antiobrero cuyo
único propósito verdadero es quebrar la huelga".

"El Partido Obrero reclama la
convocatoria a la Estatuyente junto a las próximas elecciones para que Río
Gallegos tenga su Carta Orgánica y se puedan establecer mecanismos de control
popular directo sobre los manejos financieros, la eliminación de la Ley de
Lemas y la revocabilidad de los cargos en el ordenamiento legal del municipio", finalizó el comunicado.