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Piden que el Tribunal de Cuentas de a conocer informe sobre gestión de Cantín
Así lo pidieron los ediles en la Comisión de Legislación General. El informe parcial administrativo contable que en noviembre del 2014 publicó Nuevo Día, advirtió serias irregularidades e indicó que había razones suficientes para elevar a denuncia penales contra el intendente y funcionarios.
La Comisión de Legislación General del Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos dio inició esta mañana a sus reuniones correspondientes al presente periodo legislativo, presidida por el concejal Evaristo Ruiz y conformada por los ediles Fabián Leguizamón y Osvaldo Scippo.
De acuerdo al temario del día, en primer lugar, se procedió al tratamiento de dos resoluciones impulsadas por el edil Ruiz: uno solicita al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz la finalización del informe final de la auditoria administrativa contable realizada en la Municipalidad local en junio de 2014; el otro, solicita al Ejecutivo Municipal constituirse como parte querellante en las causas penales en trámite ante el juzgado de Instrucción N°1. Ambos expedientes recibieron despacho favorable.
EL INFOME PARCIAL
En noviembre del 2014, Nuevo Día publicó detalles de los resultados de la auditoría que llevó la firma de los cuatro miembros del Tribunal (tres del PJ-FVS y uno de la minoría por la UCR) que hicieron "presumir la existencia de presuntos ilícitos” , por lo cual dicho cuerpo consideró la necesidad de presentar una denuncia penal.
Casi al inicio, en la segunda página de la cédula fechada 13 de noviembre, el Tribunal advirtió que "algunos funcionarios” tuvieron "reticencia” en "suministrar información” o que "entregaron información parcial e incompleta”.
La primera irregularidad que expusieron, fue la existencia de 26 cuentas bancarias habilitadas en el Banco Nación "que no cuentan con la apertura de registros bancarios correspondientes”.
Luego se especificó el punto "Contrataciones”, el cual incluyó 10 puntos que detallaron expedientes que incluye la compra de pan en la Panadería Santa Cruz (trascendió que el municipio pagó durante el 2.013 a 37 ,50 el kilo de pan, cuando este en realidad valía 17 pesos).
También se adjuntaron expedientes sobre compras, contracciones directas, alquiler de topadoras, camiones volcadores, 13 contenedores a la firma Ricardo González Cárdenas), y moto niveladoras a la empresa Austral Logística.
El Tribunal incluyó además expedientes sobre alquiler de máquinas viales a la firma Diego Carlos Riestra (de esta empresa también se detallan facturas que emitió con sus respectivos números) y Austral logística.
En el caso de Obras Públicas en ejecución, para licitaciones públicas, el Tribunal resaltó que "merecen un pronunciamiento más exhaustivo ”, pero advirtió que detectaron "irregularidades en el procedimiento de contratación ” en una licitación privada 002-MRG-2014 EXPTE N 6496 /2013, y en OCHO licitaciones públicas.
En el punto "Alquileres” el Tribunal puso especial acento en el inmueble situado en España 36, el cual señala que "debe ser investigado”.
Los más duro del informe , es que sostiene que "a priori” las conductas de los de los funcionarios se encuadrarían en las figuras de "incumplimiento de los deberes de funcionario público , defraudación en grado de tentativa, negocios incompatibles con la función pública , abuso de autoridad y/o otras figuras típicas del Código Penal”, y que por ello "corresponde formular la correspondiente denuncia penal” (en los términos del artículo 166, 169, y concordantes del, y el artículo 67 de la ley 500-e instruye a que efectúe la presentación al Procurador Fiscal).
De acuerdo al temario del día, en primer lugar, se procedió al tratamiento de dos resoluciones impulsadas por el edil Ruiz: uno solicita al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz la finalización del informe final de la auditoria administrativa contable realizada en la Municipalidad local en junio de 2014; el otro, solicita al Ejecutivo Municipal constituirse como parte querellante en las causas penales en trámite ante el juzgado de Instrucción N°1. Ambos expedientes recibieron despacho favorable.
EL INFOME PARCIAL
En noviembre del 2014, Nuevo Día publicó detalles de los resultados de la auditoría que llevó la firma de los cuatro miembros del Tribunal (tres del PJ-FVS y uno de la minoría por la UCR) que hicieron "presumir la existencia de presuntos ilícitos” , por lo cual dicho cuerpo consideró la necesidad de presentar una denuncia penal.
Casi al inicio, en la segunda página de la cédula fechada 13 de noviembre, el Tribunal advirtió que "algunos funcionarios” tuvieron "reticencia” en "suministrar información” o que "entregaron información parcial e incompleta”.
La primera irregularidad que expusieron, fue la existencia de 26 cuentas bancarias habilitadas en el Banco Nación "que no cuentan con la apertura de registros bancarios correspondientes”.
Luego se especificó el punto "Contrataciones”, el cual incluyó 10 puntos que detallaron expedientes que incluye la compra de pan en la Panadería Santa Cruz (trascendió que el municipio pagó durante el 2.013 a 37 ,50 el kilo de pan, cuando este en realidad valía 17 pesos).
También se adjuntaron expedientes sobre compras, contracciones directas, alquiler de topadoras, camiones volcadores, 13 contenedores a la firma Ricardo González Cárdenas), y moto niveladoras a la empresa Austral Logística.
El Tribunal incluyó además expedientes sobre alquiler de máquinas viales a la firma Diego Carlos Riestra (de esta empresa también se detallan facturas que emitió con sus respectivos números) y Austral logística.
En el caso de Obras Públicas en ejecución, para licitaciones públicas, el Tribunal resaltó que "merecen un pronunciamiento más exhaustivo ”, pero advirtió que detectaron "irregularidades en el procedimiento de contratación ” en una licitación privada 002-MRG-2014 EXPTE N 6496 /2013, y en OCHO licitaciones públicas.
En el punto "Alquileres” el Tribunal puso especial acento en el inmueble situado en España 36, el cual señala que "debe ser investigado”.
Los más duro del informe , es que sostiene que "a priori” las conductas de los de los funcionarios se encuadrarían en las figuras de "incumplimiento de los deberes de funcionario público , defraudación en grado de tentativa, negocios incompatibles con la función pública , abuso de autoridad y/o otras figuras típicas del Código Penal”, y que por ello "corresponde formular la correspondiente denuncia penal” (en los términos del artículo 166, 169, y concordantes del, y el artículo 67 de la ley 500-e instruye a que efectúe la presentación al Procurador Fiscal).
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