Despidos petroleros: La Provincia dio el último plazo a YPF para que resuelva la situación

El viernes de la semana pasada debía realizarse otra reunión dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Nación en el conflicto entre trabajadores petroleros y la empresa San Antonio. El encuentro fue suspendido y a raíz de ello la Provincia dio un último plazo a YPF para dar una solución a los más de 300 trabajadores que recibieron sus telegramas de despido.



El viernes acudieron al encuentro el Vicegobernador Pablo González, los representantes de los trabajadores petroleros Claudio Vidal y José lludgar, el Presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz Jaime Álvarez, quienes esperaron junto a autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación quienes se indicaron que el encuentro estaba suspendido.



En el encuentro anterior cada parte expuso la situación y habían pasado a un cuarto intermedio a la espera de poder llegar a un acuerdo para salvaguardar los puestos de trabajo petroleros.



Hay que recordar que la medida de fuerza avalada por el sindicato de los petroleros convencionales comenzó a gestase luego de que San Antonio, contratista de YPF, formalizó el despido de cuarenta operarios de equipos de torre y mantenimiento que residen en Las Heras. Fue como consecuencia de la drástica baja de perforaciones que la operadora estableció en sus yacimientos. Luego emitieron cientos de telegramas de despido a trabajadores.



Ante esta situación, el secretario general, Claudio Vidal viajó a Buenos Aires y junto al vicegobernador Pablo González y el presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, Jaime Álvarez comenzó las reuniones con autoridades de YPF.



La postura de los representantes de los trabajadores petroleros es oponerse a la flexibilización de los derechos de los trabajadores los despidos y la reducción salarial. Exigiendo a las operadoras, principalmente a YPF que reactive el programa de perforaciones.



La Provincia se enmarca en las facultades de que otorga la Emergencia Provincial Hidrocarburífera que tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. A través del Consejo Provincial Hidrocarburífeo, el Estado puede revisar y controlar los compromisos de inversión a los que están obligados las empresas permisionarias de exploración y concesionarias de explotación de hidrocarburos existentes en Santa Cruz; además puede exigir a las empresas permisionarias y concesionarias la reactivación de los programas de exploración y explotación, recuperando los niveles de actividad que permitan



sostener el empleo. También pueden promover acuerdos con las empresas concesionarias que determinen la absoluta prohibición de realizar despidos sin expresión de justa causa hasta tanto dure la emergencia declarada.