De Vido pagó U$S 70 millones por un gasoducto que no se hizo en Santa Cruz

Antes de dejar del poder firmó un polémico contrato sin licitación, ni auditorías y con sobreprecios.Además, se le entregó a la empresa BTV un adelanto de 70 millones de dólares el 2 de diciembre del 2015 sin que la obra, hasta el momento, haya comenzado en Santa Cruz, entre otras irregularidades.
domingo, 15 de julio de 2018 · 20:53

Por primera vez se encontró la firma del exministro de Planificación, Julio De Vido, en un polémico contrato para la construcción de un gasoducto en Santa Cruz por 218 millones de dólares. El contrato se negoció sin licitación pública, sin auditorías y con sobreprecios.

Además, se le entregó a la empresa BTV un adelanto de 70 millones de dólares el 2 de diciembre del 2015 sin que la obra, hasta el momento, haya comenzado, entre otras irregularidades. Es decir, 8 días antes de entregar el poder al gobierno de Mauricio Macri.

El resto de los 218 millones no se alcanzaron a entregar porque el entonces ministro de Energía de Cambiemos, Juan José Aranguren ordenó frenar los pagos.

Denuncias

Es por eso que la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, denunciará el lunes a De Vido, al exgobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta,  a los ex secretarios de Energía Daniel Cameron y Mariana Matranga, al ex titular del ENARGAS, Antonio Pronsato y al presidente de la empresa BTU, Carlos Mundin. La denuncia incluye a los ex miembros de Nación Fideicomisos Enrique Arceo, Gabriel Camilletti, Daniel Celestino Fernández, Roberto Mandolesi, Daniel Moreno, Patricia Finvarb, Marias de las Mercedes Archimbal, Cecilia Carabelli, Federico Marongiu, María Suárez Villabona y Federico Casanovas y a los directivos de la empresa estatal Distrigas Oscar Riego y Segundo Santana.

Los acusados serán denunciados por negociaciones incompatibles con la función pública, fraude al Estado y quizás lavado de dinero.

En la denuncia de la OA se afirma que “se aumentaron injustificadamente los precios de la obra, alteraron las condiciones de los mecanismos de financiamiento y autorizaron pagos totalmente ilegales, en su propio beneficio y en detrimento del patrimonio estatal”. Fuente: Clarín