Los millones destinados al traslado del vaciadero que desaparecieron en la gestión Cantín

La quema constante del vaciadero que en las últimas horas pobló de humo tóxico la capital santacruceña, causando reacciones de todo tipo en los vecinos de la ciudad quienes en muchos casos vieron interrumpido su descanso por el intenso humo que ingresó en sus casas, todo ello como consecuencia de desmanejos durante varias gestiones municipales que hoy tienen la lupa judicial sobre sí, puntualmente sobre el ejercicio trunco de Raúl Cantín al mando de la intendencia durante el cual se giraron fondos del programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) y que arrojó irregularidades en el manejo de los fondos que debían ser destinados para su ejecución.

En el marco de esa causa, se investiga el destino de 600 millones de pesos otorgados a cinco municipios entre 2013 y 2015, entre los cinco funcionarios, el ex intendente capitalino Raúl Cantín fue citado a indagatoria y al momento no se presentó ante el juez Bonadío. 

En el marco de esa causa, auditores de la SIGEN y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable visitaron Río Gallegos, comprobaron que las obras que debían realizarse con dichos nacionales brillaban por su ausencia.

Cuando Cantín gobernaba la capital santacruceña, antes de renunciar en julio de 2015, solicitó fondos para instalar "una planta de transferencia, clasificación, compactación y acopio" de residuos que a la luz de los hechos, no se efectivizó.

La resolución 198 de la Jefatura de Gabinete, del 30 de diciembre de 2013, "aprobó un desembolso de $ 25.176.903,60". El municipio hizo una primera rendición, pero después pidió más fondos y cambió el proyecto. En octubre de 2015, Jefatura de Gabinete "aprueba un segundo desembolso de $ 34.278.245,25".

De aquella visita de los auditores a la capital santacruceña afirmaron en su informe que "no se construyó la planta de transferencia proyectada", que "el proyecto original no resolvía problema alguno", que "se efectuó el segundo desembolso sin que se haya aprobado la rendición de la primera transferencia" y que "se han gastado más de $ 38 millones sin que se haya mejorado en nada el tratamiento de los residuos sólidos urbanos".

Existe una sentencia firme del Juzgado Civil N°2 que ordena al municipio a trasladar el vaciadero, sin embargo, tampoco se efectuó. 

El tiempo pasó, los fondos desaparecieron y sumieron a Río Gallegos en un estado de emergencia alarmante que condena a sus vecinos y vecinas a respirar diariamente aires que lejos están de ser de pureza patagónica y mucho tienen de desidia política. ¿Quien se hace cargo? (El Diario Nuevo Día)