Mazú ocupará la banca que deja vacante Pablo Grasso en Diputados

Si bien se lo condenó recientemente a 4 años de prisión Matías Mazú gozará de los fueros que le otorgaran al asumir la banca el próximo 10 de diciembre. Banca que dejará libre Pablo Grasso, recientemente elegido como intendente de Río Gallegos.
martes, 29 de octubre de 2019 · 20:19

El pasado mes de agosto, al desarrollarse las elecciones de gobernador y Vice en Santa Cruz, se eligieron los diputados provinciales donde Pablo Grasso salió victorioso. 
Pero pasadas las elecciones comunales, y siendo elegido como intendente de Río Gallegos, Grasso renunciará a su banca dejándole el lugar a Matías Mazú.

El ex intendente de Río Turbio y titular del bloque del Frente para la Victoria, fue condenado a 4 años de prisión por peculado, decisión que adoptó el Tribunal Oral Federal 7, y que Mazú apeló en casación.

Pero la gran elección de Grasso para la intendencia de Río Gallegos le permitirá a Mazú gozar de los fueros que le dará la banca de legislador que deja vacante el nuevo intendente que asume el 10 de diciembre.

La única manera que Matías Mazú quede tras las rejas es que sus pares de la Cámara de Diputados traten y aprueben en el recinto el desafuero, pero los antecedentes de la legislatura, teniendo la mayoría, hacen que esto sea muy poco probable, casi imposible.

Condena

El Tribunal Oral Federal 7 condenó el 18 de octubre al ex presidente de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain a la pena de 4 años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de peculado, en una causa en la que se investigó la sustracción de 50 millones de pesos destinados a la construcción de una ruta que nunca se hizo. 

Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero dieron las mismas condenas al resto de los acusados: Atanacio Pérez Osuna (ex interventor e Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT); el ex coordinador de YCRT Miguel Angel Larregina, el diputado provincial Horacio Mazú y el ex asesor Juan Vargas. 

Según informó el tribunal, las detenciones se harán efectivas una vez que el fallo quede firme y los condenados están obligados a restituir el dinero. El único que está preso es Pérez Osuna, que continuará detenido.

Cuando la fiscal Fabiana León pidió la condena indicó que "el hecho que origina este juicio es un hecho de corrupción", durante el juicio se trató el pago de un anticipo de 50 millones de pesos a la empresa Fainser, de Lascurain, por la construcción de una ruta que nunca se hizo. León pidió una pena de cuatro años y medio para los acusados por el delito de peculado. 

Se trata de la primera de las investigaciones por delitos en Río Turbio que es juzgada.  Hace pocas semanas, el juez federal Luis Rodríguez envió a juicio al detenido ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, Julio De Vido, y al ex secretario de Coordinación del Ministerio Roberto Baratta, entre otros, por supuesta defraudación en la parte central del caso.

Al momento de pedir la pena por peculado, la fiscalía sostuvo que "el cúmulo de pruebas permite afirmar que esa entrega de dinero fue una sustracción de caudales, y está prevista en el Código Penal como peculado", sostuvo León en la audiencia que se realizó en el Palacio de Tribunales porteño, donde tiene su sede el Tribunal Oral Federal 7.

Además remarcó que el pliego de condiciones que licitó la construcción de la ruta de siete kilómetros, el llamado "Camino de los Mineros" para facilitar el tránsito en la zona del Yacimiento, "no preveía pago de anticipo alguno". Entendió la representante del ministerio Púbico Fiscal, que la "contribución de Lascurain fue imprescindible para sustraer los 50 millones de pesos" entregados como anticipo en tres pagos, el último de ellos el 9 de diciembre de 2015, "cuando ya se sabía que iba a cambiar la intervención de YCRT".

La causa
En el marco de la defraudación por el mal manejo de los fondos que debían dirigirse a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), hubo una partida presupuestaria que involucró a Fainser, una empresa del ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain que recibió fondos millonarios por una obra inconclusa. Quedó procesado por defraudación al Estado y el juez Luis Rodríguez lo envió a juicio oral junto al ex intendente de la localidad, Atanasio Pérez Osuna y al diputado K Matías Mazú.

Muchas de las obras proyectadas para la modernización y puesta en marcha del Complejo Minero “no se completaron” y contaron con “sobreprecios e irregularidades administrativas”.

Cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió la elevación a juicio de la investigación, acusó a Lascurain como partícipe necesario del delito de sustracción de fondos federales, mientras que al ex interventor de Yacimiento Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y actual intendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna lo acusó de autor de ese delito. El intendente santacruceño dijo que las órdenes para hacer la obra de pavimentación se la dio el ex secretario de Coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta, el ayudante estrella de Julio De Vido en el ministerio de Planificación cuyo chofer -Oscar Centeno- registró la fabulosa recaudación de sobornos en sus ya legendarios cuadernos.

Para la Justicia, Mazu (actual diputado del FPV) y Pérez Osuna “habrían primero seleccionado y diagramado una estructura jurídica sobre cuya base se erigió el desvío” y luego coordinaron con la empresa Fainser, que resultó adjudicada para la realización la obra, la forma y condiciones del desvío” de 50 millones de pesos.

El presupuesto fijado por el extinto Ministerio de Planificación para 7 kilómetros de pavimentación (que nunca se hicieron) fue de 494.235.000 pesos. La constructora a cargo fue Fainser SA, denunciada en esta causa por el actual interventor de YCRT, Omar Zeidán y cuya apoderada es la hija de Alicia Kirchner.

Los funcionarios, junto a Lascurain y Mazu “habrían actuado de manera consensuada, primero en orden a retirar la factura presentada a la Municipalidad, y en segundo lugar, a reordenar los pagos, fragmentarlos y presentarlos en suficiente tiempo y forma a YCRT, para que ésta, a menos de diez días del cambio de autoridades a nivel nacional y municipal, le girase fondos federales por 50 millones de pesos, por medio de tres pagos que fueron desviados de los fines legítimamente previstos, enmarcados bajo “anticipos financieros” no previstos en el convenio específico”.

Los pagos se instrumentaron librando tres cheques "retirados por la empresa, que alteró el circuito reglado en el convenio invocado". En efecto, el convenio específico estipulaba que los montos habrían de depositarse primero en las cuentas de la Municipalidad y luego ésta habría de destinarlos a los fines indicados.

Al igual que el fiscal, el juez Rodríguez sostuvo que dicho mecanismo "fue deliberadamente omitido, lo que marca la consciencia de los imputados de estar actuando de manera irregular en pos de materializar el desvío antes del cambio de autoridades”.