"Peaje" en Río Gallegos: el diálogo no rindió frutos y confirman inicio de acciones judiciales
La ministra de Gobierno de Tierra del Fuego, Adriana Chapperón, dio a conocer las gestiones realizadas con el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, para intentar revertir el cobro del canon al transporte de carga a partir del 1° de marzo en un puesto sanitario dispuesto por el municipio santacruceño.
Lamentablemente el diálogo no rindió frutos y Grasso sostuvo que “tiene todos los permisos” para imponer esta suerte de peaje a todos los camiones que cruzan la ciudad. Incluso, ante la advertencia de iniciar acciones judiciales por la inconstitucionalidad de la medida, la respuesta fue que “hagan lo que consideren”.
Chapperón observó que el canon, que hoy supera los 3 mil pesos, está establecido en unidades fiscales que se actualizan, sin poder prever a cuánto podrá llegar el valor. “Me puse en contacto con el intendente Grasso y ha manifestado que tiene todos los permisos para cobrar el canon en el puesto de Güer Aike, que está fuera del ejido urbano”, dijo por Radio Provincia.
“Tratamos de dialogar, le explicamos que esta medida es inconstitucional, pero él persiste en su postura y nos ha dicho que hagamos lo que debamos hacer. A partir de esta respuesta negativa por parte del intendente, hoy la provincia va a presentar un recurso de amparo, porque se violan derechos constitucionales. El artículo 11 de la Constitución dice que el transporte de productos de una provincia a otra están exentos de cualquier derecho al tránsito”, remarcó.
“La gobernadora de Santa Cruz está al tanto y pidió 24 horas para resolver el conflicto por el diálogo y evitar la vía judicial, pero el intendente Grasso insiste en su postura, y argumenta la necesidad de mejorar las calles de la ciudad, pero esto no lo puede hacer a través del cobro de un canon inconstitucional. Tendrá que buscar los recursos de otra manera, como lo hacen los intendentes de nuestras ciudades”, expresó.
“Los peajes no los determinan los Concejos Deliberantes, que aprobaron esta ordenanza por unanimidad, sino el Congreso nacional. Agotada la vía del diálogo, nosotros tenemos que hacer lo que corresponde”, sentenció.
La ministra apuntó que se trata de “un paso obligado. No hay forma de no pasar por ahí. Según el intendente hay un camino alternativo, pero no tiene asfalto y no le corresponde a la municipalidad el mantenimiento porque está fuera del ejido. Esto significa que no hay un paso alternativo”, concluyó. (Sur54)
