Minería: Santa Cruz recibe más por soja que por sus minerales

El reciente desencanto expresado por el gobernador Daniel Peralta en Santa Cruz, al no lograr el concurso de las empresas mineras que explotan recursos en su territorio cuando se les requirió participar de acciones de "responsabilidad social", además del hecho de que la vecina provincia recibe más ingresos por coparticipación de las retenciones a la soja antes que por el canon minero, son un espejo en el cual conviene empezar a mirar, si se pretende evitar la mala experiencia.

Está claro que la actividad minera no podrá realizarse si antes no hay "licencia social", aunque no está claro aún cuál será el mecanismo para medir dicha posición en la sociedad. ¿Habrá un plebiscito en toda la provincia, como marca la Constitución respecto del uso de los recursos naturales? En todo caso, la respuesta parece proyectarse a una etapa posterior.

Antes habrá que pasar por el debate legislativo, en el cual se apuntará a eliminar la ley que desde el año 2003, tras la consulta popular en Esquel, prohíbe la explotación minera en todo el territorio provincial. La norma tuvo modificaciones durante el gobierno dasnevista, que dejó a salvo la zona cordillerana y habilitó la actividad hacia la zona este, si bien se establecieron prohibiciones temporales, por 3 años desde 2006, que fueron prorrogadas en 2009, con lo cual en junio de este año la última prórroga perderá vigencia.

Cuando la agencia de noticias Opi Santa Cruz dio a conocer el borrador del proyecto en el que estaría trabajando el gobierno provincial, un grupo de diputados provinciales de Chubut presentó un proyecto para suspender de inmediato los cateos y actividades de exploración.

En ese marco, hay una empresa dedicada a la búsqueda de uranio que ha solicitado un permiso de agua pública -a extraer de una vertiente del río Chubut, en cercanías de Paso de Indios- que logró significativos avances para contar con lodos de perforación. Desde el gobierno provincial se habría amonestado severamente a la firma y al propio titular del organismo provincial -Nelson Williams, del Instituto Provincial del Agua- por haber posibilitado el avance del trámite de la firma Uramérica. La posición del gobierno sería que las compañías que requieran agua para cateo, antes inviertan en buscar nuevas fuentes subterráneas.

En el borrador de la presunta ley minera en la que estaría trabajando Chubut, se apunta a la conformación de un Fondo con recursos aportados por las compañías en etapa de explotación, en el marco de las exigencias de responsabilidad social y en línea con el estudio de impacto ambiental.

También desde la conducción de Petrominera se ha dicho públicamente que se apunta a duplicar el canon minero, llevándolo del 3 al 6 por ciento, algo que no termina de ser creíble para quienes advierten que la ley de promoción minera vigente en el país exime a las compañías de mayores aportes.

Vale recordar que el gobernador santacruceño, Daniel Peralta, reconoció ayer, tal como informó Crónica, que la Cámara Minera respondió en forma negativa a un pedido de acciones de responsabilidad social. "Acá hubo operaciones por 3.500 millones de dólares, pero parece que les resulta mucho poner 1 millón de pesos para cada hospital de la provincia", cuestionó el mandatario provincial.

También admitió que hoy Santa Cruz recibe más recursos del Fondo Sojero que por regalías mineras, algo que, confió, se modificará en el Congreso de la Nación ante las distintas iniciativas presentadas.

Volviendo a la provincia de Chubut, vale recordar que la Ley 5001 en su redacción original contemplaba la conformación de un Consejo de Ambiente, con participación de distintos sectores de la sociedad, en cuyo seno deberían evaluarse las posibilidades y eventuales condiciones en que podría habilitarse el desarrollo de la actividad.

Por lo pronto, no son muchos los que participan en la propuesta, más allá de que una vez concluida será sometida al debate legislativo (que estará cruzado también por el termómetro de la interna política del partido gobernante) y no se vislumbra, hasta aquí, el modo en que se medirán los indicadores para construir la denominada licencia social.Fuente Diario Crónica