La Presidenta promulgó la Ley de cruce por aguas argentinas

La ley, registrada bajo el número 26.776, define “como política de Estado la integración física del territorio continental con su territorio insular de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur” y contempla para ello “la conexión marítima entre Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de buques portarodantes”.

Además se establece la continuación de la Ruta Nacional Nº 40 hasta la provincia de Tierra del Fuego. Para ello, en el artículo 3º se determina la realización de un estudio de factibilidad.

Todos los estudios técnicos deben comenzarse en un plazo de 60 días a partir de la promulgación de la ley para lo cual se autoriza al Poder Ejecutivo a readecuar las partidas presupuestarias necesarias para su concreción.

El objetivo del proyecto es resolver demoras e inconvenientes de toda índole que son comunes para los fueguinos y los visitantes, cuando deben atravesar cuatro controles fronterizos para entrar o salir a/de la isla. Asimismo la situación actual no garantiza la fluidez del abastecimiento de una población que ya se acerca a los 200.000 habitantes.

La extensión de la Ruta 40 (que actualmente llega hasta Santa Cruz) hasta Ushuaia habilitaría una segunda vía de conectividad interna en la Isla, permitiendo el desarrollo de nuevos circuitos productivos y turísticos, como así también el establecimiento de nuevos núcleos poblacionales que descompriman a futuro nuestras ciudades y potencien las perspectivas de resolver las necesidades habitacionales.

Finalmente la traza interna de la ruta permitiría acompañar el tendido del interconectado eléctrico. Tierra del Fuego es la única desconectada del Sistema Eléctrico Nacional y su enganche le permitiría, entre otras cosas, vender energía al continente a partir de la industrialización de hidrocarburos, con todas las ventajas que implica avanzar en el agregado de valor a nuestros recursos naturales.