A seis meses del fallo de la Corte, Santa Cruz no cuenta con protocolo de aborto no punible

Desde aquel 13 de marzo, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer un histórico fallo que permite a cualquier mujer interrumpir un embarazo que proviene de una violación sin necesitar una autorización judicial previa ni temor a sufrir una sanción penal, la provincia de Santa Cruz  brilla por su ausencia y no ha dado a conocer  ningún protocolo provincial.

Es que la provincia no debe resolver si adherir o no al fallo del máximo órgano judicial, sino que debe aplicarlo a exactamente seis meses  de l pronunciamiento de los jueces.

Es decir, que ningún Hospital de Santa Cruz cuenta con algún protocolo y en consecuencia no podría aplicar la práctica de existir algún caso. Hasta ahora según se ha mencionado en los medios de comunicación,   los profesionales de la salud  han aducido la objeción de conciencia para no realizar la práctica, aunque en varias provincias, advirtieron que los médicos no pueden interponerla  dado que se debe actualizar la guía de abortos no punibles según lo dispuso la Corte.

El Colegio Médico de Santa Cruz por ahora no dio a conocer ninguna opinión pública al respecto, aunque se estaría trabajando en la creación de un protocolo propio junto a autoridades de la cartera de salud.

Es que en el 2007, el Ministerio de Salud de la Nación presentó una "Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles", y fue muy cuestionada en la gestión del ex ministro de Salud Ginés González García. El  documento no sólo establece que el aborto se debe facilitar a cualquier mujer que haya sido víctima de una violación, sino que aclara que en lo referente al riesgo para la salud de la mujer, se considera tanto la física como la psíquica.

Otro punto es que el máximo órgano judicial solicitó que los protocolos hospitalarios se lleven a cabo sin judicializar los casos de aborto no punible dado que “quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico".

La judicialización "además de ser innecesaria e ilegal, es cuestionable porque obliga a la víctima del delito a exponer públicamente su vida privada, y es también contraproducente porque la demora que apareja en su realización pone en riesgo tanto el derecho a la salud" como su "derecho al acceso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras", sostiene el texto.

Por ahora nada se sabe que sucederá en Santa Cruz. (El Diario Nuevo Día).