Vocales del CPE denuncian penalmente a Borselli

La denuncia contra el titular de área es por la presunta comisión de delitos de Abuso de Autoridad en Concurso Real con Nombramiento ilegal de Cargo Público (Arts. 248, 55 y 253 del Código Penal) y/o la calificación jurídica que el Sr. Fiscal estime adecuada al caso.
Asimismo, los Vocales denunciaron a Marcela Sibral por la presunta comisión de delito de Aceptación ilegal de Cargo Público (Art. 253 del Código Penal) y al Sr. Paulino Javier Freije Fernández por la presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública (Art. 174 inc. 5° del Código Penal).
El motivo de la denuncia a la Sra. Sibral radica en que la misma habría sido designada como Secretaria del Centro Educativo de Formación y Actualización profesional de la localidad de Río Turbio, violando en el nombramiento el Artículo 5° del Acuerdo 146/08 que establece que para la cobertura de cargos del citado Centro se utilizarán los listados vigentes de la Junta de Clasificación de Educación Secundaria para la Escuela Industrial N° 5. La Sra. Sibral no tiene legajo en Junta de Clasificación y no figura en los listados mencionados, violando además los Acuerdos 523/05 y 602/07 y la Ley 14.473 Estatuto del Docente. Esta situación se agrava además por el hecho que la nombrada no presta servicios en el aludido Centro, no reside en la localidad de Río Turbio (estaría residiendo en Río Gallegos) y estaría indebidamente percibiendo en sus haberes la bonificación por zona muy desfavorable (180 %).
En el caso del Sr. Freije, quien se desempeño hasta el 10 de diciembre de 2007 como Vice-presidente del Consejo Provincial de Educación, percibiría sus haberes en la Escuela N° 39 de la ciudad de Río Gallegos, sin que haya concurrido a ese establecimiento a trabajar, desde enero del 2008 hasta la fecha. El mismo residiría en la Ciudad de Buenos Aires.
Los hechos expuestos, demuestran claramente el carácter arbitrario y discrecional con el que las autoridades del C.P.E. violentan la normativa vigente y que se suman a las denuncias ya presentadas desde las vocalías docentes. Al respecto, reiteraron que acciones como estas profundizan el estado de crisis del sistema y de falta de control del presupuesto educativo, no sin antes señalar que este tipo de medidas, provocan un profundo malestar en el sector, dada la innegable cobertura que le brinda el C.P.E. a estas irregularidades. A la fecha, la Presidencia del Consejo Provincial, persiste en esta política de desvalorización de la normativa, autorizando sin instrumentos legales ejecutorios situaciones como éstas, que benefician a personas vinculadas directamente al poder político provincial, tal como ocurre también en los municipios del interior provincial.