Gremio Judicial denuncia inacción en causa iniciada contra Diego Robles 

La denuncia efectuada por la  asociación gremial  judicial  durante el año 2012 funda su texto en el informe técnico y auditoría realizada por dos contadoras, ordenada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, donde han sido señalados en cada párrafo por los profesionales, cuáles serían los delitos en que incurrieron los funcionarios cuestionados. 

En una nota enviada a la jueza Marcela Quintana titular del Juzgado de Instrucción N° Uno el sindicato de los trabajadores judiciales  denuncia inacción por parte de la Justicia provincial.  

El texto de la nota a la que tuvo acceso Nuevo Día indica: Por la presente nos dirigimos a V.S. a fin de solicitar se impulse conforme el ordenamiento legal vigente, el trámite de instrucción sumaria de la denuncia efectuada por el Gremio Judicial en el año 2012, contra los funcionarios Diego L. Robles, Fabio Ariel Vázquez, y/o quienes resultaren responsables penalmente por su carácter de interventores de la Caja de Servicios Sociales de nuestra provincia.

Como es de público conocimiento, la denuncia efectuada por nuestra asociación gremial funda su texto en el informe técnico – profesional de una seria y profunda auditoría realizada por dos contadoras de nuestro medio, ordenada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, donde han sido señalados en cada párrafo por los profesionales, cuáles serían los delitos en que incurrieron los funcionarios.

Que a esta denuncia se le sumaron dos denuncias más ampliando la prueba oportunamente ofrecida, y se requirió desde su inicio la constitución de nuestra parte como querellantes a fin de poder dar el impulso que a esta altura entendemos era indispensable ante la absoluta inacción de vuestra parte, incumpliendo con su deber de investigar “todas” las causas que llegan a su despacho, garantizar el debido proceso y penalizar el delito “sin privilegios”.

A la fecha no sólo no se ha investigado absolutamente nada, sino que tampoco se ha tenido en cuenta ni el pedido de ser tenido por parte querellante ni se ha dado curso al requerimiento de instrucción realizado por la Fiscalía N° Uno, que disponía numerosas medidas a realizar.

No escapa a la conciencia de V.S. el hecho de que la omisión de investigar también es un delito y que en particular esta denuncia tiene consecuencias directas en la salud pública de todos los habitantes de la provincia, ya que la emergencia sanitaria, la falta de profesionales, los cese de pagos de prestadores e instituciones de derivación y proveedores de insumos y medicamentos, es el resultado de maniobras de funcionarios públicos que han actuado como denunció en su informe el Tribunal de Cuentas y nosotros en la denuncia radicada en vuestro juzgado.

Sin más que agregar, solicitamos la urgente designación de los denunciantes como querellantes y  el ordenamiento de la producción de prueba ofrecida, entendiendo que cada día de dilación podría interpretarse como un propiciar a la prescripción de la causa y con ello la garantía de impunidad que es la principal causa del caos institucional de nuestra provincia.