22.300 millones: la millonaria demanda civil por obras en Santa Cruz que Cristina busca frenar

En una nueva avanzada judicial, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió nuevamente cerrar una demanda civil que la señala como responsable de presuntos perjuicios económicos al Estado por maniobras de corrupción en obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz. La solicitud fue rechazada por el juez federal Marcelo Bruno Dos Santos, quien consideró que el expediente mostró avances procesales concretos.

La causa tiene como eje una presentación iniciada en 2018 por Javier Iguacel, entonces titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri. El planteo buscó una compensación de $22.300 millones por los daños ocasionados al Estado a raíz de contratos de infraestructura vial adjudicados en territorio santacruceño, principalmente a la empresa Austral Construcciones, propiedad del empresario Lázaro Báez.

La demanda civil se sustenta en los hechos ventilados en el juicio penal por la denominada "Causa Vialidad", que derivó en condenas por fraude a la administración pública para varios exfuncionarios nacionales y provinciales. Entre los condenados, además de Fernández de Kirchner y Báez, figuran el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, así como exfuncionarios de la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Cruz, como Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Santibañez, Mauricio Collareda y Raúl Daruich.

A pesar de que durante la gestión de Alberto Fernández el proceso civil no registró avances -por decisión del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini-, el gobierno de Javier Milei reactivó la demanda, instando a la Justicia a no dejarla caer por caducidad. 

El magistrado entendió que la incorporación de elementos del fuero penal, como el fallo de la Cámara Federal de Casación que ratifica las condenas, constituyó un movimiento válido que impide el cierre del expediente.

La acción judicial, enmarcada en el fuero Civil y Comercial Federal, expone nuevamente el entramado de adjudicaciones y licitaciones millonarias que tuvieron como escenario principal la provincia de Santa Cruz, donde el vínculo entre el poder político y el empresarial fue eje de cuestionamientos y fallos condenatorios.

La exmandataria, por su parte, sostiene que la demanda no tuvo impulso procesal suficiente y que el caso debe ser clausurado. Incluso pidió apartar al ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti por supuesta parcialidad, aunque el magistrado ya solicitó rechazar esa recusación.

Mientras tanto, desde la Dirección Nacional de Vialidad -parte actora en el proceso- se insiste en que el reclamo debe avanzar, y se denuncia una estrategia dilatoria por parte de la defensa de Cristina Kirchner. El desenlace del caso podría tener implicancias significativas no solo en el terreno judicial, sino también en el escenario político de la provincia, donde los contratos cuestionados dejaron huellas profundas en la infraestructura y en la memoria institucional de Santa Cruz. (Diario Nuevo Día)