Silvia D'Andrea advierte: los municipios deben más de $100 mil millones a la Caja de Previsión Social

Cada 24 del mes, la Caja de Previsión Social cumple con su obligación legal de abonar los haberes a jubilados, retirados y pensionados. Sin embargo, detrás del cumplimiento hay un esfuerzo creciente que pone en evidencia un problema estructural que se arrastra desde hace años. Así lo expresó Silvia D'Andrea, vocal por el Ejecutivo, en diálogo con el programa radial "La Otra Gestión", por Radio Nuevo Día - FM 100.9 donde reveló que la situación financiera del organismo es crítica y que la autonomía del ente se ha visto profundamente deteriorada.

La principal alarma la genera el manejo de los fondos previsionales. Según D'Andrea, "la Caja perdió el manejo de sus cuentas propias durante la gestión del exgobernador Kirchner, y desde entonces todos los recursos pasan por la cuenta única del Estado provincial", lo que ha implicado la pérdida de control sobre deudas clave, especialmente las que mantienen los municipios.

La funcionaria denunció que muchos municipios retienen los aportes de los trabajadores pero no los transfieren a la Caja. "Solo entre enero y mayo de este año, la deuda acumulada por retenciones no remitidas alcanza los $25.000 millones, y la histórica asciende a $111.000 millones", alertó. Además, mencionó que esta distorsión en la administración de fondos se naturalizó al punto de desdibujar los límites entre lo provincial, lo municipal y lo federal.

"La plata de la Caja se usa para otras prioridades, como la obra pública, sin respetar su destino original. Eso está violando no solo la ley previsional, sino también normas contables básicas", remarcó D'Andrea. La situación escaló judicialmente cuando el municipio de Río Gallegos presentó un recurso de "no innovar" ante la justicia, que fue avalado por la Secretaría del juez Bersanelli, impidiendo cualquier intento de ejecución de deuda por parte de la Caja. "No es una medida contra la Caja, es contra los jubilados y beneficiarios", enfatizó.

Según explicó, la ley 1182 que rige el sistema previsional establece instancias de notificación, intimación y ejecución para reclamar las deudas, pero la realidad es que muchos municipios directamente no responden. Algunos, como Puerto Deseado, Perito Moreno o Calafate, mostraron cierta disposición al diálogo, aunque sin avances concretos.

D'Andrea subrayó que el principal problema no es el aporte patronal sino el personal, ya que afecta directamente al futuro de los propios trabajadores. "El trabajador aporta con la expectativa de una jubilación digna, pero ese dinero no está yendo a la Caja. Hoy hay una cadena de solidaridad rota", advirtió.

Para revertir esta situación, propuso conformar mesas de diálogo entre todas las partes: "La Caja necesita cobrar, los municipios deben sincerar sus posibilidades, y los trabajadores merecen garantías. No se trata de cobrar todo de un saque, pero sí de establecer un plan claro", concluyó.

(Fuente: El Diario Nuevo Día)