Abuso sexual en Piedra Buena: el acusado está detenido, pero investigan a policías y funcionarios por omisiones

El hecho ocurrió un sábado y fue denunciado minutos después. Se trató de un abuso sexual con acceso carnal en flagrancia, es decir, cometido de manera inmediata y evidente según el Código Procesal. Sin embargo, la respuesta estatal no fue la esperada.

"No se detuvo al acusado en el momento ni se resguardaron las pruebas, como el vehículo en el que ocurrió el ataque. Eso era lo primero que debía hacerse", explicó la abogada Yésica Delgado en diálogo con La Otra Gestión por Radio Nuevo Día.

La víctima, llevada al hospital, recibió un certificado inicial que decía que estaba en estado de shock. Horas más tarde, cuando intentó denunciar junto a sus padres, la policía se negó a recibir la denuncia argumentando que necesitaba otro certificado.

Revictimización y protocolos incumplidos
Según Delgado, la policía de la mujer se amparó en ese documento para no tomar la denuncia, obligando a la familia a peregrinar entre la comisaría y el hospital.

"Los protocolos establecen que la denuncia debe ser tomada inmediatamente y se deben activar los mecanismos de recolección de pruebas. No se necesitaba ningún certificado. Esa demora es gravísima", subrayó.

El juzgado de instrucción tomó conocimiento del hecho esa misma mañana, pero la primera medida fue recién a la noche: una prohibición de acercamiento de 10 días. El allanamiento y el secuestro del vehículo llegaron recién el lunes, más de 48 horas después.

El acusado y las pruebas de la causa
El agresor fue detenido tras la insistencia de la querella, y en los próximos días se definirá su procesamiento y prisión preventiva. La causa está caratulada como abuso sexual con acceso carnal.

"El relato de la víctima es contundente y está respaldado por testimonios, cámaras de seguridad y pruebas psicológicas. Incluso los amigos de la joven pudieron constatar el recorrido del vehículo y declararon en el expediente", detalló la abogada.

Un elemento agravante: el acusado dejó encerrados a sus amigos en su casa antes de llevarse a la víctima, demostrando premeditación. Además, habría intentado intimidar diciendo falsamente que era policía.

Una causa paralela contra funcionarios
Más allá del proceso penal contra el acusado, también se abrió una línea de investigación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

"La responsabilidad del Estado es clara. La policía y la justicia no actuaron como debían. La revictimización comenzó cuando se negaron a tomar la denuncia. Si todo se hubiera hecho bien, el acusado tendría que haber estado detenido desde el primer momento", denunció Delgado.

La abogada defendió la decisión de la familia de visibilizar el caso: "Se criticó a los padres por hacerlo público, pero en realidad quienes expusieron a la víctima fueron las instituciones que no cumplieron su rol. Si hubiesen actuado como correspondía, no habría sido necesario llegar a los medios".

El caso sigue su curso judicial con un acusado detenido, pruebas que se consolidan y una víctima que, pese a la revictimización institucional, decidió declarar y sostener su denuncia. Pero lo que queda en evidencia es algo más profundo: las fallas graves del Estado en la primera respuesta ante un hecho de violencia sexual en flagrancia. (Fuente: El Diario Nuevo Día)