Advierten que no hay información "formal" sobre manejo de residuos en el Vaciadero de Río Gallegos, hay reclamos de vecinos y contaminación

La Justicia provincial intimó al Municipio de Río Gallegos a presentar, en un plazo de 20 días hábiles, un informe detallado con medidas concretas para abordar la situación del vaciadero municipal.

La resolución fue confirmada por el secretario de Estado de Ambiente, Diego Procopio, quien explicó que el objetivo es que el Ejecutivo local diseñe un plan integral con objetivos verificables y un esquema de ejecución progresiva.

"Metas claras, medibles, con plazos definidos y un cronograma de implementación progresiva", detalló el funcionario sobre lo que exige el fallo judicial.

La medida busca establecer un orden en la gestión de residuos y dar respuesta a una problemática que lleva años sin soluciones de fondo. 

Falta de información y control en la gestión

Uno de los ejes centrales del requerimiento judicial apunta a la ausencia de datos concretos sobre el manejo de los residuos en la capital provincial.

En ese sentido, se solicitó la elaboración de un balance detallado de la masa de residuos sólidos urbanos, que permita determinar cuánto material ingresa al predio, qué porcentaje recibe tratamiento y cuánto termina en disposición final.

"Hoy no hay información formal que permita tener un control real sobre el manejo de los residuos en Río Gallegos", advirtió Procopio.

La falta de registros dificulta tanto el control ambiental como la planificación de políticas públicas, lo que agrava el escenario actual. 

Reclamos vecinales y situación crítica en los barrios

La problemática impacta de manera directa en los vecinos que residen en cercanías del vaciadero, donde se registran condiciones ambientales adversas desde hace tiempo.

Según indicó el funcionario, existen barrios ubicados a menos de 100 metros del predio, lo que expone a las familias a distintos factores de riesgo.

"Durante el verano, los vecinos manifestaron de manera permanente problemas con las moscas y el humo", señaló, y agregó que "es una situación que se viene agravando año a año".

Entre los principales reclamos se destacan la proliferación de insectos, las quemas constantes y la presencia de recolectores informales trabajando en condiciones de vulnerabilidad. 

Continuarán los controles ambientales

Desde la Secretaría de Estado de Ambiente indicaron que, más allá del plazo establecido por la Justicia, continuarán con las tareas de fiscalización en el marco de sus competencias.

Procopio remarcó que la normativa vigente permite intervenir ante situaciones que representen un riesgo sanitario o ambiental, con el objetivo de frenar el daño.

"El fallo marca un punto de partida para avanzar con medidas concretas, pero nosotros vamos a seguir trabajando para que la situación se corrija", concluyó.