Ante la "alarmante cantidad de denuncias", el vocal de los activos de la CSS presentó un reclamo por la interrupción de tratamientos oncológicos

El vocal por los afiliados activos de la Caja de Servicios Sociales (CSS), Manuel Piris, presentó un reclamo formal y urgente ante el presidente del organismo, Sergio Pérez Soruco, por la interrupción en la entrega de medicación oncológica y de alta complejidad en Santa Cruz.

La nota, fechada el miércoles 21 de enero de 2026 en Río Gallegos, advierte sobre la gravedad de la situación y exige la inmediata regularización del suministro de medicamentos para afiliados de toda la provincia, ante la "alarmante cantidad de denuncias" recibidas en las últimas 48 horas.

"El cáncer no espera": advertencia por el impacto en la salud

En el escrito, Piris remarcó que la interrupción de tratamientos no puede ser considerada un trámite administrativo. "El cáncer no espera a que la administración ordene sus cuentas", sostuvo, y advirtió que la falta de entrega de drogas específicas "es una condena directa al agravamiento de la salud y, potencialmente, a la muerte del paciente".

El vocal señaló que la situación afecta a personas que requieren quimioterapia y tratamientos de alta complejidad, y que cualquier demora representa un riesgo inmediato para la vida de los afiliados.

Plazo de 24 horas y advertencia de acciones penales

En el documento, Piris intima a la Presidencia de la CSS a responder en un plazo de 24 horas, solicitando información detallada sobre tres puntos clave. Entre ellos, un listado de pacientes en espera con más de cinco días de demora en la entrega de medicación, desglosado por localidad.

Además, exigió que se informe si la interrupción se debe a falta de stock, cortes de suministro por deudas con droguerías o demoras en la auditoría médica, y reclamó conocer qué medidas excepcionales de contingencia se adoptaron para garantizar la compra urgente de los medicamentos sin que el costo recaiga en los afiliados.

En ese marco, advirtió que, de persistir la situación, hará responsables de manera personal, civil y penal a las autoridades de la CSS por el presunto delito de abandono de persona y vulneración de derechos humanos fundamentales, citando la Ley Nacional 26.689 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"El dinero que los trabajadores aportamos mes a mes tiene como destino prioritario e irrenunciable el sostenimiento de la vida", remarcó Piris, quien concluyó el escrito dejando formalmente emplazadas a las autoridades del organismo.