Apelan fallo clave por contrabando de divisas, cigarrillos y neumáticos en Santa Cruz
El Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal Julio Zárate junto a procuradurías especializadas, apeló una resolución del juez federal Claudio Vázquez en Río Gallegos que otorgó faltas de mérito y sobreseimientos en la causa "Alianza Austral". La investigación apunta a una organización transnacional dedicada al contrabando, lavado de activos y narcotráfico que operaba en Santa Cruz y Chile. La fiscalía sostiene que el fallo omitió valorar pruebas clave.
La causa "Alianza Austral" volvió al centro de la escena tras la apelación presentada por fiscales federales contra una resolución que benefició a varios imputados. El planteo fue impulsado por el fiscal general Julio Zárate junto a representantes de PROCELAC y PROCUNAR, quienes cuestionaron duramente la decisión del juez federal Claudio Marcelo Vázquez.
El magistrado había procesado a 10 de los 21 imputados por contrabando agravado y encubrimiento, pero dictó faltas de mérito en relación al lavado de activos, sobreseyó a todos por asociación ilícita y desvinculó a cinco personas del delito de narcotráfico. Para la fiscalía, esta resolución implicó un giro que debilita la estructura del caso.
"La resolución dictada por el tribunal agravia a esta parte en tanto ha sido sostenida a partir de una valoración fragmentaria y aislada de los elementos colectados en la pesquisa", sostuvieron los fiscales en la apelación, marcando un fuerte cuestionamiento al análisis judicial.
Una red transnacional en la mira
La investigación describe el accionar de una organización que habría operado entre 2021 y agosto de 2023 en localidades clave como Río Turbio y 28 de Noviembre, con ramificaciones en otras ciudades de Santa Cruz y conexiones directas con Chile.
Según la hipótesis fiscal, el grupo se dedicaba al contrabando de mercaderías, divisas y drogas mediante pasos fronterizos no habilitados. Mientras los cigarrillos eran enviados hacia Chile, neumáticos y otros productos ingresaban ilegalmente a la Argentina.
El entramado incluía estancias privadas utilizadas como puntos logísticos, vehículos de gran porte y operaciones económicas en dólares y cheques. Además, se detectaron maniobras con facturación apócrifa para canalizar ganancias ilícitas.
En paralelo, la cooperación internacional permitió avances en Chile, donde ya se dictaron condenas contra seis personas vinculadas a la organización, con penas que alcanzan hasta seis años de prisión efectiva.
El eje del conflicto: lavado y asociación ilícita
El punto central de la disputa judicial radica en la interpretación de las pruebas vinculadas al lavado de activos y la existencia de una estructura organizada. Mientras el juez descartó estos delitos en esta instancia, la fiscalía insiste en que existen elementos suficientes para sostener la acusación.
"De una lectura y análisis pormenorizado de toda la pieza procesal en conjunto es donde queda evidenciada esa ‘voluntad social' que el magistrado dice no haber quedado demostrada", remarcaron los fiscales, en referencia a la figura de asociación ilícita.
Además, sostuvieron que las maniobras detectadas permiten acreditar, con el grado de probabilidad requerido, la existencia de lavado de activos, señalando incluso el uso de estructuras jurídicas para canalizar fondos ilegales.
La apelación abre ahora un nuevo capítulo en una causa de alto impacto regional, que no solo expone posibles vínculos entre delitos económicos, contrabando y narcotráfico, sino que también pone en tensión los criterios judiciales frente a organizaciones criminales complejas.
(Fuente: fiscales.gob.ar)
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